Bruselas revisará su asignación de fondos a España tras ver las reformas laboral y de pensiones

Pero esta foto no es inamovible y, de hecho, va a ser revisada por las autoridades europeas en el primer semestre de este año, ya con la información en la mano de los primeros pasos dados por los países para cumplir los compromisos de inversiones y reformas que pactaron con la Comisión.

El examen de Bruselas, en el que España se juega los 50.000 millones en transferencias y los 70.000 millones en préstamos que aún tiene pendientes de recibir, va a coger con las dos principales reformas estructurales a las que se comprometió encarriladas. La reforma de las pensiones, aprobada por el Parlamento, al menos en su ‘primera fase’, y la reforma laboral iniciando un trámite parlamentario cuyo resultado se antoja incierto, entre la presión del ala izquierda del ‘bloque de legislatura’ para ir más allá en el pacto de mínimos cerrado por Yolanda Díaz con empresarios y sindicatos y el riesgo de que cualquier modificación dinamite el tan publicitado consenso social de la misma.

El cumplimiento del compromiso formal de tener ya operativa la reforma de pensiones y en el Parlamento el texto normativo que da soporte a la reforma laboral garantizan al Gobierno que las autoridades europeas no pondrán ninguna objeción a habilitar en las próximas semanas el acceso de España a los 12.000 millones del segundo desembolso del Mecanismo de Recuperación, pero no suponen ningún blindaje en el proceso de revisión de las asignaciones del Mecanismo que Bruselas va a abordar en breve.

Fuentes del área económica del Gobierno trasladan su total confianza de que España mantendrá la preasignación inicial realizada por la Comisión con el argumento de que es el país europeo que más avanzado ha ido tanto en la definición de su Plan de Recuperación como en su ejecución, más allá de las dudas generadas a nivel doméstico por la lentitud a la hora de activar las inversiones con fondos europeos. Lo que se traslada desde el Gobierno es que los reproches a la gestión de los fondos europeos en España son un fenómeno exclusivamente doméstico y que, muy al contrario, en Bruselas se pone el caso español como ejemplo de buenas prácticas en este ámbito.

El relato oficial contrasta, sin embargo, con los mensajes deslizados por los funcionarios de la Comisión Europea en sus visitas a España. Según fuentes conocedoras de lo tratado en esos encuentros, Bruselas no ha escondido en estas reuniones su preocupación por las dificultades del Ejecutivo español para poner en marcha el programa de inversiones y reformas previsto en el Plan de Recuperación y tampoco ha ocultado su escepticismo respecto a la capacidad de los cambios introducidos en la normativa de pensiones para mejorar la sostenibilidad a futuro del sistema, que es el hito al que se ha comprometido el Gobierno de España con la Comisión.

Las reservas de Bruselas al respecto se aprecian de forma muy clara en el Acuerdo Operativo firmado con el Gobierno español, que, como se han encargado de subrayar las autoridades europeas, es el contrato vinculante por el que se medirá el cumplimiento o incumplimiento de los hitos previstos.

La Comisión Europea exige en ese documento al Gobierno de España que acredite de forma explícita en un informe que la puesta en marcha del nuevo mecanismo de los ERTE permanentes no va añadir más presión al déficit público, es decir, que no va a arrojar pérdidas para el erario público; pide otro informe que demuestre que los cambios regulatorios en la negociación colectiva no van a alterar el equilibrio entre la seguridad de los trabajadores y la necesaria flexibilidad de las empresas; y demanda que la reforma reduzca la tasa de temporalidad y disminuya las tasas de desempleo juvenil y de larga duración... en cifras.

También ha sembrado de cautelas el camino de la reforma de pensiones. Según varias fuentes que tuvieron la oportunidad de departir con los funcionarios de la Comisión Europea en su última visita a España, el Ejecutivo europeo está decepcionado con la orientación de la primera fase de la reforma de las pensiones. Considera que desactiva herramientas útiles, como el desacoplamiento de la actualización de las prestaciones del IPC, y que compromete más que resuelve el futuro financiero del sistema público.

Bruselas espera para 2022 nuevas medidas que contribuyan a la sostenibilidad del sistema. Ya ha exigido al Gobierno que le explique con cifras de qué forma va a contribuir a reducir la presión financiera del sistema el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que prevé una subida de las cotizaciones a las empresas; y también una evaluación de la primera fase de la reforma para comprobar si realmente contiene el gasto en pensiones.