Bruselas aprueba la nacionalización temporal de empresas en la UE

Esta no es la primera andanada de reformas temporales en las reglas de competencia que aprueba la Comisión desde que empezó el periodo de turbulencias en la economía. Desde mediados de marzo, el departamento que dirige la danesa Margrethe Vestager ha relajado las reglas para que los gobiernos nacionales puedan inyectar ayudas directas a las empresas que se han visto obligadas a congelar su actividad y desde entonces ha habido decenas de intervenciones en esta dirección autorizadas por el Ejecutivo comunitario, mientras que en tiempos normales hubieran sido enviadas a la papelera.

En las últimas semanas, la Comisión había preguntado a los gobiernos sobre la posibilidad de ir más allá, es decir, de autorizar la entrada de capital público en el accionariado de las empresas que necesitan ayuda, un paso que puede confundirse fácilmente con una nacionalización. La Dirección General de Competencia se ha tomado su tiempo, pero finalmente logró que el pasado viernes se aprobase formalmente esta nueva reforma temporal, que sí lo permite, pero que introduce reglas muy estrictas para impedir distorsiones permanentes en el mercado.

Para empezar, las compañías en las que se permitirá esta excepción a las reglas de competencia debían ser viables antes del periodo de crisis, ya que la reforma no puede ser utilizada para justificar la entrada de capital público en empresas que ya tenían problemas anteriores al periodo de emergencia. Por supuesto, ha de tratarse de empresas que debido a la crisis actual está afrontando una situación excepcional que puede poner en peligro un sector relevante de la economía o generar una pérdida de empleo muy importante. Y, finalmente, esta opción solamente será válida mientras dure el periodo de excepción ligado a la pandemia y no podrá ser invocado una vez que desaparezcan las reglas de confinamiento. El Gobierno alemán, por ejemplo, ha mencionado la posibilidad de entrar en el capital de Lufthansa, que es una de las compañías aéreas más importantes del mundo, y el español podría sentirse tentado por hacer lo mismo con Iberia, ahora una empresa totalmente privada.

La Comisión pretende que quede claro que no está alentando que el capital público se quede permanentemente en estas compañías porque ello podría afectar a las condiciones de competencia en el mercado único, en perjuicio de otras compañías privadas del sector. En este caso se puede recordar también la experiencia de la injerencia de los poderes públicos en sectores enteros, como sucedió en España con las cajas de ahorros y su catastrófico papel en la anterior crisis financiera.

Cualquier operación de entrada de dinero público en el accionariado de una empresa en dificultades que sume más del 22% del capital o más de 250 millones de euros deberá ser no solo autorizada previamente, una vez que se haya demostrado que esta tiene un papel importante en la economía del país, sino contar con un plan de salida y, además, garantizar una gestión transparente en este periodo excepcional que tenga en cuenta los principios que rigen el programa de trabajo de la Comisión y que están encuadrados dentro del llamado «pacto verde» y la extensión de la digitalización.

Puesto que se trata de una situación excepcional, la regla establecida por la Comisión determina que durante el periodo en el que el Estado forme parte del capital no se permitirá ni la distribución de dividendos ni de bonus a los ejecutivos ni hacer publicidad utilizando la presencia del capital público entre sus accionistas. Si al final del plazo de seis años el Estado no ha ejecutado su salida del capital o no ha reducido su participación por debajo del 10% de las acciones, la Comisión impondrá entonces un plan de reestructuración obligatoria de la compañía, como medida de «último recurso» en caso de que algún gobierno pretendiese permanecer en el capital de la empresa nacionalizada. La idea es que el restablecimiento de las condiciones de funcionamiento normales aliente a los poderes públicos a abandonar esas posiciones.