Autónomos, funcionarios y mileuristas, los más afectados por la prórroga presupuestaria

La Carta Magna también fija que si a 1 de enero de un ejercicio no hay nada aprobado, se prorrogan automáticamente las cuentas . Por ello, si se acortasen los trámites legislativos, quizá las cuentas entrarían en fecha si el Gobierno las presenta las próximas semanas. Otro plazo aún si cabe más importante es el 15 de octubre: antes de esta fecha el Ejecutivo debe remitir a la Comisión Europea un borrador de los Presupuestos para que Bruselas les dé el visto bueno.

Lo único claro hasta el momento es que el retraso en la aprobación de los Presupuestos deja en el aire todas las medidas fiscales que estaba previsto que entraran en vigor el próximo 1 de enero. Fuentes del Gobierno señalan que esta es la intención de Hacienda, para así aumentar la presión política sobre los partidos a la hora de sumar apoyos. Rebaja de IRPF para las rentas más bajas, nueva ley de autónomos, mejoras en el permiso de paternidad y rebajas en el IVA para el cine del 21 al 10%.

Al retrasarse la aprobación de las cuentas públicas, y con ello el inicio de la tramitación parlamentaria, podría darse el caso de que los Presupuestos no estén definitivamente aprobados antes del 31 de diciembre. Si se diera este caso se prorrogarían de forma automática hasta el día en que entrasen en vigor los de 2018. ¿Qué ocurriría en este caso?

El Ejecutivo ha precisado que entrarían «con efectos retroactivos», lo que afectaría, por ejemplo, a la subidas de sueldo de los funcionarios que el Gobierno negocia en estos momentos con los sindicatos: Hacienda había ofrecido un máximo del 8% para los tres próximos años ligado al PIB y al déficit. Para 2018, la subida contemplada era del 1,5% fijo más un 0,25% variable si se logra o se supera ligeramente la previsión del PIB–que ahora es del 2,6%– y otro 0,25% si el crecimiento supera en cuatro décimas las estimaciones del Gobierno. Al llegar el 1 de enero, si no hay Presupuestos y se prorrogan los del año pasado, se congelarían los sueldos. En el mes en el que entrasen las cuentas en vigor, se pagaría a los empleados públicos el porcentaje acumulado de otras mensualidades en una extra aparte. Algo así ocurrió este año, cuando las cuentas entraron en vigor en julio y el 1% de subida de los meses anteriores se abonó en una «extra».

El grueso de las medidas que no tienen fecha de entrada en vigor han sido pactadas entre el Gobierno y Ciudadanos . Así, por ejemplo, a cambio de respaldar el techo de gasto para 2018 el Ejecutivo accedió a ejecutar una rebaja del IRPF para las rentas más bajas. Está previsto que los llamados mileuristas paguen cero impuestos.

El umbral exento de pagar IRPF se subirá de 12.000 a 14.000 euros brutos al año. Por tanto, los que ganen entre 12.000 y 14.000 euros dejarían de tributar por el impuesto de la Renta. Para los que ganan entre 14.000 y 17.500 euros entrarán reducciones por rendimientos de trabajo que incrementarán gradualmente la factura fiscal a pagar. Una bajada que se reducirá a cero al llegar a los 17.500 euros.

Junto a ello se iban a extender el impuesto negativo en el IRPF a trabajadores con personas dependientes o mayores a su cargo, con un cónyuge discapacitado y a las familias numerosas con cuatro hijos. Este paquete de 2.000 millones en rebaja en el IRPF no entraría en vigor el 1 de enero. Sin fecha se quedan también las nuevas bonificaciones y ayudas de guardería para las familias con hijos de hasta tres años en la renta, al igual que materializar el compromiso de rebajar el IVA de las entradas de cine del 21 al 10% que anunció el Gobierno.

Tampoco parece posible que desde el 1 de enero próximo se apliquen las ayudas para que mejoren los permisos por paternidad . En principio, lo que está previsto es que los padres de bebés nacidos a partir del 1 de enero de 2018 puedan contar con una semana más de permiso de paternidad, según acordaron PP y Ciudadanos. Con esta ampliación de baja por nacimiento ambos progenitores sumarán en conjunto 21 semanas de permiso.

Fruto del acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos también queda en el aire la nueva ley de autónomos , que fue aprobada por unanimidad del Congreso a finales del pasado mes de junio y tiene un coste de 1.000 millones. Pero si no hay Presupuestos, tampoco tendrá respaldo presupuestario la norma. Los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia podrán beneficiarse cuando entre en vigor de una batería de más de 20 medidas que incluyen desgravaciones, reducciones de sanciones y apoyo a una actividad que ha sido la gran protagonista de la creación de empleo en España desde que en 2014 comenzó a creer la ocupación tras seis años de crisis.

La reforma amplía de seis meses a un año la tarifa plan de 50 e uros y la previsión es que entrara en vigor desde el 1 de enero. La norma incluye también medidas que afectan a las mujeres autónomas que hayan tenido hijos. Así, aquellas que hubiesen cesado su actividad por maternidad, adopción o acogimiento y tutela y se reincorporaran al trabajo durante los dos años posteriores a la fecha del cese, podrán disfrutar de una tarifa plana de 50 euros por un periodo de 12 meses si esa trabajadora optó por la base mínima. Si, por el contrario, lo hizo por una base superior a la mínima tendrá una bonificación del 80% sobre la cuota por contingencias comunes. La norma incluye una exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año por cuidado de menores o dependientes para garantizar de esta forma una mejor conciliación de la vida laboral y familiar de la autónoma.

Los cambios aprobados por el Congreso también permitirán a los autónomos tener cubiertos los accidentes «in itinere» (de ida o vuelta del trabajo) y podran deducirse en el IRPF los gastos de manutención afectos a la actividad por un importe máximo de 26,67 euros y 48 euros si el trabajo se realiza en el extranjero.

Otro resorte de presión que tendrá el Gobierno para empujar a otros partidos políticos a aprobar los Presupuestos son las entregas a cuenta del sistema de financiación . Las cuentas de 2018 incluirán unos recursos para las comunidades de más de 95.000 millones de euros, unos 4.700 millones más que en 2017. Pero si se prorogan los Presupuestos de 2017, también lo hará su financiación. Este año, las regiones no empezaron a recibir sus entregas a cuenta actualizadas hasta julio, cuando entraron en vigor las cuentas de este año. Hasta entonces se congelaron con pequeños cambios las del año pasado.

Si bien el Ejecutivo puede aprobar esto por decreto, al ligarlo a las cuentas eleva la presión política para conseguir los apoyos necesarios. Curiosamente, el País Vasco no depende de estas entregas a cuenta al contar con un régimen foral, un punto importante por el rol del PNV en la negociación. Junto a ello, la falta de apoyos a las cuentas también evidencia el difícil camino para aprobar otras reformas, como la de la financiación autonómica.

La mayor parte de las comunidades están gobernadas por el PSOE y la falta de entendimiento con el PP, a lo que se añade la tensión generada con Cataluña por el 1-O, construye un perfecto callejón sin salida político.