Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea - EFE

Bruselas decide este jueves si España ha tomado medidas para evitar la multa por déficit excesivo

Las reglas de disciplina fiscal prevén para los países incumplidores una multa equivalente al 0,2% de su PIB, lo que en el caso de España ascendería a unos 2.000 millones de euros

BruselasActualizado:

La Comisión Europea adoptará este jueves la decisión formal que juzga insuficientes las medidas tomadas por el Gobierno español para controlar el déficit excesivo, lo que supone un primer paso hacia el procedimiento sancionador que podría llevar a Bruselas a proponer más adelante una multa de 2.000 millones de euros para España y la congelación de ayudas europeas.

El Ejecutivo considera que el Gobierno no ha tomado «medidas eficaces» para corregir el desvío en los objetivos de déficit comprometidos por España con la Unión Europea, según han indicado a Europa Press fuentes europeas, que apuntan que habrá una opinión igualmente negativa para el caso de Portugal.

El déficit público de España alcanzó el pasado año el 5% del PIB (sin contar las ayudas al sistema financiero), frente al compromiso adquirido con el Ejecutivo comunitario de reducirlo hasta el 4,2%.

La presidencia de turno de la Unión Europea -que desde este mes ocupa Eslovaquia- prevé incluir esta opinión en el orden del día de la reunión del consejo de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) del próximo 12 de julio, pese a que se especuló con que Bruselas quiso dilatar los plazos para retrasar hasta otoño la posible multa a España.

Si el Consejo valida el 12 de julio el dictamen negativo se activará un plazo de 20 días para que la Comisión proponga una multa, que incluye un plazo de 10 días para que el Gobierno presente sus alegaciones en contra. Ello permitiría al Colegio de Comisarios proponer la sanción en su última reunión previa al parón veraniego, el próximo 27 de julio.

Las reglas de disciplina fiscal prevén para los países incumplidores una multa equivalente al 0,2% de su PIB, lo que en el caso de España ascendería a unos 2.000 millones de euros, aunque Bruselas tiene margen para reducir hasta cero el precio del castigo. El modelo de sanción incluye, además, la congelación de una parte de los fondos comunitarios asignados al Estado miembro en el año posterior, es decir, a 2017.