Calviño mantiene su objetivo de déficit y deuda pese a las previsiones

Ayer, al término de la reunión del consejo Ecofin con sus colegas de toda la UE se atrevió a decir que España podrá cumplir este año y el que viene sus objetivos de deuda y déficit con los presupuestos que se están tramitando, a pesar de que las previsiones económicas han empeorado varias veces los pronósticos con los que fueron diseñados. Para Calviño, las cuentas se han hecho con «prudencia» lo que «nos permite que estemos en línea para cumplir los objetivos de reducción de déficit y deuda sobre el Producto Interior Bruto ( PIB ) en 2021, incluso en un escenario macroeconómico que pueda ser más adverso».

El caso es que cuando mañana la Comisión Europea publique sus previsiones de otoño, se espera que vuelva a reducir las expectativas de la economía española. Para Calviño las revisiones «al alza y a la baja» que se están sucediendo en los informes de varios organismos españoles y europeos «no tienen que sorprendernos» dado el entorno de «relativa incertidumbre» y también porque hay que tener en cuenta los cambios que ha provocado la pandemia y sus consecuencias en la cadena de suministros. Por ello, la vicepresidenta insiste en que ante esta situación el Gobierno ha optado por una «línea de actuación muy clara basada en la prudencia».

Por lo que respecta a las ayudas europeas, la vicepresidenta sostiene que España va a ser el primer país que tramite la llegada de dinero del Fondo de Recuperación y que en este sentido está «abriendo el camino» a otros que llevan más retraso en la tramitación. Puede ser que otros países estén esperando a ver cómo funcionan los mecanismos concretos, pero en el caso de España todo parece fundido en una nebulosa de buenas intenciones.

En los dos días en que ha estado en Bruselas, no ha terminado de aclarar ni el cuándo ni el contenido del «operational agreement», que es el contrato que ha de firmar con el ejecutivo comunitario antes de recibir los 10.000 millones que sostiene que va a pedir antes de fin de año . Esa petición no se ha tramitado todavía ni se sabe todavía ciando va ser enviada puesto que todavía «estamos terminando los procedimientos formales para poder hacer esa solicitud».

La única referencia nueva fue su anuncio explícito de que el contenido del contrato con la Comisión Europa será público, lo que permitirá finalmente saber qué cosas y dentro de qué calendario estará obligado a cumplir el Gobierno. Si alguna vez hubo intenciones en La Moncloa de mantener este documento en secreto, la Comisión ya ha logrado imponer su criterio de que las ayudas extraordinarias para la reconstrucción deben ser gestionadas bajo la mayor de las transparencias. No significa que en ese documento aparezcan tareas nuevas o inesperadas, sino que se concretará en detalle cuándo y cómo se van a llevar a cabo los objetivos que el propio Gobierno se ha comprometido a ejecutar en el plan que ya envió a la Comisión .

Seguramente es esa condicionalidad en favor de la transparencia impuesta por Bruselas lo que está haciendo que las cosas vayan tan lentas. Los 10.000 millones que Calviño espera que lleguen antes de fin de año se tramitarán probablemente pronto y de hecho el comisario de Economía, Paolo Gentiloni , también reconoció que el cronograma con las previsiones de desembolso estará listo «en los próximos días», en cuanto España pueda mostrar algún logro tangible sobre la tramitación de las reformas del mercado laboral y de las pensiones, que son el nudo gordiano de todo el proceso.

Todos los demás hitos de su plan de recuperación que el Gobierno presume de haber cumplido son elementos irrelevantes en este contexto, porque se trata de objetivos que se ha auntoimpuesto y que o no están en las recomendaciones por países o solo de forma marginal. Entre los elementos que Calviño incluye como logros está la tramitación del impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales, que finalmente se debe a la OCDE , la creación de la comisión de expertos para la reforma fiscal que es un mero trámite vacío, la ley de trabajo a distancia, los decretos de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, que es algo que ya existía, la creación del Ingreso Mínimo Vital, a pesar de que es competencia de las comunidades autónomas, la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación en la que no se ha tenido en cuenta en absoluto la conexión necesaria con la legislación laboral o la decisión de segregar las fuentes de financiación de la Seguridad Social.

Las recomendaciones por países insisten sobre todo en la reforma laboral y en una dirección muy diferente a la que señala el Ejecutivo (o una parte), la de las pensiones y otra aún más complicada porque exige eliminar barreras en el mercado interior y que choca con las particularidades autonómicas y que no se ha atrevido a enfocar ningún gobierno.