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La CE exige a las comunidades un techo de gasto legal que impida la subida del déficit

Bruselas insta a endurecer la reforma laboral en otoño si no ha dado frutos y a subir los impuestos de la gasolinas

La CE exige a las comunidades un techo de gasto legal que impida la subida del déficit efe

MARIBEL núñez

La Comisión Europea ha dado hoy a España el resultado del examen que nuestro país realizó hace unas semanas en materia económica, conocido como Plan de Estabilidad, y el resultado viene a ser que hay que seguir haciendo reformas para lograr la consolidación presupuestaria.

Y buena parte de estos cambios tienen nombre y apellidos: las comunidades autónomas.

La mayoría de regiones españolas se saltaron el objetivo de déficit en 2010

El Ejecutivo comunitario considera que las comunidades, responsables de una buena parte del gasto público que se realiza en nuestro país, deben tener un techo de gasto vinculante, una especie de ley por la que se ponga límite al dinero que se puede utilizar de modo que se reduzca el déficit no sólo de ellas sino del conjunto de las Administraciones públicas. La mayoría de las regiones españolas, en base a la autonomía financiera que tienen garantizada por ley, se saltaron en 2010 el objetivo de déficit público fijado en el 2,4% al cerrar muchas de ellas con un desequilibrio en las cuentas públicas del 2,8% de su PIB, desviación que posteriormente no tuvo impacto en el conjunto del déficit del Estado al haber realizado éste último un mayor esfuerzo del previsto. Las comunidades que incumplieron el tope de déficit el año pasado fueron Castilla La Mancha, Murcia, Baleares y Cataluña.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha expresado en varias ocasiones su deseo de que las comunidades apliquen también un techo de gasto, al igual que hace el Estado central, pero ha renunciado a imponérselo fruto de la mencionada autonomía financiera de que gozan.

De no respetarse el Plan de Estabilidad tendría un impacto negativo en el coste de financiación

Ahora el escenario es distinto y Bruselas pide al Gobierno español que obligue a las comunidades a ponerse techos de gasto, que debería ser el equivalente a la evolución del PIB nominal a medio plazo, ya que está en juego nada menos que el cumplimiento del Plan de Estabilidad del conjunto del país que, de no respetarse, tendría a buen seguro un impacto negativo en el coste de la financiación de la deuda española en los mercados.

En términos generales la recomendación de la Comisión Europea a España, que será aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a finales de este mes, es que prepare una nueva batería de medidas para reducir el déficit público para poner en marcha inmediatamente en caso de que no se alcancen los objetivos de reducción de déficit previstos para este año y el próximo.

Se pide que España complete la actual reforma de la negociación colectiva

En materia laboral, y para dar una de cal y otra de arena, Bruselas valora la reforma aprobada por el Gobierno de Zapatero hace un año aunque le pide que haga una verificación de sus efectos en octubre, y en caso de que no haya cumplido todos los objetivos en materia de reducción del paro y aumento de la contratación se le dé una nueva vuelta de tuerca en aras de conseguir los objetivos marcados. En todo caso, y para aviso de navegantes, le pide también que complete la actual reforma de la negociación colectiva como paso imprescindible para mejorar el conjunto de las relaciones laborales en nuestro país.

Y, por si todo lo anterior no fuera suficiente, la Comisión le indica a España los medios para conseguir aumentar los ingresos fiscales, que no es otra que subir los impuestos, en este caso de las gasolinas por estar «relativamente bajos».

Sobre las pensiones, uno de los caballos de batalla de la Comisión Europea en los últimos meses, la propuesta es que se siga adelante sin demora con la propuesta de elevar la edad de jubilación y subir el número de años trabajados para el cálculo de las pensiones, al tiempo que le aconseja revisiones periódicas para adaptar el sistema a los posibles cambios en materia de esperanza de vida, entre otros.

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