El Colegio de Procuradores de Madrid iniciará el próximo lunes la subasta de activos de Reyal Urbis

Esto sucede después de que los administradores conscursales, la consultora BDO y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria hayan concedido, mediante aprobación judicial, el proceso de subasta extrajudicial al Colegio de Procuradores de Madrid, que llevará a cabo todo el procedimiento a través de su portal de susbastas

Este concurso tendrá dos fases. En la primera se llevará a cabo la subasta de los activos inmobiliarios vinculados al préstamo sindicado que Reyal Urbis tenía con las distintas entidades financieras. Posteriormente, en la segunda, se subastarán los activos que no hayan podido adjudicarse de forma directa. En este último punto, los procuradores han señalado que la subasta se hará de forma «paulatina y progresiva» de forma que la venta de los activos a liquidar sea conforme a las circunstancias y condiciones que aconsejen el mercado, con el objetivo de maximizar el resultado de la liquidación concursal de la sociedad.

En la actualidad Reyal Urbis cuenta con un banco de suelo de 6,7 millones de metros cuadrados edificable, 214 viviendas y 103.000 metros cuadrados de patrimonio en renta, entre los que incluso se encuentran hoteles .

Los procuradores aseguran que esta adjudicación «es un paso más en la muy necesaria externalización de los procesos de ejecución en España en la dirección seguida por muchos países de nuestro entorno en favor de la agilización, eficiencia y transparencia de los procesos de liquidación que permita a los acreedores recuperar la deuda en el menor tiempo posible, facilitando un mecanismo que les permita anticiparse a la depreciación de los activos inmobiliarios en un momento como el actual en que se prevén recortes del precio de la vivienda de hasta el 12 % en los próximos meses».

Reyal Urbis, con Rafael Santamaría al mando, protagonizó hace siete años la que fue la segunda mayor quiebra de España con un pasivo que superaba los 4.660 millones de euros. Por lo que en marzo de 2013 entró en concurso voluntario de acreedores tras declarar un déficit patrimonial de 1.724 millones.

Desde ese momento empezó a copar los primeros puestos de deudores a la Agencia Tributaria. Una lista que encabeza a día de hoy con una deuda que supera los 340 millones de euros, cifra que se ha visto reducida de manera considerable en los últimos años, ya que en 2017 esta alcanzaba los 400 millones.