BBVA desesperó a la Fiscalía: «Aporta información limitada e incompleta»

El 12 de febrero de 2019, los fiscales del caso hicieron dos requerimientos a BBVA para que en un máximo de diez días entregase información detallada de las cuentas en el banco de su ex jefe de Seguridad Julio Corrochano y de Cenyt, la empresa de Villarejo. Además, le reclamó con urgencia «cuantos datos y documentos haya obtenido , generado, manejado, tenido en su poder en las relaciones económicas» con el entremado del comisario. Le dio 72 horas para contestar.

Pues bien, pese a que la entidad llevaba ya ocho meses de indagaciones internas , dirigidas por el despacho de abogados Garrigues, y que en enero de 2019 amplió esas pesquisas contratando a Uría Menéndez y a Pwc, BBVA remitió una información que Anticorrupción estimó «no solamente limitada, sino incompleta , tanto en la forma en que se aporta, como en el contenido».

El banco alegó «dificultades materiales» para entregarla en el plazo fijado, detallando que Pwc estaba haciendo un informe y que mucha de la documentación pedida estaba en papel y que antes debía digitalizarla. Pese a esa justificación, el 19 de marzo la Fiscalía volvió a pedirla , tanto a de BBVA como a Garrigues, Uría Menéndez y Pwc.

Anticorrupción volvió a encontrarse en esa situación en junio de 2019, al solicitar al banco detalles de las cuentas internas con las que pagaba a Cenyt. «Con fecha 14 de junio de 2019 por los servicios jurídicos de BBVA han contestado al requerimiento judicial en unos términos incompletos, sin que en ningún momento se identifique a la persona o personas autorizadas para operar o librar pagos con cargo a las dos cuentas internas », dice el Ministerio Público, que vuelve a pedir esa información en un máximo de 72 horas. El 24 de junio, la directora de servicios jurídicos de BBVA, María Jesús Arribas, contesta entregando, ahora sí, todos los datos.

A pesar de que el juez instructor, Manuel García Castellón, reconocía la «colaboración activa» de BBVA en el auto de su imputación como persona jurídica -el banco ha aportado a la causa 8.300 archivos equivalentes a más de 100.000 folios -, el sumario evidencia también cierta resistencia a compartir con la investigación judicial y las autoridades supervisoras el informe «forensic» hecho por Pwc y clave en la causa.

El 21 de marzo de 2019, dos meses después de que BBVA encargase ese análisis, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía solicitó a Pwc, Garrigues y Uría Menénez los avances de dicha investigación y la documental «sin mayor dilación» y «cualquier que sea el estado en que se encuentre la investigación». Las firmas rechazaron entregarlo alegando que ese «forensic» es parte de la defensa legal de BBVA, algo que la dirección del banco omitió en sus declaraciones públicas al hablar del informe.

Más bien se había promocionado como un ejercicio de transparencia pública. De hecho, el Banco de España y el BCE apremiaban públicamente a la entidad a acabarlo cuanto antes. El 24 de julio, BBVA aseguró en un comunicado que había compartido con la Justicia los hallazgos relevantes del «forensic», pero rechazaba hacerlos públicos excusándose de nuevo en el secreto de sumario.

Es lo que alegó para no dárselo al BCE, que quería comprobar si BBVA actuó conforme a las normas de buen gobierno y control interno. Ante esa negativa, el organismo pidió al juez en septiembre de 2019 que le avisase en cuanto el sumario estuviese accesible . Además, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) ya había solicitado en enero información al banco sobre los poderes dados a Corrochano y la normativa interna de contabilización de facturas y de contratación de servicios.

En total, el BBVA suscribió contratos con Villarejo durante 13 años y por importe superior a los 10,2 millones de euros. La entidad ha acabado investigada en la causa sólo por los suscritos a partir de 2010, cuando una reforma del Código Penal permitió la imputación de las personas jurídicas.

Según sostiene Anticorrupción y comparte el juez, « ninguna de las contrataciones realizadas» por el área que dirigía Corrochano «cumplió con lo establecido» en su normativa interna y hasta el 63% de las facturas fueron emitidas «sin que se siguieran los cauces normados».

«En BBVA no habrían funcionado adecuadamente, en ninguno de los casos, mecanismos eficaces de control para evitar que se vulnerasen sistemáticamente, durante un período de al menos 13 años» sus códigos de conducta y la normativa interna, conforme dice Fiscalía, que apunta además «la inexistencia de alertas, supervisión y control eficaz para evitar» esa «permanente vulneración de la normativa interna».

En el escrito que dirigió la causa contra la entidad obra un correo entre dos directivos imputados que revela esa constante de «contratación irregular» en un encargo que, además, «se abonó hasta el 31 de diciembre de 2017» , cuando Villarejo ya llevaba un mes en la cárcel. «Que no se lance concurso alguno y se adjudique directamente a Grupo Cenyt», decía uno de ellos al resto.