Autonomías y ayuntamientos copan la mitad del gasto público, un 23% más que hace dos décadas

Sin contar el abono de los vencimientos de la deuda, las autonomías se gastaron el año pasado 180.768 millones de euros, y 69.419 millones las entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares-.

Las administraciones territoriales han agrandado un 23% su porción en la tarta del gasto público español, que es la que le han arrebatado al Gobierno central. En realidad, las entidades locales tienen prácticamente la misma porción que a mediados de los 90, pero el gasto público que está en manos de las autonomías es casi un 60% mayor. Y ese poder presupuestario que han acumulado las autonomías ha ido en detrimento del Gobierno central. En 1995, Moncloa tenía en su mano el 65% de todo el dinero que consumía el sector público; ahora alcanza a duras penas el 50% y, además, ha tenido que financiar la deuda autonómica cuando esta ha puesto en jaque a las administraciones regionales.

El Estado es quien responde en último término de las cuentas autonómicas, pero lo tiene complicado para meterlas en cintura. «Eso es consecuencia directa de cómo está montado el sistema constitucional del Estado de las Autonomías», del margen de maniobra que les otorga y del poder que han acabado asumiendo, explica Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. A raíz de la crisis, el Gobierno llamó al orden a las administraciones territoriales. Como demuestran las cifras de saneamiento y gasto, la disciplina sí surtió efecto en los ayuntamientos, pero quedó desdibujada en el paisaje autonómico. En el último decenio, han sido notorios l os casos de gobiernos regionales que han incumplido -algunos de forma gruesa y sistemática- los objetivos económicos fijados por el mismo Estado que les socorre.

En los diez últimos años -de 2009 a 2018-, los gobiernos regionales han tenido que pedir prestados 388.440 millones de euros para poder hacer frente a todo lo que han gastado. De todo ese dinero que han recibido al debe, algo menos de la mitad -178.324 millones- lo han dedicado a pagar los vencimientos de la deuda atrasada. El resto, más de 210.000 millones, han sido para enjugar los números rojos en los que se instalaron hace año las administraciones autonómicas, por gastar sistemáticamente más de lo que ingresan.

Cuando azotó la crisis, ésta puso en evidencia a las autonomías que más habían incurrido en los excesos -con Cataluña en el pelotón de cabeza-. Incapaces de financiarse por sí mismas, el Estado les evitó la quiebra acudiendo en su rescate. Así llegaron los mecanismos extraordinarios de financiación -FLA, Plan de Pago a Proveedores, Facilidad Financiera...-, que también acabaron ayudando a los ayuntamientos. Esos mecanismos consiguieron lo más urgente -esquivar la debacle y poner a salvo a las autonomías que se tambaleaban-, pero algunos expertos critican que no sirvieron para reconducir estructuralmente los excesos de las administraciones regionales. « Aquel primer ‘‘rescate’’ se repitió luego varias veces y, desde entonces, parece que hay de nuevo vía libre», indica Pampillón. A su juicio, tras el auxilio financiero inicial que se dio a las administraciones territoriales, el Estado debería haber sido más estricto y haber dejado que fueran esas administraciones las que asumieran sus responsabilidades. «Cada palo debe aguantar su vela, y las autonomías que quieran gastar más allá de lo convenido por el conjunto del Estado deberían saber que no lo harán sin asumir un coste político», afirma. Pampillón plantea que las administraciones incumplidoras tengan que solucionar su exceso de gasto con un aumento de los impuestos. Así, «los ciudadanos sabrían realmente lo que les cuesta la gestión política de su respectivo gobierno territorial». Gastar da votos; subir los impuestos, no. El problema, afirma Pampillón, es que hasta ahora el exceso de gasto de las autonomías no se nota lo suficiente en los impuestos, porque las autonomías optan por cubrirlo con endeudamiento.

En lo peor de la crisis, cuando habían saltado todas las alarmas, se puso sobre la mesa la necesidad de adelgazar los entramados públicos para reducir el gasto. Pero, pasado aquel momento crítico, el asunto ha quedado en un segundo plano y hace años que las autonomías volvieron a aumentar su gasto. Sin contar vencimientos de deuda (amortizaciones), los gobiernos regionales gastaron el año pasado 180.768 millones de euros, 16.000 millones más que en 2013.

