Autónomos y pymes no han recibido aún ni un euro en ayudas directas

Y con este mar de fondo, las ayudas directas para ayudar a pymes y autónomos no llegan a su destino. La gestión del paquete de 7.000 millones para reforzar la solvencia empresarial, aprobado un año después de la pandemia, se dejó en manos de las autonomías y hoy ni las comunidades pueden gestionar, ni las empresas recibir los fondos. Ni un solo euro ha llegado al bolsillo de las empresas con problemas de solvencia casi tres meses después de ser aprobadas, una situación que se produce mientras muchas de ellas están en una situación muy delicada, en algunos casos, agónica.

Los cálculos no le han salido al Ejecutivo. Contaba con que el marco legal que regularía estas ayudas estaría listo en 40 días una vez aprobadas el 12 de marzo tras fuertes desencuentros en el seno del Gobierno entre el PSOE y Podemos. Y a partir de ahí sería cada región la que articularía la entrega de las cantidades. Estos cálculos situaban a finales de abril la fecha para que pymes y autónomos recibieran los fondos. El tiempo ha demostrado que no ha sido así. ¿Qué está ocurriendo?

Las fuentes empresariales consultadas achacan este atasco al mecanismo elegido para hacer llegar las ayudas. Explican que mientras el Gobierno delegó en las comunidades autónomas la gestión de las mismas. Otros países como Alemania y Francia optaron por inyectar directamente los fondos a las empresas, lo que en los países vecinos hizo eficaz la medida y en España muy enrevesada, apuntan. La misma ruta que deben seguir las comunidades para recibir los fondos es compleja. Primero, deben realizar un convenio para la recepción de las ayudas y, posteriormente, hacer lo mismo con Hacienda, que debe verificar que los datos que tienen las autonomías y se exigen a las empresas son veraces. Apuntan las mismas fuentes que todo ello ahoga el proceso en la burocracia, lo que unido a una norma «muy enrevesada», complica la llegada de los fondos su destino, que deben estar completamente desembolsados antes de que acabe el año.

Todas las regiones han realizado ya el convenio exigido para recibir las ayudas y poder inyectarlas a las empresas, a las que se exige una caída mayor al 30% en la facturación y no haber empezado un proceso concursal. También deberán estar al corriente de sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social. Por el camino, el Gobierno aceptó modificar la norma para que la asistencia llegara a empresas viables, pero con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, y abrió la mano para que las comunidades pudieran incluir nuevos sectores especialmente afectados en sus territorios.

La presión de CEOE, Cepyme y ATA fue clave para que Economía cediera y dejara en manos de las autonomías la posibilidad de ampliar las 95 actividades seleccionadas en el real decreto ley que regula los fondos como beneficiarias de las ayudas. La rectificación llegó después de que la organización que dirige Gerardo Cuerva denunciara que más de dos millones de pymes serían excluidas por los requisitos sectoriales impuestos , lo que se traduciría en que el 59% de las pymes madrileñas en apuros no tendrían ayudas y el 56% de las catalanas.

Las empresas madrileñas y las de Castilla y León serán las primeras que empezarán a liberar las ayudas. En el caso de Madrid, los pagos se esperan ya en junio, después del largo trámite burocrático que conlleva el plan, y en medio de las recurrentes tensiones entre el Ejecutivo madrileño y el central. Durante el proceso, el primero acusó a Hacienda de retrasar los pagos, y el Ejecutivo a Madrid de firmar tarde el convenio. Sea como fuere, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recibido 679 millones, que complementará con 220 millones propios para sectores no cubiertos. Madrid está a la cabeza en el pago de estas ayudas y solo hace unas semanas era puesta en la diana por el presidente Sánchez con acusaciones de «bloquear» con el 4-M las ayudas.

Organismos como Funcas ya advirtieron sobre la gestión ideada para los desembolsos. «El principal riesgo atañe a la puesta en marcha, más compleja que en los otros países, algo que podría retrasar significativamente la llegada de las ayudas, además de plantear desafíos de gestión y de disparidad entre las diferentes comunidades», relató en un artículo el su director de Coyuntura, Raymond Torres. En el mismo se tachó el plan de los 7.000 millones de ser el más raquítico y tardío entre los adoptados por las principales economías europeas. El documento alertaba de que las medidas llegaban «varios meses más tarde» que en Alemania, Francia e Italia.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido muy crítico con la forma en la que el Gobierno de Sánchez ha gestionado estas ayudas. «Mientras países como Alemania han dado por cada 100 euros que han perdido los autónomos 74 euros en ayudas directas, en España esta cifra se reduce a 20 euros por cada 100 euros perdidos. En Francia la relación es de 58 euros por cada 100 euros de pérdidas, y en Italia y Reino Unido 44 y 38 euros respectivamente, relata el también vicepresidente de la CEOE.