Comprueba los municipios que más obras y piscinas ocultaban a Hacienda

La localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo es la que tenía un mayor fraude: los drones del Catastro regularizaron el 48,9% de los inmuebles investigados entre 2013 y 2018

MADRIDActualizado:

Ante el boquete en los ingresos que provocó la crisis, el Ministerio de Hacienda inició en 2013 un procedimiento de búsqueda y captura de obras sin declarar: desde piscinas ilegales a ampliaciones, terrazas o garajes que escapaban del control del Fisco. El Catastro arrancó así un proceso de rastreo con drones, inspectores en el terreno y fotos por satélite que radiografiaron 7.603 municipios, es decir, todos los de las comunidades de régimen común -dejando así al margen a País Vasco y Navarra-. Pero al observar las cifras pormenorizadas, hay una ciudad que destaca sobre las demás: la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo. Este municipio con 10.870 habitantes según el INE, es el que tiene un mayor índice de fraude de España, con un 48,9%: es decir, uno de cada dos inmuebles estaba oculto a los ojos de Hacienda, de acuerdo a lo que arrojan los datos definitivos del procedimiento.

[En el siguiente mapa se muestran en tonalidad más oscura los municipios con mayor porcentaje de fraude en el Catastro, al margen de País Vasco y Navarra, que al ser regiones forales tienen su propia Hacienda]

Ciudad de tradición minera e industrial, que en 1927 fusionó dos municipios distintos (Peñarroya y Pueblonuevo del Terrible), años después la operativa del Catastro ha levantado numerosas obras sin declarar, ocultas al Fisco. Entre los 9.054 inmuebles inspeccionados, 4.426 eran irregulares. Dentro de esta cifra, la mayor parte eran ampliaciones y rehabilitaciones de edificios y viviendas que no se habían declarado a Hacienda: un 68,2%, mientras que un 19% correspondían a reformas y un 12,5% a construcciones de nueva edificación.

Porque al observar el mapa del fraude catastral, llama la atención que la gran mayoría de municipios con mayores estadísticas están localizados en Baleares y Canarias, en Andalucía, Extremadura y el Oeste de Castilla-La Mancha, así como la costa alicantina y Cataluña. Baleares, con un 6,5% de inmuebles sin declarar, era la región de mayor fraude.

En los datos pormenorizados también destaca Córdoba. Entre los veinte municipios que más obras escondían al Catastro por porcentaje de viviendas inspeccionadas hay tres localides de la provincia, al sumarse Cardeña (con un 38,4% de fraude) y Pedroche (31,2%). En el ranking nacional, a Peñarroya-Pueblonuevo le sigue Llanos del Caudillo (Ciudad Real) con el 45,7%, San Pedro del Romeral (Cantabria) con 43%, Cardeña (Córdoba) con 38,4%, San Miguel de Campmajor (Gerona) con el 32,6%, mismo porcentaje que Fago (Huesca) al que le sigue Tabera de Abajo (Salamanca) con el 31,7%. Llama la atención el caso de la localidad malagueña de Almargen, que también está en los primeros puestos con un 30,6% de inmuebles sin declarar.

Al repasar por tipo de obras ilegales, la mayor parte de las piscinas ilegales se encontraban, en términos porcentuales, en municipios de Barcelona, Granada y Toledo y Guadalajara. En la localidad barcelonesa de La Ametlla el porcentaje de piscinas ilegales sobre el total de inmuebles regularizados era del 85%. Le sigue el municipio granadino de Ogíjares con el 81%, Torrejón del Rey y Alovera (ambos en Guadalajara, con el 80%) y Paterna, en Valencia, con un 76%.

En términos absolutos, los núcleos donde drones e inspectores han encontrado mayores inmuebles al margen del Fisco son Madrid (como es lógico al ser la mayor ciudad de España, pese a tener un índice de fraude del 1,6%), con 35.655, seguida de Murcia (15.887 y un 3,6% de fraude) y Córdoba (13.310 inmuebles irregulares y 5,12%).

180 millones en tasas

Tras hallar la irregularidad, Hacienda envía una carta al infractor alertándole del inicio del procedimiento y dándole un ultimátum de quince días par alegar. En muchos casos se trata de contribuyentes que han declarado al ayuntamiento pero no al Catastro. Junto a la misiva, Hacienda añade la tasa que tiene que pagar por las imágenes tomadas: 60 euros por cada inmueble.

Solo por esta sanción, el Ministerio ha recaudado más de 180 millones de euros en los últimos años, a lo que se suma, sobre todo, el aumento de las cuotas de otros impuestos. Este proceso se prolongó desde 2013 a 2018 aunque, como adelantó ABC, el actual Gobierno va a prolongarla sobre mil municipios este año.