El Banco de España detectó al Popular saneamientos sin hacer por 2.900 millones antes de 2011

«De los trabajos de inspección y seguimiento resultaban, con referencia 30.06.2011, necesidades de reclasificación a dudoso y subestándar significativas que conllevaban provisiones pendientes de ser reconocidas por 2.756 millones de euros», dicen los peritos respecto a 2011. En 2010, los saneamientos pendientes ascendían a 2.891 millones, en 2009 a 2.270 y a 2.071 millones en 2008. Y se derivaban de créditos morosos no reconocidos de entre 4.366 millones en 2008 y 5.510 millones en 2011.

«La situación de la entidad a diciembre de 2011 era mala mostrando ratios de mora crecientes, con reclasificaciones significativas identificadas por el equipo de seguimiento del Banco de España pendientes de realizar, lo que supondría pérdidas por deterioro significativas», dice el informe de Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, que también apuntaba ya en esos años a una débil estructura de liquidez.

La pericial detalla que la morosidad del banco en 2011 era del 7,7% del crédito , cuando en las cuentas anuales enviadas por el Popular a la CNMV se cifraba en el 5,8%. Ya entonces el supervisor bancario calificó al banco con «un riesgo supervisor medio-alto/creciente en especial como consecuencia de los riesgos de crédito y liquidez».

Uno de los inspectores del Banco de España miembro del equipo de seguimiento del Popular en esa época, Ignacio Pardo, admitió en julio del año pasado en la comisión del Congreso de los Diputados que investigó la crisis financiera que en los informes de esos años del banco se señalaban esas necesidades de provisiones.

Lo que Pardo no aclaró es si el supervisor hizo al Popular algún requerimiento . «Nosotros, como inspectores, como miembros del equipo operativo, no podemos requerir, el órgano competente para requerir es la comisión ejecutiva a propuesta del director general», zanjó, apuntando a la cúpula de la institución.

También en el Congreso de los Diputados, el entonces coordinador ejecutivo de inspección y ex director general de Supervisión, Mariano Herrera, admitió que la elevada exposición del Popular al ladrillo hizo que la inspección lo viniera siguiendo «de manera intensiva desde 2008 o 2009». «La inspección estaba permanentemente en el Popular y lo que hacía era solicitarle que tomara las medidas oportunas para ir cubriendo las provisiones que se iban viendo en las inspecciones», aseguró.

«Al Popular se le estuvo pidiendo que presentara planes, y en esos años estuvo haciendo un gran esfuerzo de provisiones, redujo sus resultados y redujo el porcentaje de beneficios destinado a dividendos a solicitud del supervisor», añadió, recordando que a raíz de esas debilidades el Popular tuvo que hacer dos ampliaciones de capital de 2.500 millones, una en 2012 y la otra en 2016, que entre ambos años lo elevó en 500 millones más y que de 2008 a 2016 provisionó 30.000 millones.

«La inspección ha sido intrusiva, ha estado dentro del banco. Aquí no se puso nunca un velo, jamás, este banco ha sido transparente siempre, siempre, siempre», defendió en el Congreso el expresidente del Popular Ángel Ron . El informe de los peritos apunta a que en 2014 y 2015 el banco cambió su contabilidad, dejó de respetar la normativa del Banco de España y desatendió un requerimiento del supervisor, lo que le permitió aplazar a 2016, tras una inspección del BCE, el reconocimiento de determinada morosidad.

El equipo directivo de Ron rechaza un incumplimiento de la norma y habla de discrepancias contables con el Banco de España. En este sentido, recuerdan que la pericial recoge cómo en la comisión de Auditoría del Popular de 23 de julio de 2014 se hace referencia a una carta del 15 de julio remitida por el Banco de España en la que la comisión ejecutiva del supervisor dice que «la revisión del equipo inspector se ha basado principalmente en los criterios establecidos por la carta del Banco de España del pasado 30 de abril, carta que no tiene carácter de circular, lo que le otorga un nivel 3 de jerarquía normativa, por detrás de las NIIF 39 y de la Circular 4/2004».

