El Banco de España vigila que la banca no coloque seguros a las empresas que pidan avales del ICO

«El Banco de España requiere a las entidades financieras que la aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables», ha señalado el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos, apelando así a la banca a cumplir con el contrato marco firmado con el ICO.

Más aún, el supervisor señala que velará por que no se produzcan malas prácticas de este tipo al comercializar los créditos avalados por el ICO. «El Banco de España verificará dichos protocolos y procedimientos y efectuará, en su caso, la revisión de operaciones concretas a fin de comprobar su adecuación a la normativa de aplicación» , señala, informando a las empresas de que en caso de irregularidades en la suscripción de estos préstamos pueden presentar su reclamación bien ante el servicio de atención al cliente o defensor del cliente de la entidad comercializadora bien ante el propio Banco de España.

La situación generada llevó también a las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc) a lanzar un comunicado conjunto en el que aseguraron que «las entidades han dado instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa» de esas condiciones. «Entre otros aspectos, se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos», añaden.

La vinculación de productos como seguros de vida y tarjetas de crédito a un préstamos es una práctica habitual en el sector financiero, que ofrece al cliente un tipo de interés menor por esos créditos si se contratan esos productos adicionales. Sin embargo, en los créditos avalados hasta el 80% por el ICO el Gobierno ha prohibido expresamente a las entidades esta política comercial, pues a fin de cuentas son préstamos en los que el Estado asumen la mayor parte del riesgo en caso de impago.