Cataluña, Madrid, Andalucía y Galicia llevan a Hacienda a los tribunales

En la sesión de control del Parlamento autonómico, el mandatario anunció que el Ejecutivo gallego «seguirá agotando todas las posibilidades en el ámbito judicial» . Feijóo remarcó que adopta esta decisión «una vez «agotadas todas las posibilidades de un entendimiento institucional».

La problemática deriva de una medida que adoptó en 2017 el Ministerio de Hacienda que entonces comandaba Cristóbal Montoro. Al aprobar la declaración informatizada del IVA, la fecha de tributación para las empresas se atrasó para permitirles adaptarse al nuevo sistema, lo que provocó que en dicho año, a efectos de caja, se recaudaran solo once meses.

Como las comunidades perciben el 50% de los ingresos del gravamen, en 2017 el Estado cubrió la parte de las comunidades, pero el modelo de financiación indica que a dos años vista el Ejecutivo liquida las diferencias frente al reparto de ingresos previstos que el Gobierno Central distribuye. En 2019, llegó la liquidación y dejó a las comunidades con 2.500 millones de ingresos menos fruto de esta decisión de 2017.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluyó dentro del proyecto de Presupuestos de 2019 una reforma del IVA para volver a adelantar la fecha de ingreso, y así dar a las regiones una mensualidad más que compensara la liquidación. Sin embargo, el Congreso no aprobó las cuentas, en lo que precipitó la convocatoria de elecciones. Ahora Montero rechaza abonar esta mensualidad, ya que al haber acabado 2019, ya no iba a repartir este montante a las regiones pues habían pasado los dos años pertinentes para dirimir las diferencias del modelo de financiación de 2017. La ministra, además, recuerda que el PP -que gobierna en Madrid, Galicia y Andalucía- votó en contra de los Presupuestos.

Feijóo dio un ultimátum de «horas» al Gobierno para que, a través de algún «gesto» , evidenciara que todavía había lugar a rectificar. Al no producirse, hace una semana exacta avanzó que los servicios jurídicos ya estaban «hilvanando y argumentando» la fórmula para recurrir el impago.

Fuentes de Hacienda señalan que en principio el Ministerio no contempla incorporar la modificación que venía en las cuentas de 2019 en el proyecto de Presupuestos de 2020. Algunas regiones reclaman habilitar estos fondos de otra manera, la mayoría piden convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera -que como informó ABC lleva ya 17 meses sin reunirse , algo inédito- y alguna recuerda que la Autoridad Fiscal, con el ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá al frente, sugirió como solución flexibilizar los objetivos de déficit de 2019.

El asunto ha puesto en pie de guerra a las autonomías, más allá de su color político. Junto a Cataluña , Madrid , Andalucía y Galicia , dos regiones gobernadas por el PSOE como Asturias (con 75 millones pendientes) y Castilla-La Mancha (130) han amenazado al Gobierno con llevarlo a los tribunales si no les abona los recursos correspondientes. En el caso de esta última, su presidente Emiliano García-Page dio el pasado jueves un ultimátum hasta el 4 de febrero al Ejecutivo de Sánchez: si no llegaba una solución antes, iría a los tribunales.

Otras como Castilla y León señalan que si Madrid consigue en los tribunales la mensualidad de IVA, beneficiaría a todas las regiones -la comunidad pide 142 millones-. El malestar, pese a ser mas o menos público según el color político, es general en privado. Todas las regiones de régimen común perdieron recursos en 2019 por la medida: desde Comunidad Valenciana (281 millones) a Extremadura (86), Aragón (80), Murcia (85), Cantabria (42) o La Rioja (20).

Ayer Feijóo censuró en el hemiciclo gallego que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recauda, gasta y «ahora dicen que no existen» los fondos que pertenecen a las comunidades. «Soy presidente de un Gobierno democrático, representante del Estado en Galicia. Intenté hablar con el Gobierno central de forma correcta, con lealtad, diálogo y razonamiento», expuso. «Intenté buscar motivos, razones y propuestas para salir de este disparate, nada más y nada menos que un hurto institucional a los recursos de los gallegos. Hice todo lo que podía para intentar negociar y entenderme con el Gobierno central», insistió, para dejar claro que si Galicia perseguirá la vía judicial es tras constatar que el cauce político está bloqueado desde Moncloa.

La Xunta siempre mantuvo abierta la posibilidad de acudir a los tribunales, pero guardó esta opción en la recámara por confiar en que el Gobierno daría marcha atrás y por considerar esta vía demasiado lenta para la premura con la que necesitaba disponer de los fondos. Desde Santiago se apostó por un talante dialogante y proactivo: Feijóo remitió múltiples cartas a Sánchez y sus ministros, adjundanto incluso borradores de decretos para solventar la deuda. El agujero actual de 370 millones de euros —se suman 170 de incentivos fiscales—, contemplados en los presupuestos autonómicos de este año, empuja a Galicia a una situación de déficit provocada de forma externa, y obliga a mover ficha.

En el Parlamento gallego, ayer, el presidente de la Xunta cargó especialmente contra el BNG, al que afeó que siempre alentara el recurso judicial mientras apoyaba la investidura de Sánchez. Feijóo reprochó a los nacionalistas que en su pacto con el PSOE no figure «ni una sola palabra (…) para reclamar los 370 millones». «Menudo chollo tiene el señor Sánchez con ustedes», criticó al Bloque, al que tachó de «cómplice necesario» del Gobierno.