El campo español envejece y pierde otros 1.700 autónomos en un año

La pérdida de autónomos en el campo va en tándem con la despoblación del medio rural. Es una espiral que sigue sin encontrar freno: a menos jóvenes en los pueblos, menos posibilidad de que haya relevo generacional en la agricultura y la ganadería; y a menos actividad agropecuaria, menos empleo con el que fijar y atraer población en el medio rural. Es una deriva en la que el campo español lleva atrapado desde hace décadas. Y los datos que ha dejado 2019 demuestran que la caída suma y sigue . La pérdida de autónomos en la agricultura y la ganadería españolas generan el abandono de explotaciones y de tierras de cultivo, lo que genera que el número de asalariados también caiga en picado.

Durante 2012, el campo empleó a una media de más de un millón de personas; en 2019 fueron 950.000, según las estadísticas oficiales de afiliados a la Seguridad Social. Durante el último año, el sector agropecuario español perdió otros 7.700 ocupados, de los que 1.700 eran autónomos y los 6.000 restantes asalariados.

Hace 30 años, el campo concentraba más del 12% de la ocupación total en España; ahora no llega ni al 5%, y cayendo. El año pasado, la economía española creó algo más de un millón de empleos netos; sin embargo, en el campo se perdieron casi 8.000 puestos de trabajo , entre asalariados y autónomos.

El horizonte no pinta mejor, porque los titulares de las explotaciones son cada vez más mayores . Eso garantiza una oleada de jubilaciones en los próximos años para las que no hay relevo: en el campo español, por cada autónomo menor de 25 años hay 22 que ya han cumplido los 55 años.

En 2005, los mayores de 55 años representaban el 35% de los autónomos del sector; ahora rozan el 40%. Esto significa, en números redondos, que cuatro de cada diez explotaciones dependen de profesionales en la recta final de su vida laboral.

La falta de relevo y el consiguiente abandono de explotaciones agrava el desierto demográfico que amenaza al medio rural español. Lo saben bien en múltiples territorios afectados de lleno por la despoblación.

Fernando Luna, presidente del sindicato agrario Asaja en la provincia de Huesca, dice que en la raíz del problema destaca la excesiva burocracia que entorpece la actividad de los emprendedores agrarios; una normativa que maniata a los productores y les sitúa en desventaja con otros países competidores; el progresivo aumento de los costes de producción que hunde la rentabilidad de la actividad; y dificultades para encontrar mano de obra con la que cubrir trabajos esenciales en el sector agropecuario. El resultado de conjunto es «un sector con rentabilidades a la baja y con cada vez más explotaciones en pérdidas, y así no hay quien quiera incorporarse a esta actividad» , afirma.

Asimismo, indica que un ejemplo de las trabas normativas es lo que ha ocurrido esta última campaña con la plaga de araña roja que ha afectado al maíz: «Aragón ha perdido 14 millones de euros por las mermas provocadas por esa plaga, porque no se ha podido luchar contra ella con suficiente efectividad por las limitaciones que nos impone la normativa en términos de tratamientos contra plagas», explica Fernando Luna. Mientras tanto, en otros países -caso de Estados Unidos - obtienen cada vez mayores rendimientos por hectárea.

«Pedimos disponer de las mismas herramientas que la competencia mundial y reducir las trabas administrativas porque la burocracia y la normativa nos están aborreciendo», se lamenta el presidente de Asaja Huesca.

También en este aspecto incide el líder nacional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) , Lorenzo Ramos: «Si a nosotros se nos obliga a cumplir una normativa bajo el argumento de la seguridad alimentaria, lo que no puede ser es que luego compitan en nuestros mercados producciones llegadas de otras zonas del mundo a las que no se les aplican los mismos controles que a nosotros», se queja. Eso impide a la producción nacional competir en igualdad de condiciones y, además, hace que «sea una hipocresía presumir oficialmente de seguridad alimentaria».

El secretario general de UPA asegura que estos problemas normativos son un factor limitante, que se une a otros graves problemas de fondo que arrastra el sector agrario español y que generan una falta de rentabilidad. Y así no es posible el emprendimiento, el relevo generacional, la incorporación de jóvenes al sector agropecuario .

Al final, «el problema es que no salen las cuentas», subraya Lorenzo Ramos. «Los costes nos aumentan año tras año, pero luego no tenemos capacidad de marcar los precios de nuestras producciones», denuncia el líder nacional de UPA. Por eso considera urgente mejorar la regulación del sector, especialmente en actividades en las que ese problema está poniendo en jaque al tejido productivo, caso de la fruta. «Debería haber una interprofesional que adapte la oferta a la demanda, que sepa cómo evoluciona el mercado y ajustar con agilidad nuestro tejido productivo a las tendencias de la demanda», afirma.

Además, reclama una regulación más eficaz de la cadena de distribución, que se haga cumplir mejor la normativa ya existente y que haya un mayor compromiso por parte de las grandes superficies comerciales, «para tratar con responsabilidad la producción agraria nacional».

Mientras no se acabe con las debilidades estructurales que llevan años castigando al sector primario español, el secretario general de UPA advierte de que se seguirán perdiendo pequeños y medianos productores, cada vez habrá menos explotaciones tradicionales y los únicos que podrán mantenerse son grandes compañías agropecuarias, controladas por fuertes inversores, que basan su rentabilidad en producciones superintensivas. «Con 500 hectáreas te puedes permitir unos márgenes de rentabilidad de mil euros por hectárea, pero un pequeño agricultor que tiene 15 o 20 hectáreas no puede subsistir con esos rendimientos», advierte Lorenzo Ramos. De ahí -indica- que las explotaciones superintensivas estén ganando terreno en el sector agrario español, en detrimento de las explotaciones tradicionales.