Es un nuevo aumento del gasto estructural, en el que destaca el apartado de personal -las autonomías han engordado sustancialmente sus plantillas en los últimos años-. «Parte de esos gastos son muy necesarios, porque tienen que ver con la educación y la sanidad públicas -que son competencias que gestionan las comunidades autónomas-, pero también hay cantidad de empresas públicas y organismos de lo más diverso que han ido creando los gobiernos autonómicos y que en muchos casos son totalmente prescindibles», indica este catedrático de Economía. Son entes que han tejido una extensa «administración paralela» controlada por los gobiernos autonómicos, un entramado más difícil de fiscalizar, más manejable y generosamente nutrida en personal y presupuestos.

«Hay muchas entidades que en absoluto están justificadas, hay duplicidades entre administraciones y hay un exceso de entramados mientras se sigue produciendo déficit y continúa creciendo una deuda que es fundamental contener», indica Rafael Pampillón, quien advierte del riesgo que supone el endeudamiento público que acumula España. En primer lugar, porque el multimillonario coste que tiene en concepto de intereses y, en segundo, por el impacto que tendría si se desencadenara un nuevo escenario como el que se produjo tras estallar la crisis de 2008. En estos momentos el endeudamiento es mucho mayor que entonces, lo que complicaría el margen de maniobra para responder ante un cuadro económico de esas características.

En las últimas décadas se completó el traspaso de competencias a las autonomías. Eso no solo ha reordenado la distribución del gasto entre administraciones, sino que también ha encarecido la cifra de conjunto, lo que cuesta el sector público en su totalidad.

A mediados de los años 90, a España le bastaban unos 200.000 millones de euros para cubrir todo su gasto público no financiero -que abarca todos los costes, excepto los pagos de vencimientos de deuda-. Ahora necesita medio billón de euros. El incremento ha sido enorme en comparación con cómo ha aumentado la población, y ha sido también mucho mayor que la inflación. Los resultados son elocuentes: desde 1995, el gasto público español se ha disparado un 145%, mientras que la población del país ha aumentado un 18% y la inflación lo ha hecho en torno a un 65%.

Pese al despegue económico de los últimos años y a los crecientes ingresos que le ha reportado a las administraciones públicas, las autonomías han quedado ancladas en un endeudamiento recurrente. El año pasado tuvieron que pedir prestados 39.000 millones de euros para poder cuadrar sus gastos, entre los que se incluyó el abono de casi 33.000 millones por amortizaciones obligatorias de deuda.

El grueso del gasto público de las autonomías se concentra en la sanidad y la educación públicas, los dos grandes servicios públicos que están en manos de los gobiernos regionales. Según la última liquidación oficial disponible, la del ejercicio 2016, las autonomías se gastaron en la sanidad pública 61.632 millones de euros, y algo más de 37.000 millones en educación. Entre esos dos grandes servicios concentran en torno al 60% de todo el gasto no financiero de las Administraciones regionales.

El año pasado, los gobiernos autonómicos se gastaron en sueldos un total de 77.395 millones de euros. Incluye tanto las nóminas de los empleados que tienen contratados como las cotizaciones a la Seguridad Social. Ese coste de personal representa el 43% de todo el gasto no financiero de las comunidades autónomas; es decir, el 43% de todo lo que gastaron durante el último año, sin contar las amortizaciones de deuda -que se pagan con cargo a nuevo endeudamiento-. En el conjunto del Estado, los costes de personal suponen en torno al 25% de todo el gasto público no financiero. El hecho de que en las autonomías el peso sea mucho mayor responde, en buena parte, a que los dos servicios públicos con más mano de obra -la sanidad y la educación públicas- dependen de las administraciones regionales. Durante los últimos, tras el pasajero ajuste que impuso la crisis, las autonomías han vuelto a engordar sus plantillas. En el último quinquenio, los gobiernos regionales han sumado otros 230.000 efectivos.