Calviño fía el recorte de deuda prometido para 2021 a una caída no vista en 20 años

La hoja de ruta trazada por el área económica del Gobierno, que ha permanecido inalterada hasta la fecha en contra de la opinión del consenso de los analistas, aspiraba a reducir levemente en 2021 la deuda de las Administraciones Públicas desde el 120% del PIB en que cerró 2020 hasta el 119,5%, como el Gobierno se ha encargado de subrayar tanto en la información que proporciona a los organismos internacionales y analistas como en la que comparte con los inversores en los ‘road show’ del Tesoro Público.

El recorte era mínimo, pero pretendía ilustrar el compromiso firme del área económica del Gobierno con el proceso de consolidación fiscal, algo que no siempre ha quedado claro en el relato gubernamental, y calmar la inquietud de los inversores respecto a uno de los datos que más les inquietan de la fotografía macro de España: el volumen de su deuda pública.

Tras el repunte de la deuda pública en el primer trimestre a rastras de las medidas para contener la segunda y la tercera ola de la pandemia, que dispararon la deuda pública por encima del 125% del PIB -su máximo histórico-, la caída al 122,8% en solo un trimestre acercó al objetivo. Sin embargo, el último dato proporcionado este martes por el Banco de España revela que al cierre del tercer trimestre del año las deudas que mantienen las Administraciones Públicas españolas con sus acreedores equivalen todavía al 122,1% del PIB, según la metodología que toma como referencia Europa para medir la deuda pública de los países de la UE. Este matiz no es irrelevante porque si se sumara la deuda del sector público empresarial y de otros organismos por cuyas deudas debe responder el Estado en última instancia la cifra ronda el 200% del PIB.

El asunto es que después de este dato para que España cierre el ejercicio con un endeudamiento del 119,5% tendría que recortar en el último trimestre del año nada menos que 2,6 puntos de PIB de números rojos, algo que no ha ocurrido jamás en lo que va de siglo. No ocurrió en los años de vino y rosas, ni cuando Aznar hizo de la reducción de la deuda pública uno de los ‘leit motiv’ de su gestión económica ni cuando Zapatero gestionó el mayor flujo de recursos fiscales que se recuerdan y la deuda pública alcanzó su mínimo del 35% del PIB ante del terremoto de la crisis financiera. Y tampoco ha ocurrido en el arreón de crecimiento económico anterior a la pandemia. En todos esos años el trimestre más positivo acreditó una reducción de la deuda pública de 1,7 puntos como máximo.

El Ministerio de Asuntos Económicos no obstante ratificó este martes su objetivo de cierre del año del 119,5% nada más conocer los datos proporcionados por el Banco de España. Fuentes del Ministerio recuerdan que el Reino de España acaba de renunciar a la última emisión de deuda prevista para este año por haber alcanzado ya los objetivos que pretendía para el ejercicio, que ha ejecutado dos amortizaciones de bonos por un valor conjunto de unos 28.000 millones entre octubre y noviembre y que solo va a cubrir el 75% de los objetivos de emisiones netas planteados a principio de año.

También señala que por primera vez en la historia, y aprovechando las muy favorables condiciones del mercado, el coste medio de la deuda emitida será negativo o en otras palabras que el Tesoro ganará dinero por el endeudamiento emitido en 2021.

En el otro lado de la balanza, el histórico de la evolución de la deuda a lo largo de los últimos 20 años, la desconfianza de los analistas - que no solo no ven que se pueda alcanzar ese 119,5% sino que tampoco confían en que la deuda pública baje este año - y hasta la evolución del PIB. «El objetivo de deuda pública del Gobierno está calculado a partir de su previsión de crecimiento del 6,5%. El hecho de que el PIB vaya a ser más bajo que el esperado complica más aún que se pueda alcanzar ese objetivo», explica Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, cuya previsión de cierre de la deuda de las Administraciones Públicas para este año es del 121% del PIB.

Izquierdo cita otros factores que también alejan el cumplimiento del objetivo gubernamental, como la estacionalidad de la gestión presupuestaria que hace que el último trimestre sea tradicionalmente malo para el déficit y la cada vez mayor incertidumbre sobre el comportamiento del crecimiento económico en el último trimestre del año.