La CE acepta la petición española de mantener el IVA a cambio de subir otras tasas al consumo y medioambientales
La última palabra la tendrá el Consejo de Ministros de la UE y la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de finales de mes
El Gobierno español ha logrado suavizar ligeramente las recomendaciones que le realizó la semana pasada la Comisión Europea para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, aunque la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros de la Unión Europea y posteriormente la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de finales de este mes.
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En concreto la CE ha aceptado la petición de España de mantener el impuesto de IVA en su tipo actual del 18% pero a cambio le pide que «mejore su eficiencia del sistema fiscal mediante el traslado de los impuestos sobre el trabajo a tasas sobre el consumo y medioambientales», y siempre garantizando que se cumplan los planes de consolidación fiscal.
Europa pide más tasas de medio ambiente y consumo que no sean el IVA
Entre los argumentos utilizados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para rechazar una rebaja de las cotizaciones sociales figura el hecho de que, precisamente, la Seguridad Social y el sistema de pensiones se financian con las cotizaciones y una reducción pondría en riesgo su sostenibilidad en un momento en que, además, la Unión Europea ha pedido a España que se retrase la edad de jubilación.
Pese a estos ligeros cambios la Comisión Europea sigue recomendando a España que obligue a las comunidades autónomas a tener un techo de gasto vinculante , o lo que es lo mismo, una ley por la que se ponga límite al dinero que se puede utilizar de modo que se reduzca el déficit de las administraciones públicas.
Nueve comunidades superaron el límite del 2,4% fijado para 2010
La mayoría de las regiones españolas, en base a la autonomía financiera que tienen garantizada por ley, se saltaron en 2010 el objetivo de déficit público fijado en el 2,4% al cerrar con un desequilibrio medio de las cuentas públicas regionales del 2,8% del PIB, desviación que posteriormente no tuvo impacto en el conjunto del déficit del Estado al haber realizado éste un mayor esfuerzo de contención del gasto del previsto. En total nueve comunidades superaron el límite del 2,4% fijado.
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