Las ayudas del Estado a la banca elevarán el déficit en más de 1.700 millones en 2019

Pensiones, ayuntamientos y regiones disparan el gasto por encima del límite que exige la Unión Europea, según avisa la Airef

MadridActualizado:

Las elecciones han vuelto a dar el salto de la arena política a la fiscal, condicionando fuertemente el cumplimiento del ajuste que exige la UE, a lo que se suma una larga retahíla de gastos inesperados que entran este año como las ayudas a la banca o devoluciones a empresas en Sociedades. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado esta mañana su informe sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto y constata que comunidades autónomas y ayuntamientos han disparado su desembolso por lo que empeorarán sus números. Además, la Administración deberá hacer frente a 5.455 millones en gastos extraordinarios, de los que más de 1.700 son ayudas del Estado a la banca, que elevarán el déficit en cuatro décimas: sin ellos, el desequilibrio de las cuentas públicas acabaría en el 1,6%.

Si bien la Airef considera factible cumplir la previsión del Gobierno de cerrar con un déficit del 2% del PIB –frente al 2,5% de 2018–, las regiones incumplirán su meta del -0,1% para acabar con un boquete cinco veces mayor, del -0,5%, (más del doble que el -0,2% de 2018). Junto a que las corporaciones locales cosecharán un superávit menor y ambos subsectores rebasarán con mucho los límites de gasto, el cumplimiento de la previsión de déficit se antoja ajustada. Todo ello pese a que la Administración tendrá superávit primario: es decir, descontando el pago de intereses de deuda ingresará más de lo que gastará, algo que no ocurría desde el estallido de la crisis. Aún con esas, la Airef espera que el Gobierno incumpla su objetivo de deuda pública en tres décimas, al cerrar 2019 en el 96,1% del PIB.

Uno de los obstáculos que deberá enfrentar el Gobierno es que este año se producirán 5.455 millones de gastos extraordinarios. Unos 1.793 millones serán de pagos a los bancos por las reestructuraciones que se dieron en la crisis y otros 1.600 por devoluciones en Sociedades no recurrentes. Estas ayudas a la banca se tratan de los llamados Esquemas de Protección de Activos (EPA), en los que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y el de Garantía de Depósitos, compensó a las entidades que se hicieron durante la crisis con bancos en problemas con avales que podían ejecutar si afloraban pérdidas de estos últimos.

Pese a los años pasados tras la crisis, en 2017 las ayudas a la banca absorbieron 797 millones y otros 1.849 en 2018, lo que refleja que la factura de la reestructuración bancaria aún tiene impacto para el contribuyente. A este abanico de gastos extraordinarios también se añaden los 702 millones que Hacienda ha tenido que devolver por actas indebidamente cobradas a Telefónica, los 741 millones del IRPF devuelto por las prestaciones de maternidad y paternidad o 500 millones de créditos fiscales exigidos por las grandes empresas.

A ello se le suma que en las autonomías el desvío en el déficit se deberá, en dos décimas de PIB, a que el Estado no repartirá los 2.500 millones de euros de ingresos por IVA pendientes (aunque la Airef señala que sí distribuirá los 6.500 millones en entregas a cuenta actualizadas frente a las prorrogadas, ya que Hacienda así se lo ha transmitido) pero también a un gasto mayor en empleados, Sanidad y Educación y consumos intermedios.

Del lado de estos 2.500 millones de recaudación de IVA –que en el caso de las corporaciones locales son 500 millones, ya que el gravamen está compartido entre Estado, regiones y consistorios–, el Gobierno, al no poder aprobar los Presupuestos, no va a modificar el Sistema Inmediato de Información (SII) del impuesto por lo que las regiones se quedarán sin un mes de ingresos del tributo correspondiente a 2017. Fue entonces cuando entró el SII, que adelantaba las devoluciones y postergaba la fecha de declaración del IVA por lo que, por un efecto contable, el Estado se quedó con un mes menos de ingresos en 2017 que ahora las regiones le deben devolver en la liquidación de la recaudación a dos años vista.

