La CNMC defiende ante Energía su potestad para fijar los costes del sistema eléctrico

El 29 de septiembre de 2016 la Comisión Europea remitió al Gobierno un dictamen motivado en el que le instaba a cumplir plenamente las disposiciones del tercer paquete energético, dándole un plazo de dos meses para que modificara la normativa española y devolviera las competencias a la CNMC.

La directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (julio de 2009) sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, establece entre las funciones reconocidas a los reguladores la de fijar o aprobar, de acuerdo con criterios transparentes, los peajes de transporte y distribución o las metodologías para su cálculo.

Sin embargo, la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, modificó la Ley del Sector Eléctrico para atribuir de forma expresa al Gobierno –y no la CNMC- la competencia para establecer la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes, es decir, las cantidades que deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes del sistema.

La CNMC recuerda que el nuevo paquete de medidas regulatorias aprobado por la CE el 30 de noviembre de 2016 aclara de forma específica la asignación a las autoridades regulatorias nacionales de la función de establecer las tarifas y sus metodologías.

Por otra parte, la CNMC ha emitido un informe sobre la orden del ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se fijan los peajes de acceso de energía eléctrica y de gas para 2017. Es decir, sobre las cantidades que deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes regulados del sistema.

Por lo que se refiere al sector eléctrico, el informe de la CNMC considera que los ingresos regulados previstos para 2017 son suficientes para cubrir los costes y, en consecuencia, se mantienen congelados los peajes.

En cuanto a los peajes y retribuciones en el sector gasista, la CNMC considera que la previsión de crecimiento de la demanda planteada por el ministerio para 2017 podría no alcanzarse en su totalidad y por ello existe un riesgo de desviaciones de los ingresos que podrían provocar déficit de 6,7 millones de euros , lo que haría necesario revisar los peajes y cánones aplicables el próximo año.