El Banco de España insta al Gobierno a retirar las rebajas fiscales al carburante y al recibo de la luz

Entre ellas, Hernández de Cos ha urgido al Gobierno a retirar las gravosas ayudas fiscales –cuyo coste se puede ir hasta los 12.000 millones de euros de mantenerse hasta final de año, según las estimaciones de la ministra de Hacienda– adoptadas por el Gobierno para amortiguar el impacto del encarecimiento de la factura energética en los últimos meses.

En ese paquete entran la rebaja del 21 al 10% del IVA de la electricidad, la suspensión o rebaja de los impuestos sobre la energía eléctrico y, por supuesto, la bonificación general de 20 céntimos sobre el precio de la gasolina y el gasóleo . Medidas de carácter demasiado general, ha argumentado el gobernador del Banco de España, que no responden adecuadamente a una crisis que como la institución lleva meses subrayando está teniendo efectos muy diversos según los sectores empresariales y el perfil de renta de las familias y que, en este último caso, está afectando de manera muy particular a los hogares con un nivel de renta más bajo .

El gobernador ha abogado ante sus señorías por un enfoque mucho más selectivo de esas ayudas para orientarlas a los colectivos que más las necesitan y para evitar tensionar aún más las ya sobrecargadas arcas públicas, en situación de alta vulnerabilidad con una deuda del 118% del PIB y un déficit cercano al 7%. "El resto de medidas (que no cumplan estas características) deberían ir retirándose", ha asegurado esta tarde en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Lo ha hecho el mismo día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la prórroga de ese paquete fiscal más allá del 30 de junio , si bien todo apunta a que con un enfoque mucho más selectivo y centrado en los sectores empresariales más afectados y en los hogares con rentas más bajas.

De Cos ha confirmado en el Congreso el endurecimiento en el tono de los mensajes del Banco de España que se percibe en las últimas semanas. Especialmente, en lo que se refiere al fallido 'pacto de rentas'. Ante los diputados ha mostrado su preocupación por lo que ha definido como «un agotamiento del pacto de rentas implícito» que ha permitido a España salir de la gran crisis financiera de hace una década y ha solicitado un gran pacto social, que no solo modere los márgenes empresariales y las subidas de sueldo de los trabajadores, sino que incluya a pensionistas y funcionarios para «repartir la pérdida de renta causada por la inflación».

El gobernador ha advertido de que la crecida de la inflación subyacente en los últimos meses revela que las empresas están empezando a trasladar el encarecimiento de sus costes a precio y de que la generalización de las cláusulas de revisión salarial va en la misma dirección. «Si todos los agentes optan por eludir esa pérdida de renta se va a provocar una espiral inflacionista con efectos mucho más negativos para economía, empresas y hogares».