Igualmente, el informe dice que «la respuesta que se adjunta como borrador manifiesta por primera vez el desacuerdo del banco con dicha pretensión, exponiendo que cumpliendo con dicha normativa vigente, su calificación es correcta». Además, en el entorno de Ron recuerdan que desde 2014 es el supervisor el que modifica su circular y en lugar de un calendario objetivo fijado por norma, las entidades pueden usar metodologías internas para estimar los deterioros desde 2016.

Los peritos afirman que aunque hay una cierta diferencia de criterio, la información siempre ha sido trasparente para los inversores, que es lo que se investiga . «A diferencia de la identificación del crédito refinanciado y la clasificación contable de las operaciones, dónde es imprescindible que estas operaciones se muestren como tales en las cuentas, la cobertura por deterioro de estas operaciones, así como de los adjudicados, es trasparente para los inversores. Así, en las cuentas anuales, en especial la memoria, es posible observar las coberturas de los activos que han presentado deterioro y su evolución en el tiempo. Siendo esta última la mejor prueba de la suficiencia de la cobertura, en especial, las ventas de activos adjudicados que son el último eslabón en la gestión ordinaria de riesgos», dice el informe.

Como fuere, el hecho de que el Popular arrastrase ese déficit de provisiones y que el Banco de España tuviese constancia de ello suscita dudas sobre la actuación del supervisor. ¿Si las alarmas habían saltado, por qué no tomó medidas más contundentes? «Es verdad que aunque el Popular entonces tomó decisiones y saneó, quizá no fue lo suficiente», dijo el exgobernador Luis María Linde en abril de 2018 en su comparecencia en esa comisión del Congreso, en la que admitió que «quizá fue una mala decisión» no intervenir la entidad financiera ya en 2012, aprovechando el rescate europeo .

Linde justificó que con ello se quería evitar que el banco, junto a las cajas en apuros, recibiese ayudas, permitiendo abaratar la factura del rescate a la banca española que se negoció entonces. «Nos parecía que si el Popular podía resolver el problema por su cuenta, era mejor para el sistema», alegó.

En 2012, año en que la evaluación hecha por Oliver Wyman en el marco de ese rescate detecta al Popular un déficit de capital de 3.223 millones que cubre ampliando capital por 2.500, el Banco de España hizo una inspección que, según se desprende de la pericial, obligó en 2013 al Popular a hacer saneamientos brutos por 2.090 millones. El supervisor había cifrado créditos por reclasificar a moroso y subestándar por 6.614 millones y un déficit de provisiones de 1.925 millones.

La pericial señala que las provisiones que el banco iba haciendo se cubrían con resultados extraordinarios y la provisión genérica, «cuyo nivel ya estaba en el mínimo y por tanto no ponía esperarse que ayudase a paliar el esfuerzo futuro en provisiones», explica. Es más, ese saneamiento de 2013 agotó «prácticamente todo el fondo genérico existente a diciembre de 2012».

Pero las discrepancias del supervisor con las reclasificaciones del Popular no desaparecieron ahí. En 2014, con motivo del nuevo test de estrés a la banca, el banco obtuvo la segunda peor nota del sector español en morosidad, cobertura de activos y capital tras Liberbank. Pues bien, la inspección del Banco de España de ese año, según el informe de seguimiento, «tenía indicios de incorrecta clasificación que llevarían a clasificar en dudoso 1.475 millones de euros y en subestándar 1.224 millones».

Aún así, el equipo de Ron resalta cómo los peritos constatan que el banco va dando respuesta a los requerimientos y recuerdan que el Popular tomó la decisión de ampliar capital en 2016, en parte, para elevar la valoración del banco puesto que atribuía la baja cotización de sus acciones a la insuficiente cobertura según los inversores.

En este sentido, el informe recuerda que en el documento «Popular en los mercados» presentado al comité de dirección del banco el 21 de abril de 2017, los principales analistas en sus proyecciones de resultados de Banco Popular para los años 2017 y 2018 mantenían elevadas dotaciones por deterioro presumiendo que continuaba la absorción progresiva del deterioro del inmobiliario, «lo que suponemos influía en sus recomendaciones de inversión y precio objetivo de la acción».