Las comunidades autónomas se hartan y exigen fondos UE para sus propios Perte

Han pasado los meses y nada se ha sabido de esas propuestas, como le afearon buena parte de los responsables de Hacienda de los gobiernos autonómicos a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño , en una reciente reunión celebrada en el Senado. Calviño alega que buena parte de esas propuestas han sido integradas dentro de los proyectos estratégicos - los Perte - impulsados por el Gobierno, pero a los ejecutivos regionales no les parece suficiente y no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de aprovechar los fondos europeos para modernizar sus economías.

«El Gobierno se llena la boca de hablar de cogobernanza , pero lo cierto es que hasta la fecha nos ha tratado como meras sucursales o ventanillas de gestión de los fondos», lamenta un alto cargo de una comunidad autónoma gobernada por los socialistas.

No es una opinión aislada. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco o Cataluña se han quejado del papel subsidiario que el Gobierno ha reservado a las comunidades autónomas en el diseño de los proyectos financiados con la primera remesa de los fondos europeos, esos 70.000 millones de euros en ayudas directas que el Ejecutivo está teniendo tantas dificultades en gastar.

No quieren que ocurra lo mismo con esos otros 70.000 millones de euros en préstamos que España empezará a recibir a partir de 2023 . En las últimas semanas, según confirman fuentes de ejecutivos regionales socialistas y populares, la práctica totalidad de las administraciones territoriales han llamado a la puerta de Nadia Calviño para reclamar un papel más relevante de los gobiernos autonómicos en la definición de los proyectos a financiar con los préstamos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

«El Gobierno ni nos ha pedido opinión ni se ha puesto en contacto con nosotros, pero no estamos dispuestos a quedar al margen de lo que dicen que es un plan de país», aseguran fuentes del área de Hacienda de otro gobierno regional, en este caso del PP.

La media docena de gobiernos regionales de distinto signo, con los que ha contactado ABC para elaborar esta información, coinciden en que sus demandas son compartidas: quieren más dinero, más margen de maniobra para decidir en qué proyecto invertirlo y, a ser posible, un marco regulatorio que les facilite la aplicación y ejecución ágil de esos recursos.

Ha sido precisamente un gobierno socialista, el de la Generalitat Valenciana, el que se ha mostrado más ambicioso en este sentido, al reclamar que el 85% de los préstamos que lleguen de Europa en la segunda fase del Plan de Recuperación se canalicen hacia las comunidades autónomas para financiar los proyectos estratégicos diseñados por éstas y pedir un cambio legal que haga posible extender el modelo administrativo de los Perte, más ágil, a los proyectos de las autonomías.

Andalucía, País Vasco y Baleares son algunas de las comunidades autónomas que se han mostrado partidarios de habilitar un espacio legal específico para el desarrollo de los proyectos estratégicos de las comunidades autónomas.

Hay incógnitas al respecto. Los expertos albergan dudas sobre que tal y como están concebidos en la actualidad los proyectos autonómicos tengan cabida en el marco regulatorio de los Perte. La norma reguladora de esta nueva herramienta, creada de forma específica para canalizar los recursos de los fondos europeos , no excluye expresamente la posibilidad de financiar proyectos con impacto en un único territorio, pero sí establece entre sus requisitos «que tenga un tamaño o alcance particularmente grandes».

«Para la economía de la mayoría de las comunidades autónomas es crítico que las grandes empresas de nuestros tejidos productivos puedan acceder a fondos europeos para poder sacar adelante sus proyectos de digitalización o transición verde , ya que tienen un efecto tractor que igual desde Madrid no se valora lo suficiente», lamenta un portavoz de Hacienda de una pequeña comunidad autónomas del norte.

Los gobiernos regionales no ocultan su temor a que el tren de los fondos europeos pase por delante, sin impulsar la modernización de las áreas más críticas de sus tejidos productivos, y entienden que el plan diseñado por La Moncloa no ha tenido en cuenta esa dimensión territorial.

Son conscientes también de que la negociación de las prioridades de inversión para el segundo tramo de fondos europeos, que en esta ocasión serán préstamos no ayudas a fondo perdido, es su última oportunidad. Pero los mensajes que llegan desde la vicepresidencia económica no son alentadores. Desde Economía sostienen que su obligación es coordinar todas las propuestas autonómicas para «evitar duplicidades e incoherencias» y anuncian que los préstamos blandos, que se recibirán de Europa, irán fundamentalmente a reforzar la apuesta por aquellos programas ya diseñados que se hayan revelado como más exitosos.