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La UE avisa a Google, Facebook y Amazon: «Podemos escindir empresas por problemas de competencia»

Mariya Gabriel, comisaria europea de Economía y Sociedad Digitales, atiende a ABC para hablar sobre empresas digitales, desigualdad, impuestos...

Mariya Gabriel, comisaria europea de Economía y Sociedades Digitales
Daniel Caballero

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El reto tecnológico no es exclusivo de España, sino que es compartido también por la Unión Europea. Así lo expresa Mariya Gabriel (Bulgaria, 1979), comisaria europea de Economía y Sociedades Digitales, que desgrana en ABC los pros y contras de la economía del futuro. Esa en la que la digitalización es –y será– la tónica dominante.

La crisis ahondó en mayor brecha social, lo cual todavía no se ha revertido. ¿La nueva economía significa también mayor desigualdad?

El potencial de la tecnología para mejorar nuestra vida es enorme, pero hay un riesgo de que, en vez de ser una fuerza para el avance social, pueda dar lugar a nuevas formas de exclusión social. La automatización de muchos puestos de trabajo y tareas producirá cambios estructurales en nuestros mercados laborales con repercusiones potencialmente significativas en los trabajadores actuales y futuros.

La llamada « economía de plataformas » ya está teniendo un gran impacto en la forma en que trabajamos, con muchos resultados positivos, como la libertad de tener un horario de trabajo flexible. Pero también existe el riesgo de que fomente los empleos de corta duración y tenga un impacto negativo en los salarios y en la protección social de los trabajadores, erosionando sus derechos y aumentando la desigualdad social.

La tecnología es una herramienta. No puede resolver por sí sola problemas sociales, políticos o económicos, pero sí puede desarrollar lo que nuestras intenciones de seres humanos pretenden. Corresponde a todos nosotros, a los responsables políticos, al sector privado y a la sociedad civil, orientar la economía digital hacia la igualdad y la capacitación de todos.

La fiscalidad es un asunto capital en Europa, por la tributación de estas empresas fuera del lugar donde prestan el servicio. ¿Debemos avanzar en la UE hacia una nueva fiscalidad específica para la nueva economía que está por venir?

Las empresas deben pagar la parte de impuestos que les corresponde en el lugar donde se genera el valor. Esto es válido tanto para las empresas digitales como para cualquier otra. Pero es obvio que la naturaleza de las empresas digitales puede hacer difícil evaluar dónde se crea el valor y, por tanto, dónde debe pagarse el impuesto. La Comisión ya ha querido abordar este asunto, presentando, en marzo de 2018, dos propuestas destinadas a garantizar que las empresas digitales tributen de manera justa y pensando en favorecer el crecimiento.

Estas propuestas también han servido de base para un debate más amplio sobre cómo gravar a las empresas digitales . Hay un amplio debate abierto a nivel internacional (OCDE, G-20) y parece que ha llegado el momento de alcanzar una solución. Consideramos que la propuesta de la OCDE, que plantea unificar los criterios para abordar la competencia fiscal y garantiza un enfoque más equitativo, puede sentar las bases de un acuerdo satisfactorio en 2020. No obstante, si estos esfuerzos internacionales no prosperan, la Comisión está dispuesta a tomar la iniciativa y actuar sola para hacer frente a la reforma de los sistemas de fiscalidad aplicables a las empresas internacionales.

Las empresas digitales son cada vez más grandes, hasta el punto de que las tecnológicas son las compañías más valoradas del mundo. ¿Pueden pocas empresas con mucho poder, como Amazon, Google o Facebook, provocar problemas de competencia, no solo en Europa, sino en todo el mundo?

El riesgo existe, ciertamente. Hemos expresado nuestra preocupación por el predominio de un grupo reducido de empresas líderes en el ámbito digital, y la Comisión Europea seguirá, sin duda, vigilando de cerca este mercado durante los próximos años.

El historial de la Comisión en la lucha contra los abusos de poder por parte de las empresas digitales habla por sí solo. Nunca hemos evitado en Europa tomar decisiones difíciles y a veces impopulares cuando hemos visto que los consumidores y las empresas han sufrido estos abusos.

La Comisión dispone de instrumentos extremadamente potentes en materia de competencia, incluida la posible escisión de empresas dominantes , y aunque estas medidas extremas sólo se adoptarían en casos excepcionales, la posibilidad de adoptar medidas legales o reglamentarias para resolver los problemas de competencia sigue siendo elevada.

Lo que es más difícil de predecir es si el resto del mundo seguirá el ejemplo de Europa. En muchos casos así ha sido, pero cuando las empresas que usted menciona tienen su sede en otros territorios y jurisdicciones, no siempre será tan obvio que sigan el ejemplo de Europa en detrimento de su propia industria. No hay nada nuevo en este ámbito: nos enfrentamos al reto perenne de regular el mercado de la manera más justa posible. Pero Europa nunca ha tenido miedo de actuar unilateralmente para proteger los intereses de sus empresas y ciudadanos si los enfoques multilaterales no van lo suficientemente lejos, y está claro que, si fuera necesario, este sería también el caso en el ámbito digital.

