Calviño y el FROB chocan por la venta del 16,1% que el Estado tiene en Caixabank

«No tenemos en el horizonte ningún plan ni intención de desinvertir la participación del Estado», dijo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una reciente entrevista en ‘Expansión. No era la primera vez que dejaba entrever esta postura de no salir de Caixabank , la primera entidad por volumen de activos en España, pero sí llamó la atención por la rotundidad con la que se expresó.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos confirman que no hay intención, a día de hoy, de desprenderse del 16,1% que tiene el Estado en el banco, tras la absorción de Bankia. Lo cierto es que en febrero de 2021 el Ejecutivo amplió el plazo que se había dado para salir de la entidad. Ahora ese plazo queda en finales de 2023 , momento en el que teóricamente el Estado debería salir de Caixabank, aunque nada impide que se dicte una nueva prórroga como ya se ha hecho en tres ocasiones.

La postura de la vicepresidenta contrasta sobremanera con lo que transmiten fuentes del FROB: «Hay un mandato desinversor claro» . Es decir, que en la autoridad de resolución española la postura que mantienen es la de que tarde o temprano el Estado deberá abandonar la entidad financiera.

Sin embargo, que el pensamiento del FROB sea este llama la atención al saber de quién depende esta institución. Este organismo depende del ministerio que dirige Calviño; es más, en su comisión rectora hay cinco miembros del Ejecutivo, entre Economía y Hacienda . Y es el Gobierno el que adopta, como recuerdan fuentes financieras, las decisiones que hayan de tomarse sobre la participación pública en Caixabank.

El choque entre posturas es evidente. Y el FROB siempre ha sido claro en el mandato que tiene que cumplir, en este caso antes de diciembre de 2023 tras la última prórroga decretada por el Gobierno. El cambio de presidente en la institución -de Jaime Ponce a Paula Conthe- no ha cambiado un ápice el discurso.

Esta última, la actual presidenta, se pronunció de esta manera en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de octubre: «La fusión nos permite afrontar con mucho mayor optimismo la potencial desinversión, dado que estamos en una entidad que tiene mayores expectativas de generar beneficios y también de pagar dividendos, lo que también tiene un impacto positivo en generar superávit, dicho sea de paso». Conthe dejó claro que las intenciones están en la desinversión, sin concretar plazos, eso sí. De hecho, esta destacó que al tener ahora un porcentaje menor en el accionariado «se facilita ejecutar la desinversión» respecto a cuando el Estado tenía casi el 62% de Bankia. No es igual vender una participación mayoritaria que lo que hay actualmente.

Las palabras de Calviño sorprenden a medias en el mundo financiero. En el sector entienden que ahora no es el mejor momento para desinvertir la participación pública, y las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el FROB continuamente analiza el mercado para averiguar cuál es el mejor momento para colocar ese 16,1%. «Y ahora, con la pandemia y tanta incertidumbre, no es el momento», apuntan.

Por su parte, el pensamiento oficial que ha habido siempre en Caixabank es el de que se sienten cómodos pese a que el Gobierno mantenga un infiltrado, en este caso infiltrada, en el consejo de administración: Teresa Santero, que ocupó cargo de relevancia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero . El pensamiento extraoficial, según fuentes financieras, es que lo ideal en cualquier banco es que ninguno de los accionistas sea un Estado.

En Bruselas y el Banco Central Europeo en realidad también tienen un pensamiento similar, de que las administraciones no deben interferir en las entidades. Aunque ese es un melón que ninguna de las dos instituciones está dispuesta a abrir ya que el papel público no es exclusivo del Estado español en la banca sino que otros Estados miembros también tienen su particular relación con los bancos. Y ‘atacar’ a un Gobierno provocaría que tuviera que hacer lo propio también con el resto.

Fuentes financieras tienen claro que al menos este Gobierno no se deshará del 16,1% en Caixabank. Puede que sí de algún paquete accionarial, pero no de todo. «Sería reconocer la pérdida que ha supuesto el rescate», señalan. Dicho rescate fue de algo más de 24.000 millones de euros en Bankia y las fuentes consultadas apuntan a que entre el valor de la participación pública y lo que se ha recuperado, hay un agujero para el Estado de unos 16.000 millones de euros .

«Vender la totalidad del 16,1% tendría un coste político que el Gobierno no está dispuesto a asumir, que es el apuntarse las pérdidas del rescate», indican fuentes financieras. Por ver estaría si el siguiente Gobierno, del color político que fuera, estaría atenazado por el mismo miedo o no. Porque lo que sí es claro, como reconocen en la banca y en el propio Gobierno, es que ahora no se dan las condiciones en los mercados para colocar ninguna acción de una entidad financiera, tal como está el sector y las cotizaciones.