La Autoridad Fiscal pide al Gobierno evaluar a qué se destinan los fondos de la UE

Estos cambios normativos apuntan, sobre todo, a elevar los recursos con los que cuenta la institución para crear una división especializada y así poder evaluar no solo a iniciativa de las administraciones sino a petición propia. Además la Airef urge a tener mayor autonomía para poder incorporar personal que no sea funcionario, tales como académicos, para labores de evaluación y demás áreas ya que en la actualidad deben recurrir a colaboraciones puntuales y trabajadores de otras divisiones.

Entre las medidas que quiere monitorizar el organismo se cuentan el posible impacto en déficit a través de los avales desplegados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), moratorias fiscales y de cotizaciones y demás pasivos contingentes. «La certidumbre de reembolso o la posibilidad de rentabilidad son criterios y características que pide Eurostat», señalan fuentes de la Airef, que lamentan no disponer de información suficiente al respecto al no haberla recibido del Gobierno. Estas fuentes de la institución apuntan que lo importante no es la cantidad –el Gobierno ha aprobado 100.000 millones de euros en avales – sino cuánto se perderá en forma de créditos a empresas que no puedan devolverlos. En estos casos, el avalista es el Estado, por lo que tendrá que asumir buena parte de esta morosidad futura.

Pero el gran elefante en la habitación de los próximos años serán los 140.000 millones de euros en préstamos y transferencias a fondo perdido. –unos 74.000 millones de euros–. Desde la Airef abundan que no creen que «ninguna institución en solitario pueda hacer una evaluación de todos los planes que puedan presentarse. Desde luego, la Airef no», subrayó. Estas mismas fuentes sí consideran que la Autoridad Fiscal puede aportar «expertise» y evaluar los proyectos más ambiciosos, pero no todos.

«La premura que hay para la presentación de esos planes dificulta hacer una evaluación en profundidad. Evalución sí, pero acotemos cuándo y qué», reclama la institución, para recomendar realizar una monitorización de este gasto en el momento de la ejecución. Sin ir más lejos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió en agosto que unos 20.000 millones de euros de los fondos europeos engrosarían los Presupuestos Generales del Estado en 2021, elevando el techo de gasto en esta cantidad.

Junto a ello, el organismo señala que en los próximos años se analizarán cuestiones relativas al ámbito medioambiental, así como las relativas al envejecimiento, los planes de pensiones o el ámbito sanitario.