La cesión de las competencias de las VTC a las regiones se demorará años

Fuentes del sector apuntan a que este periodo será de entre 3 y 5 años. Una vez transcurrido este plazo, las plataformas como Uber y Cabify s olo podrán prestar servicios urbanos si se hacen con las autorizaciones que impulsen las comunidades y los ayuntamientos. Sin embargo, no es descartable que este periodo transitorio se modifique. Y es que el Gobierno ha demorado hasta el último día la elaboración definitiva del decreto-ley, que no ha sido facilitado ni al sector del taxi ni a las asociaciones mayoritarias de las VTC ni a las comunidades autónomas. Reflejo de ello es que incluso ayer el Ejecutivo reconocía que seguía trabajando en la norma.

Fue un día «lleno de llamadas », han apuntado fuentes conocedoras de las negociaciones, ya que tanto el taxi como las VTC quisieron interceder en la elaboración definitiva del real decreto-ley. De hecho, algunas empresas del sector de las VTC y la patronal de Uber y Cabify (Unauto) mantuvieron una reunión a última hora de la tarde con representantes del Ministerio de Fomento para conocer de primera mano el contenido de la nueva reglamentación. Un día antes, el Gobierno había hecho lo propio con las asociaciones mayoritarias de los taxistas a través de una serie de reuniones en las que intentó, según el gremio, «dar explicaciones» . También ayer hubo encuentros informales con distintas organizaciones del sector, que llegaron a amenazar con retomar las movilizaciones si finalmente se ofrecían tantos años a Uber y Cabify.

La idea de dar un plazo transitorio antes de que las regiones puedan legislar las VTC ya fue mencionada la semana pasada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En una visita a la feria del transporte InnoTrans, en Berlín, el titular del departamento apuntó que, tras pasar este periodo, e l Estado podría revocar los permisos para operar cada dos años. «Hay que contemplar en esa regulación temas de contaminación y medio ambiente, de densidad de tráfico… y todo eso insertarlo en una política de movilidad urbana», explicó Ábalos en dicho encuentro.

Y es que, en principio, las comunidades y los ayuntamientos no tendrán que esperar un lustro para imponer a las VTC limitaciones como que no puedan circular en jornadas con alta contaminación. Además, la nueva norma también contemplará, según las fuentes consultadas, la posibilidad de revocar licencias cuando los vehículos que las posean sean sancionadas en varias ocasiones. Un guiño a consistorios como el de Madrid , que ha denunciado que en los últimos años las infracciones de este tipo de vehículos se han disparado.

Con la fórmula de un traspaso diferido, el Gobierno evitará la necesidad de expropiar licencias e indemnizar al sector . Hay que tener en cuenta que varias empresas de VTC habían amenazado al Ejecutivo con pleitos millonarios si los ayuntamientos y las regiones imponían a estas empresas la necesidad de contar ya con una segunda autorización para operar dentro de las ciudades. Según los cálculos de la consultora EY, el importe total de las indemnizaciones puede rondar los 3.800 millones de euros.

Si finalmente se aprueba de esta forma, el real decreto-ley del Gobierno no dejará satisfecho ni al sector del taxi ni a las compañías de VTC. Los más perjudicados, de hecho, serán los taxistas, que se habían hecho a la idea de que las comunidades y los ayuntamientos impondrían ya una segunda licencia para operar a Uber y Cabify.

Como respuesta a la medida, ayer distintos colectivos promovieron una nueva huelga. De hecho, se hizo un intento de protesta en Barcelona , ciudad en la que se encontraba ayer el ministro Ábalos con motivo de un acto relacionado con el Corredor Mediterráneo.

Distintas asociaciones paralizaron las movilizaciones asegurando que todavía había tiempo para evitar la aprobación de la norma. Y es que distintos representantes de Fomento han mantenido un contacto directo con las asociaciones del taxi durante toda la tarde. Al cierre de esta edición, sin embargo, se mantenía la idea de ofrecer un periodo transitorio a las comunidades autónomas para que apliquen la normativa.

Con todo, la aprobación de este real decreto-ley tampoco es del todo beneficiosa para Uber y Cabify. Hay que tener en cuenta que, si bien salvan un primer «match ball» y ganan tiempo, no se termina la incertidumbre jurídica que persigue a estas compañías desde que empezaron a operar en nuestro país.

Desde el sector de las VTC apuntan que la aprobación del real decreto-ley supone «una sentencia de muerte para Cabify». «Para los inversores no hay peor noticia que la incertidumbre jurídica. Es imposible presentar un plan a largo plazo con esta situación. Y Cabify no tiene el pulmón financiero de Uber» , apuntan estas fuentes.

Hay que tener en cuenta que la compañía está intentando cerrar distintas rondas de financiación que permitan ampliar su presencia en España. A demás, cuenta con una gran masa de licencias en propiedad, por lo que una hipotética depreciación de estas debilitaría en gran medida su situación financiera. Más allá de Cabify, el sector lamenta que sus planes de contratación de personal también se verán afectados.

Las fuentes consultadas ponen en duda sin embargo las limitaciones que se vayan a producir. Hay que tener en cuenta que entonces circularán en España unas 20.000 VTC . A las 11.200 autorizaciones que ya están en funcionamiento actualmente hay que sumar otras 9.000 pendientes de ser concedidas por los tribunales.