Distintas empresas han reclamado compensaciones por el recortes de las renovables
Distintas empresas han reclamado compensaciones por el recortes de las renovables - ARCHIVO

Bancos alemanes denuncian al Reino de España por el recorte a las renovables

El Ciadi acumula 24 demandas contra nuestro país de inversores extranjeros

Corresponsal en BerlínActualizado:

La empresa japonesa Eurus Energy, que está participada en un 60% por Toyota y en el restante 40% por Tokyo Electric Power Company, ha presentado una denuncia contra España ante la corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La demanda exige indemnizaciones por los recortes a la subvención de energías renovables, que han dañado la rentabilidad de sus inversiones. Eurus, que cuenta con 552 megavatios de renovables en España, de los que 83 se encuentran en Asturias y 469 en Galicia, refuerza con esta denuncia la presentada en noviembre cómo núcleo central de la exigencia por parte de un grupo de bancos alemanes entre los que figuran Landesbank Baden-Württemberg, HSN Nordbank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Gironzentrale y Norddeutsche Landesbank-Gironzentrale.

Desde noviembre de 2013, han presentado demandas de arbitraje similares las sociedades RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum, la eléctrica alemana E.ON, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, SolEs Badajoz, Hydro Energy 1 y Watkins. También hay una demanda presentada en Uncitral por PV Investors y tres más en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment.

Todas las demandas han sido presentadas por violación de la Carta de la Energía. Los demandantes invirtieron en renovables en España atraídos por las ayudas estatales y se sienten perjudicados por la inseguridad jurídica, debido a los sucesivos cambios regulatorios iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.

El CIADI no ha resuelto todavía ninguno de esos expedientes, pero sí hay una resolución internacional a favor del Ministerio de Industria por parte del instituto de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, al que recurrió la empresa Charanne y Construction Investments. Esa sentencia favorable al Gobierno español se suma a las dictadas por el Tribunal Supremo y el Constitucional español, que consideraron que los cambios normativos “no violaban expectativa legítima alguna bajo el derecho internacional”.

En defensa de la legislación española, estos tribunales han tenido en cuenta que los inversores aspiraban a obtener rentabilidades del 20%, muy superiores a la media internacional en este tipo de servicios energéticos. La reforma energética sustituyó las primas por una rentabilidad fijada en el 7%, que responde a los estándares internacionales del sector.