El Gobierno valora ampliar la rebaja fiscal de la luz para desinflar los precios

El Ejecutivo ha dado pocas pistas respecto a esta reforma, que se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de este martes. Pero sí ha dejado claro que los cambios regulatorios, que llegarán con el precio de la luz por encima de los 153 euros el megavatio hora (MWh) serán del gusto de Bruselas y estarán sujetos por tanto al derecho comunitario.

En primer lugar, el Gobierno medita poner en marcha subastas de electricidad al margen del mercado mayorista. El precio de la luz se establece ahora en una puja conocida en el sector como 'pool' eléctrico en el que participan productores, distribuidores y comercializadores. La mayoría de ellas pertenecen a un puñado de empresas.

El sistema es el siguiente: Red Eléctrica de España (REE ) comunica a las empresas del sector la demanda de electricidad que habrá al día siguiente y estas empiezan a «pujar» por los paquetes. Primero, con ofertas más baratas, luego con precios más caros. El sistema está configurado para que sea el último precio aceptado el que finalmente determina el precio del megavatio hora. Dado que el coste de producir electricidad se ha encarecido, sobre todo por el incremento del gas, los productores han elevado sus precios en estas subastas y el precio ha crecido notablemente.

La intención del Gobierno es que estas subastas no sean las únicas de referencia a la hora de fijar el precio del megavatio hora. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera , anunció en una entrevista concedida a Antena3 que el Ejecutivo medita crear subastas «alternativas» y compatibles con el derecho comunitario en las que las grandes empresas del sector deberían vender su energía a pequeñas comercializadoras con menor poder adquisitivo. Fuentes gubernamentales explican que con este sistema en las pujas habría «más actores y más pequeños», lo que en la práctica provocaría una rebaja de los precios. La propia Ribera ha mencionado la necesidad de aplicar cambios en la tarifa regulada para que el precio no dependa tanto de las subastas.

Además de este nuevo sistema de subastas, el Gobierno también estudia la aprobación de medidas que fortalezcan el suministro de hogares vulnerables y con dificultades para abonar el recibo . Sobre la mesa está la creación del suministro mínimo vital de energía.

Este suministro impediría el corte de luz de forma temporal otros cuatros meses a hogares vulnerables que no paguen la factura, a los que hay que sumar los cuatro que ya existían de antes. De este modo, si pasados ocho meses no se ha pagado se podrá cortar el suministro.

Esta medida ya estuvo en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que diseñó el PSOE en 2019 antes de la formación de Gobierno con Podemos. Posteriormente, ambos partidos se comprometieron a incluirlo como objetivo de pacto de gobierno.

El Ejecutivo también pretende que los precios de la electricidad dependan en menor medida del gas. Tal y como ha informado este periódico, en el gremio eléctrico sostienen que por cada euro por megavatio hora que sube el gas, el coste de la electricidad se incrementa en dos euros por megavatio hora. Y su encarecimiento ha sido también muy notable estos meses atrás, hasta llegar al entorno estos días de los 60 euros . Por el momento, sin embargo, se desconoce cómo hará el Ejecutivo para que la dependencia de esta materia prima sea tan alta.

Más allá de los condicionantes del mercado, los impuestos siguen estando en el punto de mira del Ejecutivo por su impacto en la factura. El Gobierno aprobó en junio una rebaja temporal, hasta finales de año, del IVA de la luz, que pasó del 21 al 10%. Además, suspendió el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses. La intención ahora es ampliar esta rebaja al menos hasta finales de 2021, ya que se prevé que los precios se mantengan en máximos hasta esa fecha. Incluso se baraja suprimir temporalmente el impuesto a la electricidad, que grava el recibo de la luz con un 5,11%. Tal y como publicó ABC, el incremento continuado de la luz en estas últimas semanas ya ha dejado sin efecto ese alivio fiscal.

La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo «seguirá la misma línea» que está siguiendo hasta ahora: rebajar impuestos y cargos del funcionamiento del sistema y subastar una parte de la energía fuera de los mercados mayoristas.

Calviño, en declaraciones a Telecinco, ha recordado que el encarecimiento de la luz no es un fenómeno de España y que se debe a los costes de emisión del CO2 y a la subida de los precios del gas en los mercados mundiales, lo que «ningún gobierno nacional puede alterar».

Pero no solo se barajan cambios en la factura. También se estudian posibles medidas para atajar las malas prácticas de determinadas compañías hidroeléctricas. Este v erano el vaciado de varios embalses gestionados por Iberdrola generó un gran revuelo , porque las asociaciones de consumidores acusaron a la compañía de realizar estas acciones para sacar tajada de la subida de la electricidad.

Como se ha explicado antes, es el precio más alto que se demanda en el mercado el que fija el coste final de la luz. Pero la realidad es que el pool eléctrico está formado por una amalgama de empresas que producen electricidad con distintos métodos (eólica, hidroeléctrica, ciclo combinado de gas...). El precio final llega a todas ellas, pero no todas tienen el mismo coste de producir electricidad, porque mientras los ciclos combinados ahora son extremadamente caros», producir energía hidroeléctrica es mucho más barato.

Como consecuencia, una empresa que produzca electricidad hidroeléctrica a los precios actuales obtendrá una mayor rentabilidad que otra que utilice otro medio de producción. Por eso se sospecha que Iberdrola está vaciando embalses, para obtener rédito del sistema. El Gobierno ha prometido que perseguirá y multará a las empresas que realicen estas prácticas.