Báñez dice que no habrá «equiparación a la baja» en las indemnizaciones a interinos

El objetivo del Gobierno es conceder «seguridad jurídica» a las empresas y «mejorar la protección » de los trabajadores, según ha recalcado la ministra en un encuentro con la prensa en Luxemburgo.

Báñez ha recordado que el próximo lunes se reunirá con los interlocutores sociales para explorar el modo de aplicación del pronunciamiento del TUE y la sentencia en la misma línea dictada más recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ratificaba la argumentación de la europea.

En este sentido, ha insistido en que la equiparación de derechos no se traducirá en una adaptación «a la baja» y ha recordado que en el acuerdo con Ciudadanos ya se establecía una indemnización creciente a la finalización de un contrato de interinidad: desde 12 días en el primer año de contrato a 20 días por año de servicio en el tercero.

La legislación actual no contempla ninguna indemnización para los interinos al acabar su contrato pero sí para los trabajadores temporales ( 12 días por año) . Aunque si el interino es despedido por causas objetivas tiene derecho a una indemnización de 20 días por año y si el despido es improcedente, de 33 días por año de servicio.

El TUE dictaminó el pasado septiembre que no existen «razones objetivas» que justifiquen una diferencia de trato entre trabajadores interinos y fijos, al tiempo que consideró que la norma española es contraria a la legislación comunitaria al denegar una indemnización por fin de contrato a trabajadores en interinidad, por el mero hecho de no ser fijo.

Otros fallos del tribunal con sede en Luxemburgo han señalado este año las irregularidades en el trato que reciben los interinos en España, por ejemplo al no serles reconocidos años de antigüedad a profesores o p rofesionales sanitarios que han desempeñado su labor en la función pública con contratos consecutivos incluso durante décadas.

A este respecto, Báñez ha reconocido que queda «trabajo por hacer» en los sectores de la Enseñanza y de la Educación, al tiempo que ha adelantado que «antes del 31 de octubre » habrá una reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para abordar el caso. El recurso a trabajadores temporales para cubrir «necesidades estructurales» puede incurrir en un «fraude de ley» sobre el que se debe actuar desde las inspecciones de trabajo.