Caldera, partidario de eliminar la pensión de viudedad a quienes perciban otras rentas

MADRID. MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO
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El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, reconoció ayer que en un futuro no muy lejano (que prefirió no concretar si será en esta legislatura) se deberá revisar la estructura de la pensión de viudedad, ante los cambios de la sociedad española, porque resulta «injusto» que personas que perciben rentas tengan una pensión de viudedad mientras el sistema público de pensiones cada vez tiene más gastos. En su opinión, el actual modelo «no es el modelo más adecuado que necesita la sociedad».

En un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, Caldera precisó que la pensión de viudedad no va a desaparecer, porque es «justo que se mantenga cuando sea necesaria como renta de supervivencia», pero matizó que también se debe «pensar qué hacemos con el sistema en el futuro cuando esta pensión no es necesaria para la supervivencia».

En este sentido, concretó Caldera que los partidos políticos deberán abordar este problema cuando se renueve el Pacto de Toledo, y buscar el consenso con los agentes sociales, ya que «no parece razonable que sigamos manteniendo un gasto para personas que no lo necesitan», más aún cuando «dentro de quince o veinte años podemos encontrarnos con 15 millones de pensiones ordinarias y unos 7,5 millones de pensiones de viudedad». Y, por ello, «habrá que abordarlo -explicó- porque se incorporaría un gasto al sistema que lo haría imposible de sostener en el futuro».

Sólo para quienes la necesiten

Ante la incertidumbre que creó esta misma propuesta defendida por el entonces presidente de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso, Fernando Fernández de Trocóniz, que a la postre le llevó a presentar su dimisión, el ministro aseguró que las personas que necesiten esa pensión de viudedad para vivir no deben preocuparse.

Por si quedaba alguna duda, Caldera puso el ejemplo de una carta que había recibido, en la que un perceptor de una pensión de viudedad le decía que no le parecía justo estar percibiendo una pensión de viudedad de 900 euros (150.000 pesetas), cuando tenía un trabajado del que podía vivir holgadamente. Por ello, insistió el ministro, se deberá analizar si es compatible percibir una pensión de viudedad con una renta.

Quedan pocos escollos

Por lo que respecta a la futura reforma del sistema de las pensiones, que Caldera dijo podría estar consensuada con CEOE-Cepyme, CC.OO. y UGT a finales de este mismo mes ya que «no quedan muchos escollos» que salvar, el ministro confirmó que se van a endurecer los requisitos de acceso a la la jubilación parcial, pues en los últimos años es la opción a la que más empresas y trabajadores acuden. Esto está incrementando el gasto de estas prestaciones de forma «extraordinaria» en los últimos dos años, y podría en el futuro «poner en riesgo la estabilidad del sistema».

En su opinión, el «relevo generacional se debe mantener, pero dando una garantía suficiente a la calidad de desempleo del jubilado parcialmente, a las cotizaciones que hay que aportar y a la antigüedad del trabajador que es relevado en la empresa». Con esta medida se pretende atajar un gasto creciente que, de continuar, «no podrá ser asumido en el futuro por el sistema».

En cuanto a la estructura de las pensiones de viudedad, el ministro confirmó que la reforma sólo va introducir pequeños retoques. Uno de ellos afectará a las prestaciones que perciben las personas divorciadas, un aspecto que la actual normativa no establece claramente, y que se está incrementando cada año.

Sobre estas pensiones, concretó que en pocos años las pensiones de viudedad a divorciados serán en el sistema unas 200.000.

Ante las nuevas necesidades que tiene la sociedad y los gastos cada vez mayores a los que debe responder el sistema de la Seguridad Social, se debe seguir con reformas que eliminen los gastos innecesarios.

Por otro lado, respondiendo a preguntas de los asistentes al desayuno, el ministro de Trabajo defendió la futura ley de atención a las personas dependientes, asegurando que es constitucional, pese a las críticas de los nacionalistas catalanes de CiU y los vascos del PNV. Precisamente, Trabajo empezó ayer a reunirse con representantes de estos partidos porque «de hacer caso a sus pretensiones, se debería suprimir esta ley».