«La Comisión está dispuesta a tomar la iniciativa y actuar sola para hacer frente a la reforma de los sistemas de fiscalidad aplicables a las empresas internacionales»

Estados Unidos tiene SiliconValley y las grandes tecnológicas mundiales. Sin embargo, Europa no cuenta con referentes tecnológicos. ¿Nos estamos quedando atrás en la revolución digital?

La digitalización de la sociedad es un fenómeno mundial, y Europa tiene indudablemente un papel que desempeñar en su desarrollo. El hecho de que Europa no tenga un equivalente a Silicon Valley no significa que no seamos un actor importante. La Unión Europea apoya y fomenta la investigación y el desarrollo en el sector digital pero nuestro enfoque es más amplio. La UE es un importante polo de atracción en este ámbito y, de hecho, es líder en muchos de sus sectores más importantes, como la protección de datos, la ética aplicada a la inteligencia artificial (IA) o la ciberseguridad . Somos, a menudo, la referencia a la hora de establecer normas a escala mundial, lo que refuerza más aún nuestra capacidad de influencia.

Europa tiene también sus propias ambiciones tecnológicas. En ámbitos tan destacados como la IA, la computación cuántica, la informática de alto rendimiento o el blockchain, la UE y sus Estados miembros han declarado su intención inequívoca de competir con los mejores, y además hemos respaldado estas declaraciones con apoyo político y financiero. En aquellos ámbitos en los que la UE no es líder, pero en los que consideramos que existe una clara necesidad de soberanía tecnológica, nos estamos centrando en el desarrollo de nuestras propias tecnologías «made in Europe». No se trata de reinventar la rueda ni de hacer cosas de forma distinta solo por hacerlas. Lo que pretendemos es basarnos en la tecnología desarrollada en otros sitios y adaptarla a las necesidades de Europa.

Hace días conocíamos precisamente el uso fraudulento por parte de Google de ciertos datos de usuarios. Y la economía del futuro se basará en los datos, según los expertos. ¿Falta reflexión ética sobre el uso de los datos para que no vuelvan a suceder este tipo de casos?

No podemos subestimar la importancia de los datos. Son el combustible que impulsa muchas de las nuevas tecnologías que ya están cambiando nuestras vidas: de la IA al blockchain y, como cualquier otro combustible, tienen un valor propio.

Son también una fuente de energía que se renueva continuamente: cuantos más datos se utilicen para desarrollar nuevos productos y tecnologías, más datos se incorporarán a su vez al sistema para contribuir a desarrollar la próxima generación de productos y servicios. Puesto que la cantidad y la complejidad de los datos aumentan, por no hablar de su valor, el reto de mantenerlos seguros y protegidos, abiertos y disponibles es aún mayor .

Por lo que sabemos, la mayoría de las personas están dispuestas a compartir sus datos si se sienten seguros al hacerlo, ya que son conscientes de las ventajas que esto puede reportarles. La inteligencia artificial y los superordenadores pueden, por ejemplo, utilizar el enorme volumen de datos disponible sobre pacientes oncológicos para acelerar considerablemente la búsqueda de un tratamiento. La mayoría de las personas están dispuestas a compartir sus datos, siempre que sean anónimos (es decir, que no permitan rastrear su identidad) y que no se utilicen para generar beneficios para las empresas sin su consentimiento.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE es el responsable, en gran medida, de esta buena disposición a compartir. El RGPD ofece a los ciudadanos y a las empresas unas garantías tan sólidas sobre la seguridad de sus datos que hace que se sientan mucho más dispuestos a compartirlos.

«Todavía queda camino por recorrer en lo que respecta a la vigilancia de la forma en que se utilizan los datos que se comparten libremente»

Como mencioné anteriormente, la UE es la referencia en la normalización mundial en muchos ámbitos digitales y la protección de datos es, sin duda, uno de ellos. Ya hemos visto el interés de otras partes del mundo en reproducir los niveles de protección de los consumidores que ofrece el Reglamento General de Protección de Datos, pues la conciencia global sobre la importancia y el valor de los datos nunca ha sido mayor. Y gracias a esta creciente sensibilización se ha llegado a la conclusión de que las personas deben asumir la responsabilidad de mantener la seguridad de sus datos, lo que podríamos llamar «ciberconcienciación» . El debate debe centrarse en estos aspectos y no tanto en el valor de los datos (algo que resulta obvio), es decir, en cómo asumir la responsabilidad personal de controlar esos datos y mantenerlos seguros cuando no se desee compartirlos.

Todavía queda camino por recorrer en lo que respecta a la vigilancia de la forma en que se utilizan los datos que se comparten libremente. Toda persona que comparta sus datos tiene su legítimo derecho a saber que no están siendo explotados con fines lucrativos sin ningún beneficio para ella, ni se están compartiendo o manipulando de forma ilegal o fraudulenta. Como responsables políticos debemos asegurarnos de que todos los eslabones de la cadena de valor de los datos estén seguros, desde los dispositivos conectados que los generan y la conectividad 5G que los transfieren, hasta la nube en la que se almacenan y los sistemas de IA y los superordenadores que los procesan. Y hemos de asegurarnos de que las normas que establezcamos sean duraderas, para seguir garantizando la seguridad de los datos para los ciudadanos y las empresas, independientemente de la rapidez de los desarrollos tecnológicos.

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