Bruselas obliga a Apple a devolver 13.000 millones en impuestos no pagados

Por ese motivo, Bruselas ha exigido a Irlanda que recupere un total de 13.000 millones de euros más intereses derivados de dos pactos fiscales concedidos por Irlanda a Apple -el primero en 1991 y el segundo en 2007- han «reducido de manera sustancial y artificialmente los impuestos pagados por Apple en el país desde 1991».

No obstante, el Gobierno irlandés tendrá que reclamar el importe que Bruselas calcula que Apple dejó de pagar entre 2003 y 2014 -los citados 13.000 millones de euros- más un interés, dado que la Comisión solo puede aplicar una retroactividad de diez años respecto a la fecha en la que solicitó por primera vez información sobre el caso (2013).

Bruselas sostiene que el tratamiento fiscal ventajoso de Dublín permitió a la empresa eludir el pago de impuestos sobre la mayor parte de sus beneficios generados por la venta de productos Apple en todo el mercado único europeo, es decir, también en el resto de países miembros.

«Esto se debe a la decisión de Apple de registrar todas sus ventas en Irlanda, en lugar de en los países donde las ventas se efectuaban», recalcó la Comisión.

La comisaria de competencia, Margrethe Vestager, ha recordado que las normas comunitarias impiden a los Estados miembros conceder beneficios fiscales a empresas seleccionadas. «La investigación de la Comisión concluyó que Irlanda otorgó ventajas fiscales ilegales a Apple (...). Como consecuencia del método de distribución refrendado por las resoluciones fiscales, Apple solo aplicó sobre los beneficios de Apple Sales International un tipo efectivo del impuesto sobre sociedades que se redujo del 1% en 2003 al 0,005% en 2014».

Este dictamen llega seis días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a Bruselas de actuar como una «autoridad fiscal supranacional» , a raíz de las investigaciones contra multinacionales como Apple, Fiat o Starbucks . La Comisión Europea respondió que no haría una excepción con la compañía de la manzana y que las normas comunitarias impiden conceder ventajas fiscales a una empresa sin que estén disponibles para sus competidores.