La Comisión no se fía del Gobierno y esperará a ver qué aprueba antes de avalar el tope del gas

Hasta ahora, el Gobierno español ha publicado varios comunicados y declaraciones formales asegurando que la Comisión ya había dado la luz verde para la fórmula propuesta y se ha llegado a anunciar la autorización de las autoridades europeas cuando estas ni siquiera habían recibido la propuesta.

La última vez fue en la noche del lunes, cuando el Gobierno volvió a asegurar que la Comisión había autorizado el plan que le propone para limitar el precio del gas y del que se desconocen los detalles concretos. A las pocas horas, la Comisión volvió a negar que hubiera aprobado nada y ayer por la mañana aclaró que «no se trataba de una decisión formal», sino de «una valoración preliminar» del «borrador con muchos detalles técnicos» que le habían enviado las autoridades de Madrid después de muchas vacilaciones.

La versión formal de Bruselas sobre la situación de este proceso mantiene un aire relativamente indulgente con las gesticulaciones del Gobierno español, pero evita constantemente pronunciamientos tajantes que puedan ser utilizados para dar la impresión de que ya ha aceptado la fórmula que quiere el Gobierno español para poner topes al precio del gas.

Textualmente dice y repite que «si bien no se han tomado decisiones formales en esta etapa, la Comisión se ha mantenido en estrecho contacto con las autoridades españolas y portuguesas sobre el diseño de la medida. Los servicios de la Comisión han recibido recientemente un proyecto técnico que contiene un gran número de detalles pertinentes que emanan del acuerdo político y han compartido su evaluación preliminar».

Aunque el Gobierno sostiene que este es «el procedimiento habitual» , en realidad nada habría impedido a la Comisión ser más concreta a la hora de emitir su opinión, de no ser porque las autoridades españolas han modificado muchas veces los parámetros del proyecto; en otras ocasiones ha resultado haber divergencias con Portugal y finalmente la fórmula concreta no se ha hecho pública todavía.

Así que, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos cambios inesperados, la Comisión ha preferido mantener su autorización en suspenso hasta que el Gobierno le envíe la «notificación formal» de lo que haya aprobado realmente el Consejo de Ministros.

En realidad, la vicepresidenta Teresa Ribera hace ya al menos tres semanas que anuncia que el plan se aprueba «en el próximo Consejo de Ministros» y el el martes volvió a aplazarlo hasta una reunión extraordinaria fijada para el viernes. La Comisión dice que «le corresponde a cada país decidir» cómo aprueba e implementa las medidas y que por ello esperará a ver la decisión que tome el Gobierno de verdad antes de embarcarse en la decisión de si cree que cumple o no las reglas de ayudas de Estado.

Sobre este asunto, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha denunciado el «oscurantismo» con el que está llevando el Gobierno las negociaciones en Bruselas. «Las compañías eléctricas, hasta ahora, han tenido muy poco conocimiento de lo que se pretende aprobar, más allá de lo que aparece en los medios de comunicación. Tenemos una desinformación muy elevada y desconocemos los términos en los que se está negociando en la actualidad» , denunció ayer el director de Regulación de la asociación, integrada por Iberdrola, Endesa y EDP España, Pedro González, en declaraciones a TV3. Asimismo, González cuestionó «quién va a pagar la compensación que se tiene que dar a las gasistas por esa intervención en el precio».

Por otra parte, con la llegada de la primavera el precio del gas en Europa ha empezado a bajar hasta niveles anteriores a la guerra de Ucrania tras un anuncio realizado por el gigante ruso Gazprom para aceptar que sus clientes puedan seguir pagando sus pedidos en euros sin violar las sanciones europeas contra Moscú.

En la Bolsa de Ámsterdam, que es donde se fijan los precios en Europa, el lunes el gas bajó un 5%, hasta los 96,50 euros/MWh, ya muy cerca de los 90 euros, que es el precio anterior al inicio de la guerra en Ucrania, después de haber llegado a sobrepasar los 220 euros. El mecanismo que intenta poner en marcha el Gobierno español pretende fijar un tope 50 euros/MWh de media.