Bruselas exige una auditoría para controlar el uso de los fondos europeos

El Gobierno trabaja con un modelo en el que la Intervención General de la Administración del Estado , dependiente del ministerio de Hacienda , articula un sistema de control y auditoría de los fondos europeos . Pero deberá recibir, junto con las reformas, el visto bueno comunitario. Europa sigue trasladando a los gobiernos el mensaje de que estos fondos no son una financiación a corto plazo del gasto corriente, sino una inversión para que ayuden a mejorar el potencial de crecimiento a medio y largo plazo de las economías europeas. Y en este camino las reformas estructurales están llamadas a tener un papel prioritario.

Pero el camino a partir de ahora, pese a ser ya la recta final, no está exento de piedras. Especialmente por lo que se refiere a las tres reformas clave: la del mercado laboral, el sistema de pensiones y el fiscal. Pedro Sánchez eludió ayer hablar de derogar la reforma laboral, tal y como defiende la vicepresidenta Yolanda Díaz, y sí que prometió una «actualización de nuestra normativa, para lograr un mercado de trabajo que tiene que ser más dinámico, más resistente, más inclusivo y que aborde todos los problemas de la digitalización estructurales que arrastramos desde hace décadas».

Además de los cambios laborales que irán ligados a diferentes componentes del plan, la reforma del sistema de pensiones y la fiscal serán claves en estos apartados del plan de recuperación. Según explicó Pedro Sánchez en la inauguración del foro económico 'Wake up, Spain', organizado por diario 'El Español', la aprobación definitiva de las reformas reclamadas por Bruselas será dentro de «unos pocos días» y contemplará 212 medidas, de las que 110 corresponderán a inversiones y 102 a reformas .

Pese al triunfalismo del discurso de Sánchez , lo cierto es que sobre el programa recaen muchas más sombras que luces. En el listado de este centenar de proyectos legislativos hay muchas iniciativas que ya están en marcha, como la ley del teletrabajo, los 'riders', el registro horario o el cambio climático, pero las más espinosas, como la modernización del sistema de pensiones y el mercado laboral no cuentan aún con el apoyo de los agentes sociales, algo que es clave para Bruselas .

Y de momento no parece que el acuerdo vaya a estar cerca. En cuanto a las pensiones, la agenda marcada por el ministro Escrivá no es compartida ni por empresarios ni por sindicatos . En cuanto el mercado laboral, las pretensiones de la vicepresidenta Díaz, de desmontar la reforma de 2012 se han topado con la negativa en rotundo de los empresarios.

La ministra ya ha puesto sobre la mesa del diálogo social un documento, muy del gusto de los sindicatos, en el que plantea eliminar la prioridad actual del convenio de empresa para fijar el salario base y los complementos y en el que, además, plantea una reforma en profundidad de las subcontratas. Materias todas sobre las que la patronal no negociará con Trabajo por no ser reformas que reclama Bruselas. Los empresarios si están dispuestos a discutir sobre el galopante paro juvenil, también sobre una reforma de la contratación que permita acabar con la dualidad que existe en el mercado de trabajo entre temporales e indefinidos, pero no contribuirán a revertir ni una sola de las medidas que implique restar flexibilidad. Con las pensiones el camino no está más despejado.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , no solo no tiene apoyo en el diálogo social, tampoco el Pacto de Toledo está de acuerdo con la deriva de su reforma, anunciada al margen de la comisión. El ministro ha comprometido un recorte de 30.000 millones con Europa y quiere que el hachazo a las prejubilaciones sea inminente, aunque para ello no cuenta ni con el respaldo de la ministra de Trabajo , ni de los sindicatos, y Podemos, el socio de Gobierno de Sánchez , también se opone. Sobre la mesa el ministro está preparando también una subida de impuestos a sueldos de más de 49.000 millones, ligar de nuevo las pensiones al IPC y un nuevo factor intergeneracional, que sustituya al Factor de Sostenibilidad, para recortar cuantías a los nuevos pensionistas.