Bruselas exige que se haga más caso a las CC.AA. en el reparto de la segunda tanda de fondos europeos
La Comisión se hace eco de las quejas de los barones autonómicos y reclama que parte de los más de 70.000 millones en préstamos blandos que se reconocerán al Reino de España vayan a proyectos diseñados desde las autonomías
Los gobiernos autonómicos no están para nada satisfechos con el papel complementario que en su opinión les ha reservado el Gobierno en la gestión de los 70.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Y algo ha debido detectar la Comisión ... Europea no solo en España sino también en otros países porque ha decidido realizar un llamamiento explícito a los gobiernos de los países miembros para dar un papel más relevante a las administraciones territoriales en la definición de la segunda fase del plan, en la que el Gobierno de España tiene previsto solicitar otros 70.000 millones de euros, aunque en este caso no en subvenciones a fondo perdido sino en préstamos 'blandos'.
La guía de orientaciones que Bruselas ha circulado a los países miembro de cara a las adendas al Plan de Recuperación que se negociarán en las próximas semanas para tener acceso a la segunda fase de la ayuda financiera de los fondos europeos –que en el caso de España consistirá exclusivamente en financiación a bajos tipos de interés– recalca que «para el desarrollo de las medidas más relevantes, sería apropiado que los estados miembro incluyeran condiciones vinculadas a consideraciones regionales o cales en los hitos y objetivos que tengan una dimensión geográfica, por ejemplo incorporando requisitos concretos establecidos en el proceso de consultas con las autoridades regionales y locales».
«La aplicación del Plan de Recuperación solo será exitosa si hay una implicación fuerte de las autoridad regionales y locales», advierte el documento de la Comisión Europea, que añade que se solicitará documentación a los estados para acreditar la participación e influencia de las administraciones territoriales y también de otros actores como los agentes sociales en el diseño, desarrollo y control del Plan de Recuperación.
La llamada de atención de la Comisión Europea a los gobiernos nacionales se produce después de que desde países como España las administraciones territoriales hayan trasladado a Bruselas sus quejas por el papel secundario que se les ha reservado en el que constituye el plan común de inversiones más relevante de la historia de la Unión Europea.
«No somos sucursales»
Mientras desde el Gobierno se presume de cogobernanza, es difícil encontrar un solo gobierno autonómico, con independencia de que esté gobernado por el PSOE, el PP o los nacionalistas, que no se haya quejado en los últimos meses de su escasa participación en la definición de las inversiones y los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación.
El lamento es común. La Moncloa ha diseñado unilateralmente tanto las prioridades estratégicas como los proyectos a financiar y ha dejado a las comunidades autónomas una función meramente instrumental: distribuir los recursos en sus respectivos territorios. «Se nos pidió que presentáramos tres proyectos que consideraramos estratégicos para nuestro territorio. Lo hicimos. No hemos vuelto a saber nada desde hace meses», se quejan desde una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista.
«No podemos funcionar como una simple sucursal del Estado. Tenemos necesidades y proyectos estratégicos que son esenciales para consolidar nuestro tejido económico y garantizar su futuro. Para nuestros territorios son tan importantes como los Perte definidos por el Gobierno», aseguran desde otro gobierno autonómico.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño , tuvo que escuchar el inventario de agravios de los gobiernos autonómicos hace un par de semanas en el Senado. ¿Su respuesta? Que los proyectos estratégicos planteados desde las comunidades autónomas habían sido encajados por el Gobierno en los grandes Perte estratégicos para garantizar la coherencia del Plan de Recuperación y que no hubiera discriminación entre territorios y que la cogobernanza se garantiza por las constantes reuniones de las conferencias sectoriales en las que se decide la distribución de los fondos. Y de eso se quejan también los barones regionales, de que en esas reuniones solo se decide la distribución territorial de los fondos, no los proyectos que se van a financiar.
Los Perte autonómicos
Los barones autonómicos se han movido en las últimas semanas, como ya adelantó ABC, para exigir al Gobierno una mayor sensibilidad a las prioridades de las diferentes comunidades autónomas en la segunda fase de los fondos europeos. Le piden un cambio legal para dar cauce a los 'perte autonómicos' –los proyectos que se le presentaron en su día al Gobierno y que no han tenido el desarrollo que los gobiernos autonómicos esperaban– y el compromiso de reservar una parte de los más de 70.000 millones de euros en préstamos que se esperan recibir de la Comisión Europea para proyectos definidos, diseñados y planteados desde las comunidades autónomas. La Generalitat Valenciana ha pedido reservar el 85% de los préstamos de la segunda fase de los fondos europeos para proyectos autonómicos.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos defienden el modelo de cogobernanza definido, que se sostiene en las ya mencionadas reuniones de las conferencias sectoriales; y aseguran que en los próximos días se producirán reuniones con las diferentes comunidades autónomas para definir las prioridades de la segunda fase de los fondos europeos. La adenda se presentará en el curso del próximo mes o mes y medio y hasta hace unos días los gobiernos autonómicos aseguraban no haber recibido comunicación alguna por parte del Gobierno.
La Comisión Europea permanece vigilante. Su último informe país sobre España, presentado el lunes, recordaba que los fondos europeos son una oportunidad única para modernizar el país y que su aprovechamiento óptimo requiere de la cooperación con las administraciones territoriales.
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