La banca pide seis meses para asumir la ley de protección al cliente

Mifid II, entre otras cosas, refuerza el diseño y la distribución de los productos financieros, obligando por ejemplo a las entidades a ser más estrictas a la hora de identificar el perfil de riesgo de los clientes; impone una mayor formación del personal de las sucursales, y limita el cobro de comisiones por la venta de productos de terceros.

Fuentes financieras explican que la asunción de la norma requiere fuertes desarrollos tecnológicos imposible de adoptar a tiempo tanto por su complejidad como por los lentos procesos internos de las entidades. A ello hay que sumar que la directiva incluye aspectos controvertidos, como el de las citadas comisiones -las llamadas retrocesiones-, que deben ser abordados en su transposición al ordenamiento jurídico nacional, que en el caso de España apenas ha comenzado.

La banca ve preocupante que el Ministerio de Economía aún no tenga lista la transposición, que debe hacerse antes del próximo 3 de julio. Hasta la fecha solo la ha sacado a consulta pública, y aunque explica que sigue trabajando en el borrador, aún no se ha fijado una fecha para su aprobación. Las entidades lamentan que sin ese texto no se sabe aún cuáles serán las exigencias regulatorias finales.

En esta tesitura la banca cree que será necesario un periodo de adaptación transitoria de unos seis meses, hasta junio de 2018. La Comisión Europea ya retrasó en febrero de 2016 la entrada en vigor de Mifid II un año, de enero de 2017 a enero de 2018, y rechaza conceder nuevas prórrogas. Esto hace que al arrancar 2018 las grandes líneas de la directiva serán ya de obligado cumplimiento.

Ahora bien, en el sector se cree que sí es posible que las autoridades españolas otorguen un plazo de adaptación en aquellos puntos en los que los reguladores nacionales tienen margen de discrecionalidad para desarrollar la norma : entre ellos, el de las retrocesiones. De hecho, la guía técnica de formación de la red elaborada por la NMV ya introduce flexibilidad temporal para preparar al personal de asesoramiento.

Como fuere, desde la industria explican que podría haber dificultades legales para lograr una prórroga y tampoco ha habido declaraciones desde Economía que hagan pensar en un periodo de gracia, de forma que trabajan en esa adaptación con vistas a enero de 2018. Aun así, esas fuentes explican que el sector pueda difícilmente cumplir la norma al cien por cien el 1 de enero.