Aldama entrega hoy a Rato el informe sobre transparencia de mercados. ABC

La Comisión Aldama reconoce que algunos blindajes «no son adecuados»

Rodrigo Rato presentará hoy el informe sobre transparencia de mercados que es una prolongación del Informe OIivencia de hace cuatro años

JOSÉ ANTONIO NAVAS
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MADRID. La Comisión Aldama entregará hoy al Gobierno su informe sobre transparencia y seguridad de los mercados y las sociedades cotizadas, que ha sido fundamentado bajo el principio de la autorregulación como eje del gobierno corporativo en España. El informe justifica que las empresas sean soberanas a la hora de organizarse como mejor les convenga, pero abre la puerta a la conveniencia de un soporte normativo adicional que defina los deberes de lealtad y diligencia de los administradores tanto en las sociedades cotizadas como en los restantes agentes del mercado: auditores, analistas financieros y bancos de inversión, y agencias de calificación y valoración.

Indemnizaciones multimillonarias

La Comisión Aldama ni tan siquiera pone coto a las indemnizaciones multimillonarias de la alta dirección, aunque reconoce que «algunas de estas actuaciones no son adecuadas». El problema es que, en su opinión, los blindajes de los contratos son difíciles de regular, por lo que la Comisión prefire que cada consejo de administración decida que es lo más conveniente para la empresa. No obstante, aporta como pauta que las indemnizaciones pactadas sean provisionadas en balance cuando su importe exceda de dos años del salario acordado.

El vademécum, que presentará oficialmente el vicepresidente Rato en presencia del ministro de Justicia, José María Michavila, constituye un alegato en defensa de la transparencia informativa como argumento para justificar la autorregulación, tal y como ya informó ABC el pasado 29 de diciembre.

La Comisión Aldama exige, no obstante, que las empresas dispongan a partir de ahora de una Memoria Anual de Gobierno Corporativo contrastada externamente y firmada por todos los consejeros. La responsabilidad de los administradores por declaraciones inexactas o falsas o por omisiones relevantes en la información sobre gobierno corporativo deberían tener una «sanción jurídica adecuada», según las recomendaciones del grupo de expertos constituido en julio por acuerdo del Consejo de Ministros y que ha estado presidido por Enrique Aldama.

En realidad, ésta es la principal novedad de un informe que ha decidido pasar por alto aspectos tan controvertidos como la limitación de edad de los administradores de las empresas cotizadas o la separación de funciones entre el presidente y el primer ejecutivo.

Las pautas establecidas en el informe contrastan, sin embargo, con la tónica general de la regulación que se está llevando a cabo en Europa sobre esta materia. En la mayor parte de los países continentales la separación de funciones entre la dirección y el control o supervisión de las empresas cotizadas es actualmente un denominador común. La Comisión Aldama se aleja de esta estrategia, aun cuando defiende que la junta general es «el espacio básico de decisión y control básico para la vida de la sociedad y la tutela de los intereses de los accionistas». Precisamente por eso mismo, la reforma societaria llevada a cabo en Alemania en mayo pasado ha regulado con carácter legal la obligación de que las juntas Generales dispongan de su propio reglamento. La Comisión Aldama recomienda también la elaboración y difusión por las sociedades de reglamentos específicos para las juntas generales, pero se abstiene de proponer su obligación normativa. En esta misma materia, la Comisión tampoco aclara aspectos fundamentales en el desarrollo de las juntas generales como son, por ejemplo, las delegaciones de voto.

El informe de la Comisión Aldama ha sido realizado tras cuatro meses de largas discusiones. El trabajo ha sido arduo, pero, a la postre, el grupo ha apostado por «ponerse la venda antes de recibir el golpe» y ha decidido mantener vivas las cautelas para no incurrir en un exceso de reglamentación que curiosamente, en materia de gobierno corporativo, ha brillado siempre por su ausencia dentro del derecho societario español.