Comienza la cuenta atrás para que el Constitucional decida sobre el «Estatut»

En pleno proceso de renovación del Alto Tribunal, con María Emilia Casas a la cabeza, los magistrados progresistas y conservadores que podrían estar a punto de dar a conocer su relevante decisión están en el punto de mira de todos los partidos. Unos los acusan de haberse tomado demasiado tiempo en este asunto y otros de estar políticamente condicionados (Jordi Pujol dixit ). Pero... ¿por qué es tan importante su decisión?

A continuación te damos algunas claves de lo que está por dirimirse en el seno del Constitucional:

- ¿Qué pasó en 2006?

José Luis Rodríguez Zapatero se juega mucho con la decisión de los diez magistrados del TC. De hecho, fue el gran impulsor en el contexto nacional de aquel texto que defendía el primer tripartito catalán, que descabezó a CiU del poder, y que lideraba Pasqual Maragall . En un mitin en el Palau Sant Jordi, el entonces candidato socialista a presidir el Gobierno se comprometió a dar a las a la reforma del Estatuto autonómico que aprobase el Parlamento de Cataluña. Era noviembre de 2003, y una vez superado con éxito el trámite en la Cámara catalana, lo hizo después –entre marzo y mayo de 2006- en las Cortes españolas. Sólo el PP votó en contra del texto que iba a ser sometido a referendo el 18 de junio de 2006 entre los ciudadanos de Cataluña; mientras que ERC se abstuvo .

Esa abstención inclinó la balanza definitivamente. A causa de su oposición al texto y ante la campaña de la consulta en Cataluña, el presidente Maragall optó por cesar de sus cargos a todos los consejeros de ERC, que quedaban fuera del Ejecutivo de Cataluña. A pesar de la elevada tasa de abstención (un 51 por ciento) en la consulta popular, el proyecto estatutario fue aprobado por la mayoría de electores que acudieron a votar el 18 de junio (un 73,2 por ciento de ellos), aun cuando un gran porcentaje se manifestó en contra del texto (una quinta parte de la ciudadanía catalana) y otro 5,3 por ciento votó en blanco.

El cese forzado de los apoyos de ERC provocó el adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña, convocadas para noviembre de ese mismo año, 2006.

-¿Qué recurre el PP?

Los popualres impugnan buena parte del contenido del «Estatut», pero se centran básicamente en dos cuestiones: en el Preámbulo del texto se dice que Cataluña es una nación y el PP recurre la inconstitucionalidad del término puesto que «no hay más nación que la española», a su juicio; y además, se recoge el «deber de conocer el catalán», así como la regulación del poder judicial en Cataluña, lo que para el PP confirma una «Justicia propia en Cataluña y deja en desigualdad a los españoles» que no abarca el Estatuto autonómico.

Otros «ejes vertebradores» del recurso son la delimitación competencial, que «recorta la capacidad del Estado» en Cataluña; la bilateralidad, por cuanto quiebra la convivencia en igualdad de los españoles y de las comunidades; y la financiación autonómica.

-¿Por qué recurrió el PP?

En el recurso llevado hasta el TC por Federico Trillo , portavoz de Justicia del PP, y la dirigente Soraya Sáenz de Santamaría , figuran argumentos como que «el "Estatut" es una ley integrada en el bloque constitucional, cuya puesta en marcha exigirá modificar más de treinta leyes del Estado. Y la sentencia del TC debe ser ejemplar -alegan- para consolidar el modelo constitucional del Estado de las autonomías y no permitir excesos en las restantes revisiones de estatutos en marcha». Que el articulado catalán no altere «el modelo territorial», ni «dé paso a una España con 17 realidades nacionales regidas por diferentes textos», ni «provoque un daño irreparable» son otras de las peticiones que hacen los populares en su recurso de inconstitucionalidad.

-¿Qué ha sucedido en este intervalo de tres años?

Lo que ha pasado es que, con el recurso del PP mediando, el «Estatut» lleva un par de años funcionando. Un argumento que han puesto sobre el tapete una y otra vez los partidos defensores, puesto que alegan que en este tiempo «nada extraordinario ha sucedido». Sin embargo, el desagravio con otras comunidades autónomas respecto al marco de competencias ganadas por Cataluña salta a la vista, toda vez que en este tiempo de vigencia el «Govern» de la Generalitat de Cataluña ha aprobado distintas leyes con el beneplácito del Ejecutivo estatal, la última de ellas, la designación de senadores autonómicos.

-¿Qué pasaría en 2009?

Tres años después, el panorama político en la región discurre paralelo a la decisión del Tribunal Constitucional. Los partidos han venido anticipando en las últimas semanas las posturas que piensan adoptar: el PSC insta a la reacción unitaria de los partidos catalanes; miembros de ERC como su portavoz Joan Ridao han avisado de que un recorte del Estatuto por parte del TC abriría «un conflicto institucional sin precedentes», con una radicalización de los partidos catalanes; la ICV de Joan Saura advierte que una sentencia adversa a los intereses catalanes obligará a rehacer el pacto político entre Cataluña y el Estado; mientras CiU limitaría futuros acuerdos con el PP y, en suma, las políticas de alianzas parlamentarias se verían trastocadas en Cataluña y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados.

Rodríguez Zapatero se vería sacudido por una complicada situación política , que él mismo habría propiciado y que le estallaría en las manos, viéndose obligado a mover nuevos hilos para cerrar los Presupuestos Generales del Estado (2010) con sus aliados de izquierda y nacionalistas catalanes ; por no hablar del desgaste en su imagen pública si permitiese la aplicación de un Estatuto al margen del Constitucional – José Montilla , presidente de la Generalitat, ya le ha instado encarecidamente a ello-.

-Algo se mueve en el Constitucional...

La presidenta María Emilia Casas , en la presentación de la memoria anual de actividades del TC, apeló a la calma general sobre un texto que se ha prolongado demasiado tiempo, anunció que mantendría agosto como un mes inhábil para las decisiones judiciales, y se retomarían las deliberaciones a partir del 7 de septiembre. Casas estaba también en la diana de las críticas al negarse antes del verano a utilizar su voto de calidad para desbloquear el empate entre los magistrados, una determinación que se vinculó directamente al proceso de renovación al que debe someterse el Alto Tribunal el próximo mes de octubre. El Constitucional será ahora el que decida si el «Estatut» se aviene con la Carta Magna de 1978, o si recorta algún artículo del que deba prescindir o se deba rectificar. Para colmo, en el horizonte se vislumbran, de nuevo, otras elecciones autonómicas en Cataluña programadas para otoño de 2010. Y está claro que tanto el calendario como las estrategias de los partidos en la región y en el escenario español estarán «tocadas» por la decisión del TC que está por llegar.

Las agendas de los partidos miran, día tras día, a la sede del TC en Madrid mientras se alarga la espera .