Un compendio de recetas para salir del atolladero
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, muestra en Murcia un folleto explicativo del Plan E nacho garcía

Un compendio de recetas para salir del atolladero

Rosario Sepúlveda
Actualizado:

Todos han elaborado su propio recetario contra la crisis. Al menos sobre el papel, Gobierno, partidos políticos, sindicatos, patronal y asociaciones profesionales parecen saber cómo salir de este atolladero. En la búsqueda de soluciones, eso sí, cada uno ha ido por libre, aunque los más de cuatro millones de parados, la crisis convertida en recesión y el riesgo de deflación exigirían aparcar las diferencias y aunar esfuerzos. Pues no, mientras el Partido Popular propugna austeridad en el gasto, esta misma semana el Gobierno ha hecho público que el Plan E, que aglutina 99 medidas contra la crisis, ha inyectado en la economía más de 50.000 millones de euros, cifra que implica un esfuerzo económico superior al de cualquier otro país en la Unión Europea. Y mientras las organizaciones empresariales apuestan por un contrato único, los sindicatos mayoritarios no quieren ni hablar de esta posibilidad y ponen en el punto de mira al abultado millón de personas que no cobra prestación por desempleo.

Quizá en lo único en lo que están de acuerdo todos es en la necesidad de sentar las bases de un nuevo modelo productivo, vinculado a un empleo más cualificado y de calidad. Pero en el corto plazo, proliferan las desavenencias.

Tanto UGT como Comisiones Obreras no critican el famoso Plan E, aunque ponen sus pegas. «Pensamos que las medidas que ha aprobado el Gobierno tienen una buena orientación, pero están desconectadas», afirma Ramón Gorri, secretario de política industrial de la federación del metal de CC.OO. «Requieren una evaluación exhaustiva», apunta Toni Ferrer, secretario de acción sindical de UGT.

La mayor apuesta del Ejecutivo para cortar la hemorragia de parados ha sido el Fondo Estatal de Inversión Local. Dotado con 8.000 millones de euros y pensado para acometer pequeños proyectos en el ámbito de los ayuntamientos, en la actualidad da empleo a 240.289 personas, de las que más de 92.000 corresponden a nuevos contratos. Una partida presupuestaria menor, de 3.000 millones de euros, se ha destinado a crear puestos de trabajo en sectores estratégicos -aquellos que tanto tendrán que aportar a la construcción de un nuevo modelo de crecimiento- y a mejoras ambientales y de infraestructuras públicas.

A estas medidas se añaden otras puntuales: bonificación de 1.500 euros para la contratación de desempleados con cargas familiares y mujeres víctimas de violencia de género, los últimos datos del Gobierno destacan que 5.629 contratos ya han recibido esta bonificación; posibilidad de cobrar de una sola vez hasta el 60% de la prestación por desempleo para convertirse en autónomo, se cifran en 14.000 las personas que han recurrido a esta medida en los últimos cinco meses, y el refuerzo de los servicios públicos de empleo con 2.300 profesionales más desde 2008.

Nuevas medidas

La próxima semana, en el debate sobre el estado de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero podría anunciar nuevas medidas. «El presidente tendría que plantear la necesidad del diálogo social y propiciar un acuerdo entre sindicatos y organizaciones empresariales para ampliar las prestaciones por desempleo, impulsar la economía y la cohesión social y poner las bases de un nuevo modelo productivo», dice Gorri.

De momento, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha adelantado esta semana que se rebajarán los requisitos a los parados para acceder al aplazamiento del 50% de la hipoteca, dado que esta medida no ha cosechado el éxito esperado. Llegados a este punto, Ferrer denuncia el papel de bancos y cajas en la crisis. «El ICO [Instituto de Crédito Oficial] está funcionando, las que no están funcionando son las entidades financieras, que sólo se preocupan por su cuenta de resultados. Pero el ICO es una agencia que no tiene medios ni recursos humanos suficientes. Por lo tanto, estamos hablando en el corto plazo de la necesidad de una banca pública en este país».

El sindicato de Ferrer, UGT, y Comisiones Obreras presentarán en breve un documento conjunto al Gobierno que reúne sus propuestas frente a la crisis. Para ellos, la prioridad es ampliar y mejorar la protección por desempleo. «Que nadie caiga en la zona de exclusión social», advierte Gorri. En este sentido, las organizaciones sindicales plantean flexibilizar los requisitos de acceso al subsidio, para que los menores de 45 años sin cargas familiares puedan beneficiarse de él, y ampliar el colectivo de destinatarios de la renta activa de inserción, que hasta ahora se dirige a los mayores de 45. Según los cálculos de los sindicatos, un millón de personas, sobre todo jóvenes e inmigrantes, saldrían favorecidos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un primer paso en esta dirección y destinará 50 millones de euros a los parados que se han quedado sin prestación. La suma les proporcionará un empleo durante, al menos, 180 días.

Para que el Gobierno lleve a cabo sus reclamaciones, los sindicatos no dudan en sugerir un aumento del gasto público y, en consecuencia, de los impuestos. Precisamente algo con lo que el primer partido de la oposición, el PP, se muestra inflexible. Austeridad en el gasto y menos impuestos, que permitan a familias y empresas disponer de más recursos para reiniciar el motor de la economía, resumen el espíritu de su batería de 12 medidas frente a la crisis. El Partido Popular ha hecho suyas algunas de las peticiones de los autónomos, como eximir a éstos y a las pymes del pago del IVA en las facturas que no hayan cobrado.

La patronal CEOE, sin embargo, plantea un contrato de crisis para parados y empleados temporales. Con una vigencia de hasta dos años y una indemnización de ocho días, tendría una consideración de «indefinido no fijo». La CEOE, también partidaria de que los despidos colectivos o ERE no precisen del visto bueno de la autoridad laboral, insiste en que su propuesta de reforma laboral no busca abaratar el despido ni hacerlo libre, sino mejorar los contratos temporales y convertirlos en fijos de una forma asumible para los empresarios. Ante esto, los sindicatos responden con contundencia. «Hace años ya los interlocutores sociales decidimos que no tenía que haber más reformas en este sentido, y por eso rechazamos contratos `anticrisis´ o contratos como los que se plantean en el manifiesto de los cien economistas», declara Ramón Gorri.

Propuestas