Bruselas exige la reforma laboral como herramienta para activar la recuperación y pide más flexibilidad

«No es algo que se discuta», dice una fuente cercana a las negociaciones europeas cuando se le pregunta por la derogación de la reforma del mercado de trabajo. El tsunami laboral que se espera cuando el grueso de los ERTE decaiga a final de septiembre no admite, según esta misma fuente, que ahora se pretenda deshacer el camino andado y desbaratar una norma que, junto a la de pensiones, impuso la propia Bruselas al Gobierno de Rajoy en 2012 como condición para rescatar a la banca.

La reforma que en plena crisis hilvanó la exministra Fátima Báñez es quizá el cambio estructural de más calado realizado en España en la última década. Fue el tapón a la sangría de despidos y permitió generar empleo con crecimientos del 1%. Junto a la reforma de las pensiones fueron dos grandes decisiones que permitieron a España recuperar credibilidad ante nuestros socios.

En las instituciones europeas se da por sentado que la actual legislación se convertirá, de nuevo, en la herramienta clave para doblegar la destrucción de empleo . La evolución de los principales indicadores estadísticos inquietan a los técnicos europeos que vigilan nuestra economía y las perspectivas no son alentadoras. Por ello, contar con una norma flexible que, como la actual, permita a las empresas cambiar las condiciones laborales de sus trabajadores y bajar sueldos como alternativa a los despidos se convierte ahora en un factor clave para enfilar la recuperación.

Los números no cuadran y no lo harán durante mucho tiempo por el impacto de la pandemia y un endeudamiento sin precedentes en un periodo de tiempo mínimo. Europa está en su peor recesión y en España se espera una caída sin precedentes de la economía, con retrocesos de dos dígitos este mismo año en el PIB, según todos los organismos, y con una tasa de paro que, previsiblemente, superará el 20% este año. La tímida fase de recuperación no llegará hasta entrado 2021. Con este escenario y con la temporada de verano en peligro, cambiar la legislación y maniatar a las empresas podría derivar en más despidos y en quiebras, avisan los economistas.

La norma del PP recortó y facilitó el despido y dio vía libre a las empresas para bajar sueldos y cambiar las condiciones de trabajo con el objetivo de evitar extinciones . La indemnización improcedente se redujo de 45 a 33 días por año. También amplió las causas del despido objetivo, pero mantuvo la indemnización en 20 días. Y para los ERE se suprimió la autorización administrativa previa.

Antes de la cumbre Sánchez seguía amagando con derogar esta reforma; días después admitía que habría que hacer «renuncias» . Como ya informó este periódico, España ha acudido a estas negociaciones en una posición de debilidad, con las reformas impuestas en 2012 por Bruselas desactivadas y con la sombra de derogación de la laboral. Ni rastro queda hoy de los cambios en pensiones y el incumplimiento es mayúsculo en políticas activas.

Bruselas pidió a España en 2008 mayor evaluación de esas políticas activas de empleo y su vinculación con las pasivas. El PP implantó un modelo de reparto de los casi 3.000 millones que se distribuían entre las regiones en función de los objetivos logrados el año anterior. Al llegar el PSOE mantuvo el sistema solo para distribuir el 5% de los fondos.