La opa de la china CTG sobre la eléctrica lusa EDP reaviva los recelos en Europa

El desembarco de empresas chinas y, como en el caso de EDP, de compañías estatales en grupos europeos no es nuevo. Sin embargo, lo que sí que ha cambiado es la opinión generalizada en el seno de la Comisión Europea, contraria ahora a la presencia china en sectores estratégicos.

Hasta hace pocos años, Bruselas tiraba abajo cualquier barrera fijada por los estados miembros a la entrada de inversores extranjeros. Así sucedió con la denominada «acción de oro», que era la potestad que tenían los gobiernos, entre ellos España, para vetar la presencia de ciertas empresas foráneas en sectores estratégicos, como la energía y las telecomunicaciones. En nuestro país, por ejemplo, el accionariado de las propietarias de las centrales nucleares estaba cerrado a inversores extranjeros.

Pero en los últimos años la UE ha pasado del «todo vale» a vigilar con lupa las operaciones de empresas chinas. Sobre todo, después de que Midea se hiciera en 2016 con la alemana Kuka, empresa de robots industriales «crucial para el futuro digital de la industria europea», dijo el entonces comisario de Economía alemán Günther Oettinger.

Solo en el primer semestre de 2016, los inversores del país asiático se gastaron 9.700 millones de euros en la compra de 37 empresas alemanas , como Krauss-Maffei (plásticos) y EEW (reciclaje). Incluso, los servicios secretos de EE.UU. intervinieron para frenar la venta de Aixtron, una empresa alemana del sector tecnológico, al grupo chino Fujian Grand Chip Investment (FGC), por el temor a que utilizaran su tecnología con fines militares.

Después se sucedieron la compra de la división de motores de arranque de Bosch por el grupo de maquinaria minera de Zhengzhou y la inversora China Renaissance Capital Investment, la adquisición del aeropuerto de Hahn por HNA y, también por este inversor, de un 10% del Deutsche Bank.

Por todo ello, y ante el malestar de distintos sectores y de la opinión pública, el Gobierno de Angela Merkel aprobó hace poco más de un año un decreto para reforzar las reglas sobre inversiones extranjeras en sus empresas consideradas estratégicas , en un contexto de desconfianza de las inversiones chinas en Europa. Así, cualquier inversión superior al 25% del capital de una empresa por parte de una compañía extranjera, es decir de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC), debe ser supervisada por el ministerio de Economía para verificar si la transacción es susceptible de atentar al orden público o a la seguridad del país.

Como es lógico, la estrategia del Gobierno alemán ha calado en la Unión Europea y ahora es refrendada por la mayoría de sus estados. El verano pasado, el presidente francés, Emmanuel Macron, criticó que la UE no hubiera evitado en el pasado tomar medidas contra la competencia desleal de empresas extrajeras en algunos de sus «sectores estratégicos» y abogó por un libre comercio «sin ingenuidad». Explicó que «no soy nada favorable al proteccionismo, pero soy defensor de la justa protección».

Y en enero pasado, Macron defendió ante su homólogo de China, Xi Jinping, la idea de definir los sectores económicos de la Unión Europea (UE) que se consideran estratégicos para su soberanía y queden cerrados a la inversión exterior, como la china. Tras reunirse con Xi Jinping en Pekín, Macron recalcó la importancia de que la UE tenga un enfoque común en su política hacia China, el país que en pocos años se convertirá en la primera potencia económica del mundo.

El dirigente francés defendió especialmente ante Xi su idea de que la UE defina una serie de sectores económicos que deben estar vetados a las inversiones chinas, además de detallar aquellos que sí estén abiertos.

Actualmente, la Comisión Europea está trabajando en un mecanismo de supervisión de inversiones que pretende incrementar la transparencia sobre las inversiones que puedan afectar a la seguridad o al orden público, concienciar sobre sus implicaciones estratégicas, especialmente a los estados que no cuentan con sus propios mecanismos de supervisión de inversiones, y permitir que la UE supervise inversiones vinculadas a proyectos que ha financiado, según Mario Esteban, del Real Instituto Elcano.

Para lograr estos objetivos, el borrador de la Comisión propone un mecanismo que se basa en la cooperación entre la Comisión y los estados miembros a partir del reparto de información entre ellos. Este mecanismo no obligaría a los países miembros a establecer sus propios organismos de supervisión de inversiones, ni otorgaría a la UE capacidad para bloquear inversiones dentro de sus estados miembros.

Sobre este asunto, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal , afirmó el pasado jueves que el Gobierno está estudiando «con mucho detenimiento» la opa de la estatal China Three Gorges sobre EDP para decidir si da las «autorizaciones correspondientes». Nadal dijo que una operación de estas características tiene una «complejidad regulatoria» y el Gobierno tendrá que «mirar con mucho cuidado todas las implicaciones» antes de decidir si da las «autorizaciones correspondientes».