Una de cada diez empresas no podrá cumplir con sus pagos en seis meses

A esta situación se llegaría en un escenario adverso con un impacto de la crisis severo sobre las ventas (-75%), sin más ayudas públicas y decayendo las que hay ahora en vigor. Y, además, dicho plazo no sería homogéneo para todas las compañías, sino que, por ejemplo, en el sector aéreo la urgencia de efectivo para poder seguir pagando sus compromisos sería de apenas dos meses. «El bajo número actual de insolvencias en la UE contradice la frágil salud de las empresas europeas, ya que muchos Estados miembros han introducido no solo apoyo financiero del sector público, sino también cambios en el régimen de insolvencias para evitar quiebras», señala el documento. Con esto se refiere, por ejemplo, a la moratoria concursal fijada por el Gobierno en España, que dilata a marzo la necesidad de entrar en concurso de acreedores a compañías que técnicamente deberían estarlo ya. Asimismo, el informe añade que la fragilidad del tejido productivo podría dar la cara del todo en «la primera mitad de 2021».

Esta alerta es la más reciente a nivel comunitario, pero en verano fue el Banco de España el que advirtió de la delicada situación de las compañías. Entonces, el supervisor nacional señaló que alrededor del 25% de las firmas españolas se podían encontrar en quiebra técnica, mientras que cuatro de cada diez estaban en riesgo de ser insolventes por su alto endeudamiento. Un horizonte sin luz, con el sector servicios como el principal damnificado ; y por tamaño de empresas, las pymes como grandes damnificadas, que representan más de un 90% del tejido productivo nacional.

El informe de AFME y PwC, asimismo, destaca que el impacto negativo del Covid sobre las compañías de toda la Unión Europea asciende a alrededor de un billón de euros. Por poner esta cifra en contexto, sería como llevarse por delante toda la economía española de 2020. Así, esa es la cantidad que necesitarían las empresas comunitarias para intentar salir airosas del golpe de la pandemia, pero según el citado documento el tejido productivo tendrá unas carencias de capital de entre 450.000 y 600.000 millones de euros de aquí a dos años, excluyendo las ayudas públicas. «Los legisladores y la industria financiera deben ir más allá de la financiación puente en forma de deuda para enfocarse en la reparación y recuperación económicas a largo plazo. Muchas empresas, especialmente pymes y aquellas con dificultades estructurales, están llegando al límite de su capacidad de endeudamiento soportable. La deuda ha sido en gran medida un ‘‘rescate’’, pero se necesita la recapitalización de acciones para acelerar la recuperación», explica el informe.

Así las cosas, de ese billón de euros de impacto negativo, según estimaciones de PwC que también asume AFME, un 15,5% lo sufren las empresas españolas, lo que se traduce en 155.000 millones de euros. En comparación al peso del PIB de nuestro país sobre el total de la UE, el porcentaje del golpe económico que soporta España del total europeo sería alrededor del doble de lo que representa nuestra economía en el bloque comunitario.

Más allá de ello, lo cierto es que en el caso de España la posibilidad de rescatar incluso a las pymes lleva en la mente del Gobierno desde otoño. Ya hay en marcha el fondo de rescate de 10.000 millones la SEPI para grandes empresas estratégicas, pero en el Ejecutivo se lleva tiempo valorando la posibilidad de proporcionar directamente capital a las pymes que lo necesiten. Una intervención estatal, según fuentes financieras, aunque plantea muchas dificultades ya que, de articularse a través de la SEPI , las necesidades de personal en esa institución serían ingentes ya que casi la totalidad de las empresas en España son pequeñas o medianas. Así, desde AFME y PwC señalan como «ideales» los instrumentos híbridos de deuda o capital social para atender las necesidades de las compañías europeas en general.