La Autoridad Fiscal pide que las Cortes controlen las cuentas públicas del Estado

Esta horquilla varía en función de si el Ejecutivo finalmente aplica ajustes o no. En caso contrario, el boquete en las cuentas públicas se iría al 4,7%, más de un punto por encima del umbral que el Gobierno remitió a Bruselas hace tres meses. La medida estrella es el tipo mínimo para que las grandes empresas anticipen el Impuesto de Sociedades, un cambio que proporcionará 6.000 millones este año a las arcas públicas. Esta medida ya existía desde 2012 con carácter temporal. Las empresas que facturaban más de 20 millones, al dividir el pago del tributo en abril, octubre y diciembre, tenían que adelantar al menos un 12% de su resultado contable. Después, en julio, cuando se presenta la declaración anual, se liquidaban las diferencias.

El Ejecutivo puso fin a esa medida este año pero ahora ha cambiado de parecer y ha anunciado que la va reestablecer para levantar la maltrecha recaudación del tributo. En la información proporcionada por el Ejecutivo a la Autoridad Fiscal figura que el nuevo anticipo será permanente , por lo que continuará en 2017 y más allá. Asimismo, como señalan fuentes de Economía, el Gobierno establecerá un tipo de, al menos, un 20%. Es decir, casi el doble del 12% que pagaban hasta el año pasado.

Como muestra del desvío de la Administración, la Airef señala que el Estado incumplirá el objetivo de déficit –del 1,8% del PIB este año– y cerrará en el 2,1%. Si no aplica el anticipo para las grandes empresas, se irá al 2,7%, es decir, al mismo nivel que en 2015. El organismo también prevé que el agujero en la Seguridad Social se irá al 1,6% del PIB en 2016 –frente al 1,1% exigido– mientras que las comunidades autónomas se quedarán cerca de la meta exigida, con un 0,8%, una décima por encima. Los ayuntamientos, por su parte, tendrán un superávit del 0,4%.

Varios factores han cambiado desde la última previsión de hace tres meses de la Airef. El impacto de la bajada de impuestos sobre las arcas públicas ha sido mayor a lo previsto, lo que ha mermado la recaudación en Sociedades e IRPF. Asimismo, la inflación ha sido menor de lo estimado lo que se traduce, también, en menores ingresos para Hacienda. Y por último, la Airef señala cierta desidia en la aplicación de los ajustes anunciados por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. De los 1.500 millones que el Ejecutivo señala que las regiones van a ajustar por la congelación de su gasto público, la Airef solo se cree unos 300.

En el Programa de Estabilidad, el Ejecutivo recogía un recorte de 1.500 millones por parte de las comunidades: 700 a través de acuerdos de no disponibilidad de gasto y otros 800 por inejecución del presupuesto. De los primeros, solo Extremadura ha aprobado un ajuste creíble a ojos de la Airef, por importe de 44 millones. El resto de acuerdos no tenían efecto sobre el déficit, según el organismo, por lo que no se traducía en un ajuste palpable. De los 700 millones restantes, la Airef solo admite como creíbles, 300 millones.

Debido a ello, el organismo dirigido por José Luis Escrivá reclama que Hacienda retire los mecanismos de liquidez a las autonomías que no ajusten sus cuentas debidamente, tal y como Hacienda anunció que haría hace unos meses.

Del lado del Estado, el Gobierno anunció un recorte de gasto de 2.000 de los que solo ha instrumentado 1.700 según la Airef. La Administración Central controla a ayuntamientos y comunidades, pero no tiene ningún organismo desde el punto de vista de la Ley de Estabilidad, que vigile su propia evolución presupuestaria. Por ello, la Autoridad Fiscal va más all. Y propone que las Cortes controlen la reducción del déficit del Estado. a través de medidas preventivas .

La sugerencia de la Autoridad Fiscal recoge que el Gobierno envíe un informe mensual de la ejecución del Estado a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y a la propia Airef. Mayor transparencia para asegurar el rigor.