Caos en el cobro del alquiler tras la entrada en vigor del límite del 2%

Grandes propietarios reconocen esta disparidad, y aseguran que la razón es que la medida del Gobierno se acometió a final de mes, cuando las facturas ya estaban cerradas. El tope del 2% para la actualización de los alquileres se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de marzo y entró en vigor un día más tarde, el 31. Algunas facturas para cobrar el alquiler quedaron sin recoger y se actualizaron con el último IPC definitivo conocido , el de febrero.

Desde Alquiler Seguro denuncian la «improvisación» del Gobierno y confirman que tuvieron que adaptar sus sistemas informáticos, contables y administrativos a las exigencias del nuevo marco legal en menos de 24 horas.

«La actividad fue frenética para poder aplicar a tiempo las modificaciones impuestas en la actualización de contratos de alquiler», explica Antonio Carroza , presidente de Alquiler Seguro. Nada más publicarse el real decreto y, tras una revisión de los servicios jurídicos, se realizó una comunicación a los clientes afectados explicándoles en qué consistía la decisión del Gobierno. Finalmente la inmobiliaria recalculó a tiempo la cuantía del alquiler, pero en otros casos este proceso no llegó a tiempo.

En estos casos, el exceso de renta se compensará el mes que viene, pero desde distintas inmobiliarias ya advierten de que la medida, recogida en el plan de choque diseñado para limitar el impacto de la invasión de Ucrania en la economía, está generando una gran «inseguridad jurídica» y dudas tanto en los caseros como en los inquilinos . Desde Alquiler Seguro, por ejemplo, reconocen que el viernes se triplicó el volumen de llamadas recibidas.

Entre los caseros existe cierto malestar por el hecho de que el Gobierno ocultase sus planes respecto al alquiler hasta el último momento. «La medida se ejecutó de un día para otro y sin facilitar la información pertinente», explican fuentes del sector inmobiliario. Los propietarios temen, asimismo, que la limitación de los alquileres pase de ser una medida coyuntural a una estructural, como ha ocurrido con la prohibición de los desahucios decretada durante la pandemia.

El Gobierno ha dejado abierta la puerta a ampliar la medida más allá del 30 de junio, cuando caduca. Todavía no hay nada decidido, pero el 30 de septiembre aparece ya como fecha marcada en rojo en el calendario de cara a una posible ampliación de la iniciativa, que afecta tanto a las grandes empresas como a los pequeños propietarios, que representan el 85% del mercado.

El Gobierno ha resaltado que el tope no será tan perjudicial para los pequeños caseros, pero en la práctica estos propietarios las mismas obligaciones que los grandes bancos y fondos de inversión. Porque si bien en estos casos prevalece la negociación con el inquilino, si este se niega a una subida mayor del 2% el pequeño propietario tiene que acatar su petición.

Del lado de los arrendatarios, el Sindicato de Inquilinos asegura que «todos los despistes que se produzcan estos días por parte de los caseros van a ser deliverados». Fuentes de la organización explican en declaraciones a este periódico que un buen número de propietarios están intentando ya buscar agujeros legales en la ley de arrendamientos urbanos para saltarse la limitación del 2% de subida en las renovaciones de los contratos.

Una de ellas, según estas mismas fuentes, es la intención de actualizar la renta más adelante para evitar el límite. «Se está generando un debate en torno al momento en el que se puede hacer la actualización, pero la norma es tajante y dicta que tiene que ser el mismo día en el que se firmó el contrato. Ni antes ni después», aseguran desde la organización, que recuerda que solo puede haber una actualización de la renta del alquiler al año.