La CEOE avisa de un déficit de 114.000 millones en infraestructuras y urge a impulsar las concesiones

Uno de los informes es una propuesta detallada de modificación de la ley de desindexación de la economía , pues la CEOE considera que los límites que fija a la duración y a la revisión de precios de las concesiones de obras y servicios hace inviables muchos contratos y espanta la inversión. Entre otras medidas, reclama que los precios de esas concesiones se actualicen con el IPC y se compensen aumentos de costes por causas ajenas a las empresas como el alza del salario mínimo (SMI).

El Ejecutivo aprobó en 2015 la ley de desindexación de la economía, por la que el IPC dejó de ser la referencia para los precios públicos , algo que la CEOE ve como «un obstáculo legal que dificulta, en gran manera, si no impide en la práctica, la promoción y viabilidad de contratos de concesión». La principal reivindicación de la patronal es que esa norma excluya a las concesiones de obras y servicios de más de cinco años y que los precios de estos contratos sí se puedan revisar conforme al IPC, al considerar que refleja bien la evolución de la economía y los costes.

En esa línea, reclama que entre las excepciones que contempla la ley para que sí se revisen los precios de las concesiones, se incluyan los casos en que «se produzca una modificación de los costes laborales, tributarios o de cualquier otra índole» derivados de una cambio normativo. Esto es una llamada al Gobierno a compensar a las contratas por el incremento del SMI.

Según la CEOE, en casos como esa reciente subida del salario mínimo del 22,3% «resulta coherente preceder a una revisión de precios en los contratos en vigor en dicho momento, ya que caso contrario (situación actual), ello implica para el adjudicatario entrar en una situación de pérdidas por causas ajenas a su voluntad que necesariamente llevará a disminuir la plantilla».

La patronal quiere además que se cambie la ley de Contratos del Sector Público en lo referido a la revisión del componente de coste de mano de obra de las concesiones, que según la norma no podrá ser superior al aumento salarial de los funcionarios, para que se tomen como referencia los convenios sectoriales cuando existan.

Esa legislación fija además una fórmula para calcular la rentabilidad razonable del proyecto que puede esperar la empresa y que determina la duración máxima de la concesión. La CEOE asegura que esa fórmula, que vincula esa rentabilidad a la del bono español a 10 años más un 2%, provoca que muchos contratos de más de cinco años sean inviables para las compañías, y pide usar los costes de la deuda y el capital en el mercado como referencia.

El documento achaca incluso a ello la paralización de la relicitación de las radiales por mil millones de euros, del plan extraordinario de carreteras (2.000-5.000 millones), de dos carreteras en Murcia (200) y del plan de depuradoras de Castilla-La Mancha (600).

La CEOE calcula un déficit de 114.000 millones en infraestructuras del agua, tratamiento de residuos, movilidad urbana, transporte público e interurbano y equipamiento público, lo que deja a España a la cola de la UE en inversión en infraestructuras por habitante.

La organización recuerda la importancia de estas infraestructuras para una economía basada en las exportaciones y el turismo , que España ya ha sido sancionada por incumplir directivas de redes hidráulicas y tratamientos de residuos urbanos, que la recuperación económica está congestionando de nuevo las redes viarias y que el envejecimiento de la población exige inversiones crecientes en dependencia.

Así, la patronal apela a «un amplio debate entre las formaciones políticas para llegar a un acuerdo sobre las necesidades reales de inversión en infraestructuras y organización de servicios públicos que tiene el país, aprobar un plan de infraestructuras y la revisión del mapa y sistema de tráficos concesionales con una programación a corto, medio y largo plazo, y definir un modelo de financiación y gestión solidario y sostenible», dice en su otro informe.

Este documento recoge 18 propuestas para potenciar el modelo concesional y así poder abordar ese déficit. Entre ellas, no discriminar al sector privado como concesionario, planificar las concesiones a largo plazo, hacer análisis coste-beneficios, revisar el mapa concesional del transporte público, promover el mantemiento de infraestructuras, impulsar nuevos modelos de licitación que primen calidad sobre precio y fijar evaluaciones independientes de la prestación de los servicios.