Los ayuntamientos tiran la toalla y dejan de pleitear por la plusvalía municipal

Consistorios de envergadura considerable como Alcorcón, Valladolid y Burgos , entre otros, están abandonando los pleitos en contra que tienen después del varapalo del Tribunal Constitucional (TC) al método de cálculo de este tributo municipal. El Alto Tribunal decretó el 26 de octubre que los artículos que regulan el sistema para cuantificar el impuesto eran inconstitucionales y nulos. Y añadió en su sentencia que ello «supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad».

El fallo del TC dejaba sin efecto el impuesto en España y también abría la puerta de par en par al éxito de los contribuyentes en los juzgados , con un matiz: la sentencia destaca que no podrán revisarse aquellas situaciones que sean ya firmes, y tampoco aquellas que no hayan sido recurridas a la fecha de dictarse la sentencia (26 de octubre de 2021). Es decir, que los únicos casos cuya reclamación podría seguir adelante son los que antes de dicha fecha ya estuvieran en revisión .

En este escenario, el agujero para las arcas de los ayuntamientos es considerable ya que aquellas reclamaciones en base al método de cálculo y que cumplan con ese requisito temporal de la sentencia tienen el camino despejado. Sin embargo, hay una fórmula por la que están optando los consistorios para evitar que el golpe en sus cuentas vaya 'in crescendo'.

En Alcorcón y Valladolid los consistorios se están allanando en los procedimientos judiciales en su contra. Es decir, que están reconociendo que el demandante tiene razón en sus pretensiones y acceden a la devolución o no liquidación de la plusvalía municipal , según el supuesto.

En el caso de Alcorcón, la junta de gobierno local acordó «facultar y autorizar a la asesoría jurídica a allanarse» en los procedimientos de esta índole contra el ayuntamiento, en base a lo siguiente: «Se concluye que no tiene sentido mantener vivos los procedimiento judiciales que tienen por objeto la impugnación de liquidaciones o autoliquidaciones del impuesto, cuya fundamentación se basaba en anteriores sentencias del Tribunal Constitucional , en concreto las SSTC 59/2017 y 126/2019, ya que las mismas se fundan en módulos liquidatorios 'que nunca han existido' en la formulación clásica de lo que supone una declaración de nulidad, y cuyo mantenimiento puede suponer innecesarias condenas en costas, condenas con intereses y con el transcurso del tiempo sanciones por temeridad». En suma, que el ayuntamiento no ve base legal para dilatar los procesos judiciales contra la antigua plusvalía municipal y opta por dejar de pleitear para que no se sumen a la cuenta las costas de los juicios e intereses.

En el caso de Valladolid se concluye, según la documentación de propuesta de resolución de una de las reclamaciones a la que ha accedido este periódico, que no existe «cobertura legal por la anulación» de los artículos que hizo el Constitucional. Una tesis muy similar a la de Alcorcón y también a la que se sostiene en los casos de Burgos, cuyo tribunal económico-administrativo asimismo está estimando este tipo de reclamaciones.

El motivo de que los consistorios estén tirando la toalla en los pleitos y accedan a las pretensiones de las reclamaciones está en que en todos los casos en los que se allanan están solicitando también que los juzgados no impongan las costas a los ayuntamientos. Buscan librarse de que la factura judicial se cargue a las espaldas de las arcas públicas, y también, por otra parte, no extender los procesos para evitar que sigan engordando los intereses que tendrán que pagar por la devolución.

Asimismo, cabe recordar que el Ministerio de Hacienda ya ha solucionado el vacío legal que se generó tras la sentencia del Alto Tribunal. El departamento de María Jesús Montero aprobó un nuevo método de cálculo del impuesto , dando al contribuyente la opción de acogerse al sistema más beneficioso entre dos nuevos.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, destaca que esto significa «que se acaba con la espera del reclamante dado que va a poder recuperar su dinero de manera más rápida y con intereses». A su juicio, ve que esta es «una postura responsable de los ayuntamientos» .

La presidenta de Asufin sostiene que el resto de consistorios deberían tomar nota de lo que ya están haciendo algunos como Alcorcón, Valladolid y Burgos, como desvela ABC.

Con todo, Suárez también anticipa que habrá problemas para que los ayuntamientos se salgan con la suya en lo de librarse de pagar las costas judiciales. « Esto no significa que se vayan a ahorrar las costas . Tu has reclamado a la administración y la administración te ha dicho que no, por lo que te han obligado a litigar. Aunque se allanen, la condena sería en costas, dado que el demandante ha incurrido en gastos».