PensionesCasi 28.800 mayores han transformado su patrimonio en una renta para jubilarse

Los bancos recelan de lanzar hipotecas inversas para completar la pensión

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En pleno debate sobre la suficiencia de las pensiones públicas futuras, el Banco de España y la industria financiera llevan tiempo señalando que los españoles tienen una masa importante de dinero inmovilizado en sus propiedades inmobiliarias y podría convertirse en una fuente adicional de ingresos en la jubilación. El 90% de las personas de 65 años o más del país tienen su piso o casa en propiedad. El Gobierno introdujo en la reforma del IRPF de 2015 incentivos fiscales para hacer líquido de cara a la jubilación ese patrimonio, carteras de acciones y participaciones empresariales. Desde entonces, según datos de la patronal aseguradora (Unespa), 28.729 personas en edad de retiro han convertido las plusvalías obtenidas por la venta de su patrimonio en rentas vitalicias.

Con la citada reforma fiscal, cualquier ganancia patrimonial que se obtenga a partir de los 65 años de edad con la venta de la vivienda, acciones o un negocio está exenta de tributar en el impuesto de la Renta siempre y cuando se destine a la suscripción por un importe de hasta 240.000 euros.

La c ontratación de este vehículo se ha disparado gracias a esos incentivos tributarios y al calor del incremento del precio de la vivienda, que ha elevado la venta de inmuebles. En los últimos doce meses 9.071 mayores de 65 años se han acogido a ese marco fiscal y suscrito una renta vitalicia, un 46% más. Al cierre del pasado marzo estos productos acumulaban 2.554 millones de euros en ahorros bajo gestión.

La renta vitalicia es una póliza de seguro por la que el asegurado paga al inicio una prima única por un importe considerable y recibe después, desde su jubilación, una renta vitalicia garantizada. Ahora bien, no es el único producto financiero pensado para complementar la pensión pública en el momento de jubilarse.

El Banco de España sugería en su último informe anual que la hipoteca inversa puede ser una fórmula óptima para transformar el ahorro invertido en la vivienda en una renta para retirarse. Se trata de un producto para personas mayores de 65 años con su vivienda en propiedad, que percibiría de su banco una cuantía equivalente a un porcentaje del valor de la casa y pone como garantía su inmueble, aunque sigue siendo de su propiedad y usándolo. Al fallecer, son sus herederos los que deben saldar la deuda.

Las entidades financieras españolas comenzaron a comercializarla antes de la crisis, pero el estallido de esta hizo fracasar el producto. Además, no ha estado exenta de polémicas por los litigios que ha generado su forma de comercialización y las rentas vitalicias que llevaban aparejadas. Eso hace que los bancos, según fuentes del sector, muestren recelos sobre la posibilidad de volver a venderlas. Actualmente ninguna entidad financiera del país tiene este producto en su oferta comercial pública.