CEOE y sindicatos, en guardia, ante un otoño caliente

El pago inicial fue desbloqueado con la aprobación del plan de recuperación español, mientras el siguiente tramo, de 1 0.000 millones y que se espera para finales de año, está sujeto al cumplimiento de unos cincuenta objetivos por parte de nuestro país. Buena parte de ellos ya están completos, pues el Gobierno ha incluido hitos como la puesta en marcha de las llamadas tasa Google y Tobin. Sin embargo, el filtro para recibir la segunda de las transferencias, esta vez de 12.000 millones y esperada para el segundo trimestre de 2022, comienza a complicarse. Para recibir este desembolso España deberá haber completado antes avances en materias muy espinosas, como la reforma laboral o el sistema de pensiones, y además deberá haberlo consensuado antes con los agentes sociales en unas negociaciones que arrancan este mismo otoño.

El pistoletazo de salida lo dará este martes 1 de septiembre, la primera negociación sobre la futura subida del Salario Mínimo Interprofesional . La decisión política de abordar una subida ya está tomada, según fuentes cercanas al Gobierno, aunque quedan por atar flecos importantes como en qué cuantía se hará. La idea que maneja Trabajo es que el salario mínimo suba entre 12, 15 o 19 euros mensuales, desde los 950 euros actuales , siguiendo las recomendaciones de los expertos consultados por la Vicepresidencia de Yolanda Díaz . Los empresarios, sin embargo, rechazan de plano cualquier subida en este momento pues consideran que lo importante ahora es centrarse en afianzar una recuperación que aún pende de un hilo. Muy distinto es el ambiente entre las organizaciones sindicales, que reclaman un alza mayor a la propuesta por el Gobierno de, al menos, 25 euros mensuales.

La subida de este salario es una potestad que corresponde en exclusiva al Gobierno y que no está vinculada al consenso de los agentes sociales , por lo que la opinión de empresarios y sindicatos no será vinculante. No obstante, en caso de aumentarse sin acuerdo se rompería una de las estrategias que más exitosamente ha estado jugado Díaz y gracias a la cual suma ya once acuerdos con los agentes sociales. Acuerdos que, incluso, han servido al Gobierno de argumento para desgastar al Partido Popular y acusarle de no ayudar a la recuperación del país. Además, las fuentes consultadas alertan de la posibilidad de que el choque de posturas en este ámbito pueda trasladarse a las otras mesas de negociación.

La mesa que pretende abordar la «modernización» del mercado laboral está actualmente bloqueada. Los empresarios rechazan la propuesta planteada por Trabajo y han llegado a plantear la posibilidad de acudir a Bruselas para denunciar unos planteamientos que consideran «regresivos» para el país y de inspiración «marxista» . El Gobierno busca simplificar los tipos de contrato con la idea de reducirlos a tres, dando al indefinido la preferencia absoluta frente al resto, aspecto que la CEOE rechaza por considerar que será un escollo para ciertas actividades productivas.

La patronal defiende que la temporalidad es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, por lo que reducirla «perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios». Otra de las materias a negociar será el diseño del nuevo modelo de los ERTE permanentes , las condiciones de las subcontratas o el reequilibrio de la negociación colectiva. Además de definir cuál será el futuro de los ERTE activados en la pandemia a partir del 30 de septiembre, cuando expira su plazo.

Pese al pacto ya alcanzado que dio luz verde a la primera pata de la reforma de las pensiones, este terreno no está exento de curvas, que comenzarán a andarse el próximo lunes 13 de septiembre . El paquete aprobado llega este otoño al Congreso donde emprenderá un camino que no se antoja amable, tal y como ya le hicieron saber los grupos parlamentarios al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , durante su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo. La reforma aprueba la vinculación de las pensiones con el IPC, lo que lo que tendrá un fuerte impacto en las cuentas del sistema, especialmente en un momento en que la inflación se deja ver como uno de los principales riesgos de la recuperación tras la pandemia . También introduce algunos mecanismos para retrasar la edad efectiva de jubilación, y otros para incentivar su demora. También se aborda la transferencia de los llamados gastos impropios de la Seguridad Social al Estado.

Sin embargo, en el cajón del debe queda por hacer la parte más compleja: el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional que deberá sustituir al derogado factor de sostenibilidad, introducido en la reforma de 2013 para garantizar la sostenibilidad del sistema y que ligaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Gobierno y agentes sociales deberán concluirlo antes del 15 de noviembre y se incluirá en el proyecto de ley vía enmienda. Lo que ya ha levantado críticas entre la oposición.