Casi un 40% más de presupuesto para el ministerio de Garzón pese a su escasa actividad y pocas funciones

Lo cierto es que el dinero público que se destinará en 2022 al departamento dirigido por Alberto Garzón es una cuantía nada desdeñable: un total de 65,76 millones de euros de presupuesto si se incluyen los fondos europeos, una cifra que supone un incremento del 38,75% respecto al año anterior.

Con la vista puesta en el próximo ejercicio, el titular de la cartera, Alberto Garzón, justifica el aumento de presupuesto en su intención de reforzar los mecanismos de inspección del juego online y de lucha contra la ludopatía. Sin embargo, fuentes del sector consideran que poco más se puede hacer en una actividad tan regulada como la de las casas de apuestas. Tras restringir la publicidad del juego, Garzón volverá a tirar de prohibiciones y ya ha avanzado que vetará los anuncios de galletas, dulces y zumos para menores. La medida ha sido criticada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), ya que creen que se ataca «de manera gratuita e injustificada» a los fabricantes.

Desde Consumo afirman que otro de los asuntos a tratar en 2022 pasará por reforzar la defensa del comprador en internet debido al aumento del comercio online. No obstante, en el escenario actual de encarecimiento de bienes básicos no se está actuando para proteger al consumidor ante la subida de precios , ni tampoco frente al riesgo de escasez de productos en jornadas en las que aumentará el consumo, como ‘Black Friday’ o Navidad . Durante una entrevista en televisión el pasado jueves, Garzón explicó que lo que se está produciendo en el comercio mundial es normal tras la pandemia y dejó claro que el Gobierno no tiene «ninguna proyección de que se vaya a producir un problema grave de desabastecimiento en la economía española que afecte a los consumidores» ante los problemas de suministros de materias primas. Días antes, el titular de Consumo calificó el desabastecimiento de «psicológico» y lo relacionó con las llamadas «profecías autocumplidas».

Pese a la alarma ya lanzada por diferentes patronales y desde el campo por el aumento de costes en origen y su traslación al sufrido bolsillo de las familias, fuentes del Ministerio de Consumo respondieron a ABC que la tensión de la cadena de suministros es competencia del Ministerio de Industria por ser una cuestión relativa al comercio. Durante la mencionada entrevista, Garzón también quitó peso a la subida de los precios al considerarlo un nubarrón coyuntural y temporal por las tensiones en el mercado de la electricidad y por el encarecimiento de los combustibles. El ministro indicó que, sin introducir el componente de la energía, el IPC sube a un ritmo moderado del 1,4%, un escenario que «no apunta a un problema mayor», según sus propias palabras.

Su calendario se encuentra lejos de estar lleno de citas. Algunas jornadas, la agenda pública del ministro se limita a una entrevista en televisión y también hay otros días con la agenda vacía. A lo largo del año, Consumo ha aprobado un total de trece normas que se dividen en cuatro reales decretos leyes, seis reales decretos y tres órdenes ministeriales. Los de mayor transcendencia han sido el real decreto ley para regular la figura del consumidor vulnerable y la reciente reforma de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para dotar de competencia sancionadora al departamento. Consumo también participó en la elaboración de un real decreto-ley ómnibus con el que se modificó la actual normativa para ampliar de dos a tres años el periodo temporal de garantía legal de los productos. Además, para el mes en curso está planificada la aprobación del anteproyecto de la Ley de Servicios de Atención al Cliente . Desde Consumo destacan otros hitos de 2020 como la prohibición de los teléfonos 902, la regulación de la publicidad del juego online o las medidas para garantizar derechos ante la pandemia.

«Creemos que este ministerio tiene potencial para ir más allá, aunque lamentablemente no está suficientemente dotado de medios técnicos ni humanos», opina el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Desde Facua aplauden la labor legislativa emprendida por Garzón: «Lo poco que se ha hecho a nivel legislativo es más de lo que se ha abordado en cuatro legislaturas. Hay que recordar que la protección al consumidor era un asunto abandonado». «Le queda mucho por hacer, pero lo cierto es que Garzón está emprendiendo importantes avances legislativos para la protección de los consumidores», agrega Sánchez.

Por ello, desde Facua consideran fundamental que el Gobierno dote al Ministerio de recursos materiales y humanos suficientes para que pueda cumplir con garantías esta función de inspección y sanción de fraudes masivos.

Desde la asociación de consumidores OCU valoran determinadas normas aprobadas este año, como la regulación de la figura del consumidor vulnerable. «Esto es lo más significativo porque supone un gran avance en el marco de de la definición de una política de protección reforzada a los consumidores vulnerables» , afirma Enrique García, portavoz de la asociación, quien también destaca la futura prohibición de la alimentación no saludable destinada al público infantil o la ya aprobada limitación de los anuncios de juego online.

Sin embargo, García también apunta a «sombras» en la labor del ministerio, como que no se hayan resuelto «los abusos de las compañías aéreas con los reembolsos debidos a las cancelaciones por Covid-19» . «El mecanismo extrajudicial anunciado por Garzón no salió adelante y todavía hay compañías que no han pagado por esas cancelaciones», apunta el portavoz de la OCU. «Además, pese a las promesas, estamos en noviembre y Nutriscore sigue pendiente», critica.