El Ejecutivo quería volver a adelantar la fecha de declaración de IVA para que así este año pudiera ingresar contablemente un mes más que a su vez, lo repartiría en parte a las regiones y ayuntamientos. Como no aprobó las cuentas y al estar en funciones no puede cambiar la Ley, las regiones se quedarán sin este mes de ingresos lo que les resta estos 2.500 millones. Pese a ello, con estos recursos el déficit tampoco cumpliría el objetivo del -0,1% del PIB, debido al aumento de gastos de personal, Sanidad y Educación.

Tutela de Hacienda sobre varias CC.AA.

Y como colofón también es cierto que al recibir el año pasado muchos fondos europeos para financiar inversiones compartidas, este año el reparto ha sido menor, lo que dificulta aún más el cumplimiento este año. Como fuere, la Airef ha intentado depurar este efecto que es meramente temporal, (muchos de los fondos que llegaron en 2018 financiaban inversiones de años anteriores y en 2019 empezarán gastos cuya financiación comunitaria no llegará hasta dentro de varios ejercicios) y señala a las regiones díscolas quitando este fenómeno: incumplirán los límites de gasto Baleares (con un desembolso que podría aumentar un imponente 8,1%), Canarias, Madrid, Murcia y Navarra.

Para todas ellas la Airef llega a pedir al Ministerio de Hacienda que las tutele, con especial fuerza en el caso de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares con medidas correctivas, como exigirles planes de ajuste.

Los municipios elevaron el gasto ante los comicios

Del lado de los ayuntamientos, la relajación de la regla de gasto ha elevado con fuerza las inversiones. A ello se suma que, como avanzó ABC, los grandes ayuntamientos incumplen este año el marcaje de Hacienda gastando por encima con las urnas en la mirilla: la Airef cree que Madrid y Valencia incumplirán el tope al gasto mientras que Barcelona y Sevilla ni siquiera han elaborado un plan de ajuste para conocer sus planes.

Ello obedece a la evolución del arranque de año y la gestión de los ediles anteriores a las elecciones: en el caso de Madrid, cuando estaba el equipo de Manuela Carmena.

A vueltas con la Seguridad Social

Pero la Seguridad Social es el elefante en la habitación del déficit: si el tope de gasto que exige la UE marca un crecimiento máximo del desembolso del 2,7%, el sistema disparará su gasto en 2019 según la Airef un 7,5%, después de que el Gobierno de Rajoy y después de Sánchez ligaran al IPC las prestaciones y subiera las pensiones mínimas, de viudedad y no contributivas. Pese a que los ingresos por el aumento de las bases de cotización son mayores a lo que esperaba la Airef, debido a que los salarios están aumentando con más fuerza de lo previsto, esta medida no compensa el mayor desembolso.

Por ello, la Seguridad Social incumplirá su objetivo de déficit del 0,9% y seguirá engordando el déficit hasta el punto de que el cumplimiento de la previsión del 1,4% del Gobierno, más realista, está en el alambre, con un agujero de más de 17.000 millones, aunque la Airef ve factible que se cumpla la previsión de números rojos.

Por lo demás, el Estado cumplirá su previsión de acabar con un déficit del 1% del PIB ya que, además de quedarse con recursos que en principio se iban a repartir a administraciones territoriales, el gasto en subvenciones e intereses está siendo menor del estimado. Pese a ello, si bien la recaudación por IRPF está superando las estimaciones –para la Airef, sus ingresos aumentarán un 7,3%–, la del IVA «solo» crecerá un 3,9% (la Airef estimaba hace unos meses un 4,4%) mientras que el Impuesto de Sociedades ingresará menos de lo esperado por las devoluciones a Telefónica y a otra gran empresa que ingresó de más en 2018 a Hacienda, de forma que este año aumentarán sus devoluciones y lastrará los ingresos en el impuesto.