Baleares aprueba un decreto ley que protege el 15% del suelo rústico de Mallorca

La citada preservación de suelo rústico en Mallorca será posible porque el decreto prohíbe la construcción de nuevas viviendas unifamiliares en terrenos incluidos en Áreas de Prevención de Riesgos , es decir, en zonas de riesgo de inundación, incendio, erosión o desprendimiento. Esa medida se justifica, según el Govern, en «la necesidad de adaptar el territorio a la emergencia climática actual y más teniendo en cuenta los últimos episodios extremos que ha sufrido la Comunidad y que, según el amplio consenso de la comunidad científica, se van a convertir en cada vez más habituales».

Cabe recordar, en ese sentido, las inundaciones sufridas por el municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar y varias localidades cercanas el 9 de octubre de 2018, que dejaron un trágico balance de 13 víctimas mortales. El suceso ocurrió poco después de que se desbordase a última hora de la tarde de aquel día el torrente que atraviesa Sant Llorenç, debido a las fortísimas lluvias caídas sin parar durante varias horas en el pueblo.

A un nivel más global, el principal objetivo del nuevo decreto ley es «establecer medidas de protección y conservación de los valores ambientales, paisajísticos y urbanos del territorio de las Islas Baleares, dirigidas a contener el crecimiento de la nueva urbanización y reforzar la protección del suelo rústico, con la finalidad de asegurar la rehabilitación y recuperación de este patrimonio».

El borrador del decreto ley preveía inicialmente, entre otras medidas, establecer una moratoria urbanística hasta el 31 de diciembre de 2021 para limitar la construcción de viviendas en suelo rústico en las cuatro islas. Esa medida, como tal, no ha sido finalmente incluida en el texto aprobado ahora en un Consejo de Gobierno extraordinario, ya que había divergencias internas en el Govern sobre cuál debía ser el alcance último de esa posible moratoria. De hecho, la falta inicial de consenso en ese punto concreto entre los tres partidos del Ejecutivo de Armengol, el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, demoró durante unos días la redacción y aprobación del texto definitivo.

Finalmente, el decreto ahora aprobado establece una moratoria de autorizaciones y licencias de urbanización sólo para los suelos clasificados como urbanos o urbanizables en los que no se haya actuado en las últimas décadas. Se estima que hoy se encontrarían en esa situación, en el conjunto de Baleares, unas 600 hectáreas en total. La citada moratoria limitada empezará el próximo mes de junio y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2021. En ese periodo de tiempo, los consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como el Ayuntamiento de Palma, deberán revisar sus planteamientos urbanísticos actualmente en vigor para estudiar la posible reclasificación de aquellos terrenos urbanos o urbanizables, ya sea para pasarlos a rústicos o para mantener su condición actual.

En caso de que, una vez superada la fecha del 31 de diciembre de 2021, los consells insulares o el Ayuntamiento de Palma no hayan aprobado la actualización de sus respectivas ordenaciones urbanísticas, será el Govern el que asuma esa tarea por subrogación. A partir de entonces, el Ejecutivo balear dispondrá de un año para llevar a cabo esa labor, hasta el 31 de diciembre de 2022, periodo de tiempo en el que se mantendrá la moratoria en la concesión de autorizaciones y licencias de urbanización.

Desde la oposición al tripartito de Armengol, el nuevo decreto ley ha sido criticado ya por el PP, Vox y Cs, que esencialmente coinciden en denunciar que generará inseguridad jurídica, perjudicará a los pequeños propietarios y a los payeses, y afectará negativamente a la economía. El siguiente trámite que deberá seguir ahora el decreto ley es su debate en sede parlamentaria en un plazo máximo de 30 días y su posterior validación en la Cámara balear.