El caso Popular se amontona en los tribunales dos años después

La Junta Única de Resolución (JUR) estrenó con el Popular el mecanismo de rescate privado diseñado a raíz de la crisis para evitar que ahora los rescates los paguen los contribuyentes. Los inversores del banco, pese a que llevaban meses viendo cómo sus títulos perdían valor, no entendieron que de la noche a la mañana valiesen cero.

La contundente actuación de la autoridad europea de resolución y su falta de transparencia, pues negó información a los afectados y al Parlamento español y la que ha dado ha sido a regañadientes, no han hecho más que alimentar la incomprensión y el malestar de estos inversores, buena parte de ellos pequeños ahorradores.

Por eso tanto la JUR como su organismo homólogo en España, el FROB, acumulan miles de reclamaciones ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y la Audiencia Nacional en las que los inversores exigen que se anule la resolución. Solo el FROB suma 262 recursos ante la Audiencia y 1.063 solicitudes de responsabilidad patrimonial.

Esas demandas están a la espera de que el Tribunal de Luxemburgo dictamine si la actuación de la JUR fue correcta, algo que podría retrasarse hasta 2020. Según fuentes financieras, parece poco probable que el TJUE tumbe la decisión del supervisor, pues cuestionaría toda la nueva normativa bancaria europea. Además, la JUR ya avanzó que la liquidación hubiese sido más cara para los afectados, con lo que parece cerrar la puerta a una eventual compensación.

Algunos de los afectados sí han conseguido las primeras sentencias favorables en juzgados de primera instancia, donde se han presentado miles de demandas civiles denunciando irregularidades contables en las ampliaciones de capital que hizo el Popular en 2012 y 2016 por 2.500 millones cada una. El argumento de los jueces que dan la razón a los afectados es que el banco publicitó una situación financiera irreal, y lo comparan con el caso Bankia, ahora en juicio oral.

La crisis del Popular avanzará previsiblemente por los mismos derroteros judiciales, pues también ha llegado a la Audiencia Nacional, que ya en 2017 se abrió una investigación para dirimir si el Popular amplió capital con cuentas maquilladas y si hubo una campaña de desprestigio contra él. Están imputadas 34 personas, entre ellas los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, varios exconsejeros y Pwc.

El informe pericial en manos del juez instructor concluye, por un lado, que el Popular arrastraba morosidad oculta desde hace años e incumplió la norma contable española, y por otro que sus gestores fueron incapaces de atajar la crisis de liquidez que dio la estocada final al Popular.

El banco ya no tenía dinero para poder abrir sus oficinas la mañana de ese 7 de junio de 2017 y atender a los clientes. Ese mismo día el Santander le inyectó de urgencia 13.000 millones de liquidez y luego amplió capital por 7.000 para sanearlo.

Hoy el Popular ha desaparecido jurídicamente y su integración se culminará este año tras destruir 4.500 empleos y cerrar 1.150 oficinas. Normalizado el negocio, que incluso ya aporta beneficios al Santander, lo que llevará años es resolver la cuestión judicial.