Autónomos y pymes podrán aplazar sin aval deudas de hasta 30.000 euros con el Fisco

La Agencia Tributaria elevó a finales de 2015 el umbral máximo de aplazamiento sin aval de 18.000 euros a 30.000 euros, lo que benefició a pymes y autónomos. Sin embargo, a finales de 2016 Hacienda endureció en un decreto las concesiones del Fisco en el cobro de deudas para así recaudar 1.500 millones este año y lograr bajar el déficit. Una norma que ya suavizó el pasado año para las pequeñas deudas.

El nuevo aplazamiento beneficiará a pymes y autónomos sobre todo, ya que verán cómo pueden aplazar sus cuotas de IVA, IRPF y Sociedades -así como otras deudas tributarias desde sanciones o actas hasta multas de tráfico- por debajo del umbral de los 30.000 euros. Los contribuyentes que soliciten estos aplazamientos pagarán, como siempre, intereses de demora que ahora están en el 3,75%.

Así durante este ejercicio las pymes podrán aplazar sus cuotas de IVA y del Impuesto de Sociedades sin garantías hasta un máximo de seis plazos mensuales. En el caso de los trabajadores autónomos, el límite se irá a los doce meses y aliviará las cuotas de IRPF e IVA a las que deben hacer frente. No se podrán aplazar las retenciones del Impuesto de la Renta de los trabajadores del autónomo y los pagos fraccionados de Sociedades, como ya ocurrió el pasado ejercicio.

El sistema será similar al del año pasado. Los autónomos podrán así seguir solicitando aplazamientos y fraccionamientos de IVA si justifican que no han cobrado las cuotas repercutidas. Por tanto, los trabajadores por cuenta propia deberán acreditar que no han cobrado las cuotas de IVA repercutidas, en particular en aquellas solicitudes que excedan el límite exento de garantías. Al margen de este impuesto, la medida beneficia a todas las deudas tributarias que el decreto de 2016 no consideraba «inaplazables».

En cuanto a las deudas superiores a 30.000 euros, en el caso de los autónomos la Agencia Tributaria abrirá de nuevo la posibilidad de conceder los aplazamientos en función del tipo de garantía aportada por el deudor y por un plazo máximo de 36 plazos mensuales, como también ocurrio en 2017. En este escenario, será necesario acreditar que las cuotas de IVA repercutidas no han sido pagadas .

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) criticó durante el pasado año la prohibición de aplazamientos aprobada en un principio por Hacienda y consiguió un compromiso del ministerio para que no afectara a los trabajadores por cuenta propia. Finalmente, pequeñas empresas y autónomos pudieron continuar aplazando sus deudas con el Fisco en 2017, lo que también ocurrirá en 2018.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, aseguró ayer a ABC que « la posibilidad de aplazar el IVA y otros impuestos supone oxígeno para los autónomos . No haberlo concedido y haber suprimido dichos aplazamientos hubiera significado destrozar económicamente a muchos autónomos ». Añadió que la decisión del departamento que dirige Cristóbal Montoro es «principalmente una ayuda a los autónomos que sufren la morosidad y que deben adelantar el IVA de facturas emitidas pero no cobradas». Amor celebró un año más de prórroga porque «da liquidez a los autónomos justo cuando más lo necesitan».

La medida tiene un impacto directo sobre más de 500.000 autónomos . La mayor parte de las peticiones de aplazamientos que recibe la Agencia Tributaria son de pequeñas cuantías, por lo que las consecuencias de este guiño es amplio. El 98,87% de las solicitudes de aplazamientos al Fisco fueron de cantidades menores a 30.000 euros , es decir, en torno a millón y medio de contribuyentes. La medida supone una inyección de liquidez a pymes y autónomos, que solicitan estas prórrogas de pequeños importes, como demuestra el hecho que los aplazamientos de menos de 30.000 euros suponen un 57% de los importes totales solicitados.

Por ejemplo, en 2016 de los 1,662 millones de aplazamientos que llegaron a las oficinas del Fisco, la Agencia Tributaria llegó a acuerdo de aplazamiento con 1,340 millones por un importe de 4.129 millones de euros. La mayor parte de ellos corresponde a pymes y autónomos. Asimismo lo denegó a 149.418 peticiones, por importe de 390 millones.

La crisis provocó que se multiplicaran las pequeñas empresas que pedían fraccionamientos o aplazamientos a Hacienda: si en 2007 el importe ascendía a 4.975 millones, en 2012 se alcanzó la cima de 17.595 millones, cuatro veces más, según los datos de las memorias de la Agencia Tributaria.